En otra decisión adversa para el Departamento de Hacienda en el caso de Doral Bank, el Tribunal Superior de San Juan denegó la Moción de Determinaciones de Hechos Adicionales, Enmiendas a Determinaciones Iniciales y Reconsideración de la Sentencia del Estado, y le ordenó pagarle al banco los gastos del litigio.

Ante dicha resolución, Hacienda tiene 60 días para radicar ante el Tribunal de Apelaciones u optar por sentarse a negociar con Doral Financial Corporation (DRL:NYSE). El pasado 29 de octubre la juez superior Laureana Pérez reconoció como válido un acuerdo contributivo por $229 millones a favor del banco.

El abogado de Doral, Ramón Rosario, hizo nuevamente un llamado a la ex secretaria de Hacienda y actual presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, y al Gobierno de Puerto Rico para que se sienten a negociar y busquen una alternativa de colaboración donde ambas partes salgan favorecidas. “Hacemos nuevamente un llamado al Estado para que nos sentemos a negociar. Queremos trabajar en colaboración con el gobierno y atender los intereses de ambas partes sin que nadie salga afectado”, indicó Rosario.

Por su parte, la Secretaria Interina de Hacienda, Karolee García Figueroa, expresó que “tal y como hemos expresado anteriormente en este caso, continuaremos con el proceso de apelación para seguir nuestra defensa de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico en la reclamación de Doral contra el Gobierno”.

El acuerdo en controversia se remonta al 2012 y Acosta Febo lo había anulado hace casi seis meses al considerarlo inválido, pero en el caso judicial iniciado por Doral, el gobierno no pudo demostrar su alegación de falseamiento de hechos sobre lo acordado, conforme a lo establecido en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico.
La orden del tribunal permitirá que se honre el reintegro de $229 millones, mediante el pago anual -por cinco años- de $45 millones. Rosario recordó que la orden establece que Hacienda deberá comenzar con el pago en este año fiscal que vence el 30 de junio de 2015.

Durante una teleconferencia la semana pasada con inversionistas, el gobierno admitió que no tiene presupuestado el pago para Doral, lo cual podría agravar más la liquidez del fondo general, cuyas proyecciones de recaudos se han quedado cortas.

Entre las opciones de negociación que han sido planteadas por Rosario, figura modificar la cuantía y el método de pagos correspondiente al reintegro contributivo.

“Estamos dispuestos a sentarnos con Hacienda e intentar llegar a un acuerdo que atienda el interés de Doral y la situación de la dependencia gubernamental en términos fiscales. Aunque ganamos por segunda ocasión en el foro judicial, como quiera estamos dispuestos hasta ir a Hacienda y poder modificar la cuantía y métodos de pago sin afectar ninguna de las partes”, sostuvo Rosario.

Desde el principio de la controversia y antes de presentarse la demanda estuvo planteada la intención de alcanzar un acuerdo pero nunca se concretó. El 8 de septiembre ambas partes estuvieron a punto de llegar a un entendido que le permitiría a Doral vender a terceros los derechos de deducciones, pero no se logró debido a un tecnicismo que le impedía Hacienda concretarlo, por lo cual se interrumpió la negociación.

En foros locales e internacionales ha prevalecido la discusión en torno al efecto de continuar el proceso legal, el cual analistas entienden lleva un mensaje al sector inversor de que Puerto Rico no cumple con sus obligaciones.

Doral Bank, que tras la anulación del acuerdo ha perdido un alto porcentaje de su valor, en las últimas jornadas bursátiles experimentó una leve mejoría. Ayer, al cierre del mercado, sus títulos estaban en $5.60, equivalente a un alza de 6.66%. En las últimas 52 semanas sus acciones han fluctuado entre $1.87 y $19.00. Doral cuenta en la Isla con 22 sucursales, generando alrededor de 1,000 empleos directos.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.