Por Katherine Angueira Navarro –
La falta de voluntad política abre camino a la impunidad ante la falta de transparencia. La reciente pugna en el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) sobre los contratos jugosos de alquiler de los edificios que albergan la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y el Tribunal Apelativo (TA) en Hato Rey así lo demuestra. Lamentablemente, la dinámica que se suscita parece dibujar un mismo cuadro en que se esfuman las diferencias partidistas, cuando del manejo de intereses económicos se trata.
En septiembre de 2003 la inauguración pomposa dirigida por el entonces juez presidente José A. Andreu García, la gobernadora Sila María Calderón y las juezas Dolores ‘Maggie’ Oronoz y Mercedes Bauermeister, fue el pie forzado para publicar en la radio, la investigación que realizamos al respecto. Nueve años tardó la Oficina de la Contralora para publicar los informes de rigor, referidos al Departamento de Justicia bajo la incumbencia del gobernador Luis Fortuño y el entonces Secretario de Justicia Guillermo Somoza (DA-12-52 y 53, marzo 2012). Tras dos años y medios, al descubrir que posiblemente no hubo subasta al otorgarse contratos de arrendamiento con OAT (DA-12-52, Ibid, p.16), el juez asociado del TSPR Luis Estrella choca de frente con la jueza presidenta Liana Fiol Matta, exigiendo información en torno la composición de la Junta de Subastas. Veamos los hechos en su contexto.
Bajo el gobierno del Dr. Pedro Rosselló González (1992-2000) y la alcaldesa de San Juan, Sila María Calderón (1996-2000) existía una controversia sobre un proyecto propuesto para construir un centro comercial en los predios en que hoy se encuentra OAT y TA. La disputa aparentemente se resuelve cuando Cesar Cortés García, Cecort Properties & Services Corp., acuerda con la Administración de Tribunales redirigir el uso de dichos terrenos para uso de la Rama Judicial.
El 22 de mayo de 1998 se firmó la Opción de Compra por la suma de $250,000 entre Cleofé Rubí González, Mora Development Corp., quien propone vender el terreno para construir los edificios de OAT y TA a Cesar Cortés, Cecort Properties, Corp. El 10 de julio de 1998, se radica la Consulta de Conformidad con el Reglamento de ARPE para el proyecto propuesto a realizarse por el Arquitecto Antonio Suárez García. Este fue denegado el 10 de septiembre de 1998 por incumplir con Zona R-5. Por otra parte, el terreno en cuestión se encontraba en zona inundable (II) según se hace constar en comunicaciones del 6 septiembre de 2001, 16 de mayo de 2002 y 4 de octubre de 2002 del Departamento de Recursos Naturales. No obstante, el 7 de octubre de 2002 ARPE expide la Notificación de Aprobación de Permiso de Construcción. Dicho cuestionamiento se intercala con la solicitud de permiso ante la Junta de Planificación, Oficina del Gobernador, que finalmente el 7 de diciembre de 1999 otorga su aprobación al proyecto. A pesar de que Municipio de San Juan bajo la incumbencia de la entonces alcaldesa Sila María Calderón recurrió ante el Tribunal para oponerse a la aprobación otorgada por la Junta de planificación el 10 de julio de 1998 a un centro comercial propuesto en tres predios, posteriormente se allanó a la propuesta de la construcción de OAT y TA por alegadamente cumplir con el Plan de Usos de Terrenos de la Zona Metropolitana de San Juan al ubicarse en ‘Zona de Redesarrollo’. (Consulta 98-17-0049-JPU, Resolución 7 de diciembre de 1999, Gobierno de Puerto Rico, Junta de Planificación).
Cecort Properties Corp. finalmente adquiere la propiedad de Mora Development según consta en escritura número 11 del 15 de mayo de 2000 (Escritura Veinticinco, Segregación, Compraventa y Liberación, 29 junio 2001, p. 3). No obstante, la jueza administradora Mercedes Bauermeister, ya para el 14 de abril de 2000 había firmado el contrato de arrendamiento, no con Mora Development, sino con Cesar Cortés Garcia, Presidente de Cecort Properties & Services. Ya bajo la incumbencia de la gobernadora, Sila María Calderón, para el 29 de junio de 2001 se formaliza la Escritura para venderse la propiedad aparentemente en familia, entre Cecort Properties & Services, en dicho momento representado por el vice-presidente José Augusto Cortés Matos, a Cecort Realty Development presidida por José Augusto Cortés García. La compraventa se hizo por un total de $3,903,000 por la Parcela Segr
egada y $3,260,000 por el Remanente. (Contrato de Compraventa, 29 junio 2001, p.6). No obstante, la enmienda al contrato firmada el 22 de julio de 2003 con OAT por la administradora Mercedes Bauermeister se hizo nuevamente con Cecort Properties & Services. Aproximadamente dos años más tarde, se inauguran los edificios de OAT y TA. (Continuará).
