‘El que hace la ley, hace la trampa.’ Un tsunami se acerca a la orilla de la vida acomodada de algunos(as) jueces con el potencial de revolcar su palabra, derrumbando su frágil casa protectora de naipes. Ya no se trata de una ‘golondrina’ de menor categoría en un tribunal aislado en la isla. La cúpula del poder judicial se las juega. Las tácticas para circunvalar la ley se ponen al descubierto. La credibilidad del exjuez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), José Andreu García está en entredicho. Los documentos hablan por si solos. El jugoso contrato de alquiler para un tribunal en Bayamón de $481,493.57 mensuales, $5,777,923 anuales o cerca de $120 millones en 20 años nubla la razón de lo que debe ser la sana administración, libre de posibles influencias indebidas. Veamos.
El 2 de enero de 2003, bajo la presidencia de Andreu García, se firmó el Contrato de Promesa de Arrendamiento de Inmueble para Salones de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores en Bayamón (Núm 2003-000193), entre la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) y el Presidente de Desarrollos Dos Hermanos, Inc., (Desarrollos) Stephen Dávila Altieri, hermano de la jueza Georgina Dávila Altieri y presuntos sobrinos del juez asociado retirado del TSPR, Carlos Dávila. “Desarrollos certifica que bajo pena de nulidad absoluto, ningún funcionario o empleado de la Rama Judicial es parte o tiene algún interés en las ganancias o beneficios producto u objeto de este contrato, y de ser parte o tener el interés antes indicado, ha mediado una dispensa previa.” (p. 7).
El 30 de enero de 2004 se formalizó dicho contrato de arrendamiento número 2004-000203, entre Mercedes Bauermeister (Directora de OAT) y Stephen Dávila Altieri, Presidente, Desarrollo Dos Hermanos. Se hace formar parte copia de la dispensa “otorgada a Georgina Dávila Altieri, juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, accionista de Desarrollo Dos Hermanos, Inc.” (Inciso 8, p. 27). En una jeringonza contradictoria, que se supone vele por el interés público sin que medie influencias indebidas hace constar que “ninguno de sus accionistas”….“son empleados de ningún departamento, agencia o instrumentalizad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”…. “excepto en el caso de Georgina Dávila Altieri, Juez Superior, quien cuenta con una dispensa de José A Andreu García, juez presidente el 5 de marzo de 2003.” (p. 27). ¿De qué vale expresar que “bajo penalidad de nulidad absoluta, ningún funcionario o empleado de la Rama Judicial es parte (ha sido parte) o tiene (ha tenido) algún interés en las ganancias o beneficios producto u objeto de este contrato, y de ser parte o tener el interés antes indicado”, si se zapatean con una dispensa como pase?
El 19 de octubre de 2003, DDH contrató a F & R Contractors, Corp (F & R) (Enmiendas al Contrato, 7 julio 2004, p. 2). No obstante, con el cambio de la presiden
cia del TSPR y en la dirección de OAT, el 10 de marzo de 2004 se “requirió la paralización de las obras para tener una oportunidad de examinar con mayor detenimiento los supuestos económicos” (Ibid, p. 2). Como resultado se elaboró otro entuerto para “mayor beneficio para la Rama Judicial y el pueblo de Puerto Rico”, (Ibid). “DDH ha vendido a VICAR la propiedad del solar”,…. “ha cedido sus derechos y obligaciones en su contrato de construcción con F & R” …. “DDH ha cedido sus derechos y obligaciones como arrendadora de la OAT”, (Ibid, Clausula Sexta, Incisos, a, b, c). Bajo la presidencia de. Miriam Naveira de Rondón, se baja el canón de arrendamiento diez centavos el pie cuadrado, rebajándose el canón mensual a $479,544,20. Además redujo de 15% a 10% el aumento del canon al renovarse el contrato al cabo de 10 años. De mayor trascendencia, se enmendó el contrato para que al cabo de 30 años de arrendamiento se transfiera su titularidad a OAT (Ibid, Clausula Dieciocho, p. 8). Todas estas enmiendas se hacen en función de escudar a la jueza Georgina Dávila Altieri, eliminando la mención de su dispensa (p. 11).
Al no extirparse de raíz el proyecto completo, éste entuerto “correctivo” deja un mal sabor. ¿El subterfugio de vender el solar y su proyecto a otra corporación, VICAR, salva el pecado original del evidente conflicto de interés económico de la jueza Dávila Altieri? ¿Cuánto ganó la jueza Dávila Altieri en la venta de la propiedad a VICAR para que procediera con el proyecto del tribunal o hizo un donativo?
Corrupción judicial
La saga de la construcción y subsiguiente arrendamiento, sin subasta, a 20 años por $129 millones del edificio que alberga las Salas de Menores y Familia del Tribunal de Primera Instancia en Bayamón explica mucho sobre el germen de la corrupción en la Rama Judicial.
Según documentos en poder de El Vocero, el ex juez presidente del Tribunal Supremo José Andreu García firmó en el 2003 una dispensa para viabilizar el contrato de arrendamiento y autorizó el canon que benefició económicamente por millones de dólares a una jueza en funciones, Georgina Dávila Altieri, a pesar de la advertencia por escrito de la Oficina de Auditoría de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) de que “no se debe conceder la dispensa que solicitó la jueza Dávila Altieri por conflicto con los cánones de ética judicial y las normas de conducta que se esperan de un juez.”
Según documentos en poder de El Vocero, la ex jueza presidenta del Tribunal Supremo Myriam Naveira Merly—bajo cuya incumbencia se firmó y otorgó el millonario contrato de arrendamiento—recibió un memorando de la OAT en que se advierte que “tales hechos incontrovertidos sugieren la posibilidad perturbadora de que fuese la propia jueza con el conocimiento adquirido en virtud de su puesto y de sus funciones sobre planes o necesidades del tribunal en el que ella se desempeña la que directa o indirectamente pusiera la existencia y disponibilidad de la propiedad de su corporación en conocimiento de la Directora Administrativa de los Tribunales. Si así fuese ella estaría incurriendo en la conducta proscrita en…el Canon XXI.”
Según el Alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera, en entrevista con El Vocero, comentando sobre una alternativa que había ofrecido el municipio de Bayamón para la localización del edificio, el ex juez presidente del Tribunal Supremo Federico “Hernández Denton dijo que la idea que le dimos era superior a la de construirlo allá arriba. El trató, pero aparentemente ya estaba todo firmado. Pero, él intentó ver si podía traerse el proyecto para acá.”
José Andreu García, Myriam Naveira Merly, Federico Hernández Denton. Tres jueces presidentes. Mercedes Bauermeister, Lirio Bernal, Sonia Ivette Vélez. Tres Directoras Administrativas de los Tribunales. Todos supieron. Una investigó. Ninguno hizo nada. Ninguno denunció. Ninguno señaló. Ninguno refirió.
Y todavía algún ingenuo se pregunta cómo es que “de repente” están saliendo todos estos casos de corrupción en la judicatura que ha denunciado El Vocero…”si aquí nunca había pasado nada…”.
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