El juez asociado Luis Estrella Martínez envió una carta en la que hizo planteamientos fuertes sobre usurpación de poderes
El intercambio epistolar entre el juez asociado Luis Estrella Martínez y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, continuó hoy, viernes, con una carta en la que el togado hizo planteamientos fuertes sobre usurpación de poderes del pleno del alto foro en el contexto del proceso de subastas de la Administración de los Tribunales.
En la misiva de dos páginas, que Estrella Martínez divulgó a la prensa, también arremetió contra el exjuez presidente Federico Hernández Denton y la saliente administradora de los tribunales, Sonia Ivette Vélez Colón.
Al iniciar la carta, el juez asociado agradece a Fiol Matta «que finalmente haya cumplido parcialmente con mi requerimiento de documentos públicos, ya que el deber de acreditarme la existencia de los mismos recae en usted como la principal cabeza de la administración de la rama».
Luego de esa primera oración, Estrella Martínez se queja de que la jueza presidenta, no cumpliera con todas sus peticiones.
«Lamento que no haya podido producir las Resoluciones correspondientes a la aprobación y enmiendas al Reglamento de la Junta de Subastas y que, en su defecto, provea la evidencia de que el poder constitucional de reglamentar fue usurpado por pasados funcionarios», sostiene el juez.
«También resulta preocupante que la designación del representante del Tribunal Supremo, dispuesto en el Reglamento de la Junta de Subastas, fue realizada unilateralmente por el pasado Juez Presidente y la Directora de OAT, Sonia Ivette Vélez Colón, en lugar del Pleno del Tribunal Supremo», agregó.
En su primera carta, cuyo asunto era “posibles irregularidades e incumplimiento con Reglamento de Subasta por parte de la Oficina de Administración de los Tribunales”, Estrella Martínez solicitó copia de la resolución del pleno del Tribunal Supremo aprobando el Reglamento de Subastas vigente, sugirió que se aumentara el número de miembros de la Junta de Subastas y que se elaborara un nuevo Reglamento de Subastas.
Pidió también el nombre del miembro del Tribunal Supremo que pertenece a la Junta de Subastas, amparado en señalamientos previos, realizados por auditorías de la Oficina de la Contralora.
«Resulta desafortunado que usted no haya acogido mi recomendación de iniciar un proceso de aprobación de un nuevo Reglamento de la Junta de Subastas que incorpore las recomendaciones de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y que contribuya a evitar que se repitan nuevamente los hallazgos detectados en Informes de Auditoría de las operaciones de la Junta de Subastas», argumentó el juez ante la negativa de Fiol Matta de acoger su petición para un nuevo reglamento.
Estrella Martínez, además, recomendó a Fiol Matta que cuelgue en el domicilio de la rama judicial los documentos que recibió y las certificaciones que acreditan la existencia o inexistencia de los otros documentos públicos que solicitó y no recibió.
«Ciertamente, usted no es responsable de las omisiones y violaciones al Reglamento de Subastas y al poder de reglamentación que confiere la Constitución de Puerto Rico al Pleno del Tribunal Supremo. Pero sí tiene la responsabilidad de no perpetuarlas», acotó el juez asociado.
«Es por ello que le solicito formalmente que en su carácter de Jueza Presidenta refiera estos documentos y hallazgos a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, al Departamento de Justicia estatal y federal», añadió.
Contrario a las dos cartas previas, Estrella Martínez no envió copia de esta misiva a la contralora Yesmín Valdivieso, ni a Carlos Cases, director del Negociado Federal de Investigaciones en la Isla.
Tampoco divulgó el nombre del miembro del Supremo que pertenece a la Junta de Subasta.
Antes de entregar los documentos al juez Estrella Martínez, Fiol Matta le había enviado una carta al juez en la que se expresó sorprendida por la misiva y defendió la gestión de la Oficina de la Administración de los Tribunales ante los señalamientos de la Oficina de la Contralor.
«Me sorprende sobremanera la comunicación que circuló hoy donde implica irregularidades y fallas administrativas en la Oficina de la Administración de Tribunales, ya que en ningún momento se acercó para obtener los datos correctos sobre sus alegaciones. A la vez, me informa que simultáneamente entregó copia de su comunicación a los medios de comunicación y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI). Con esta actuación, lamentable, insta una campaña injustificada de desacreditación a la Rama Judicial», expresó Fiol Matta en ese momento.
Con este intercambio de misivas, volvieron a brotar las diferencias y la lucha de poder que existe entre la mayoría de los togados, compuesta por los jueces nombrados en gobiernos dominados por el Partido Nuevo Progresista y la minoría, compuesta por las juezas nombradas bajo administraciones encabezadas por el Partido Popular Democrático.
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