Además de adoptar un Impuesto de Valor Agregado (IVA), la reforma contributiva despachada selectivamente y a cuentagotas, evalúa eliminar gran parte de las deducciones por gastos, cambiar la deducción de los intereses hipotecarios por un crédito, reducir impuestos sobre individuos y corporaciones, y en el caso de la ley 154 sobre empresas foráneas, modificarla o cambiarla si no se logra un pronunciamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Para poder alcanzar esas metas, el Departamento de Hacienda requiere una amplia reorganización.
Eso es lo que se desprende de un análisis realizado por EL VOCERO, sobre la información que consta en un informe al que se logró acceso y en el que se recogen las observaciones generales del Proyecto de Reforma Contributiva de Puerto Rico, fechado el 27 de octubre de 2014. En este se aclara que ¨los datos incluidos son solamente para fines de discusión, sujeto a revisión¨, y que es parte del ¨trabajo en proceso¨.
No obstante, sostiene que ya comenzó la redacción del borrador sobre el proyecto que el gobierno espera tener aprobado en el primer trimestre de 2015 y que recogerá principalmente ¨legislación relacionada con el impuesto al consumo, impuesto sobre la renta individual, impuesto de sociedades (internas y entrantes) y los impuestos sobre la propiedad¨.
Se trata de parte de las recomendaciones de la firma KPMG, contratada por $3.5 millones y cuyo documento el gobierno no ha querido hacerlo público a pesar del reclamo de la prensa, economistas y políticos. La semana pasada la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y la economista y periodista Luisa García Pelatti del portal Sin Comillas, acudieron al tribunal en reclamo del documento, por tener un fin público y ser pagado con fondos del erario.
Aunque distintos sectores y los legisladores de la mayoría del Partido Popular Democrático alegan desconocer el informe, en el mismo se indica que ¨en este momento, cierto ajuste de la propuesta está teniendo lugar. Los resultados se están presentando al Comité Asesor nombrado por el gobernador, al gobernador y a los miembros de la legislatura¨.
También revela que parte de la elaboración ha conllevado sobre 40 reuniones con grupos, ¨entre estos la Asociación de Industriales, Cámara de Comercio, Asociación de Bancos, el Centro Unido de Detallistas y otros¨.
La firma KPMG recomendó utilizar un modelo de equilibrio general computable para elaborar la reforma, y en esencia, estima las variables de unas 90 sectores de producción (entre estos el consumo, exportaciones, importaciones, inversiones, insumos, gobierno, etcétera), así como el sistema tributario actual y la consideración de nuevos impuestos y los ingresos que serán impactados. No específica cuáles son los nuevos impuestos ni cuántos.
Como observación general menciona que la estructura de ingresos actual y el impuesto al consumo ¨son excesivamente complejos¨, mientras los recaudos por consumo y los ingresos por impuestos individuales están por debajo de otras jurisdicciones. Al comparar a Puerto Rico con otros 34 países indica el informe que la Isla tiene (en general) la relación más baja de impuestos como porciento del PIB.
En torno a las observaciones particulares sobre los ingresos, resalta que menos del 10% de los contribuyentes individuales son responsables de casi el 78% de los ingresos al fisco por los impuestos sobre la renta. Estos son aquellos cuyos ingresos están por encima de los $59,999 anuales.
También aclara que la gran cantidad de concesiones tributarias reducen la base tributable y eso provoca tasas más altas en la aspiración de lograr mayores recaudos, lo cual no se consigue.
Plantea que los impuestos actuales al consumo son altamente regresivos, que los ingresos de capital tienen una carga menor que el ingreso laboral y reitera que las concesiones tributarias producen ¨ineficiencia económica¨. Cuando compara la responsabilidad en el impuesto sobre la venta, el sector de ingresos hasta los $21,790 es el más gravado.
En las recomendaciones preliminares establece que cada impuesto sobre bienes y servicios incluirá ¨exenciones importantes para las pequeñas empresas y un alivio regresivo para las personas de bajos ingresos¨.
Habrá una reducción profunda en las tasas de impuesto a individuos y aumentos significativos en los niveles de exenciones de impuestos para solteros y parejas. Y se aumentará la base de imposiciones mediante la eliminación o ajuste de ciertos gastos tributables.
Por el lado de las corporaciones, tal y como ya se ha dicho, propone derogar la Patente Nacional y reducir las tasas de impuestos a empresas.
Una de las mayores transformaciones podría recibirla la Ley 154 que levanta una de las partidas más importantes de los recaudos. La vigencia de esta fuente de ingresos podría ser interrumpida indirectamente por el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, si no permite que las empresas estadounidenses reclamen un crédito federal por lo que tributan en Puerto Rico.
Como recientemente el gobernador Alejandro García Padilla y parte de su equipo económico se reunieron en Washington con funcionarios del Tesoro para hablarles al respecto y no lograron una reacción positiva, el informe se adelanta y propone que se considere sustituir la ley.
La Ley 73 de incentivos económicos u otras similares ¨pueden ayudar para atraer la entrada de inversión¨, se indica de manera escueta.
En el tema de la tributación sobre bienes inmuebles, destaca que es necesario optimizar la estructura actual de impuestos y ¨analizar alternativas a los impuestos sobre la propiedad para simplificar el sistema, a discusión con los alcaldes¨. No ofrece detalles.
El cambio por un IVA
Cuando aborda el tema de eliminar el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y crear un IVA, lo recomienda al tomar como base que el sistema actual ¨apenas capta un 56% del estimado de 65%¨ y con el cambio se pueden utilizar ¨las mejores prácticas globales¨ con la experiencia de 150 países que lo han adoptado.
¨Un sistema de IVA de base amplia con una tasa única y pocas exenciones minimizará los costos de cumplimiento y administración¨, indica el escrito, y agrega que igualmente permite que el recaudo de ingresos sea más pronto y haya menos riesgo de pérdida de ingresos totales.
Entre las característica del IVA incluye que no es un impuesto sobre los negocios, se aplica a la mayoría de bienes y servicios, y las empresas pueden reclamar créditos por lo que pague de este impuesto sobre gastos del negocios. Tributa sobre todos los bienes y servicios menos servicios financieros y vivienda residencial, entre otros.
En Latinoamérica, desde 1964 hasta el presente varios países han adoptado el IVA con tasas desde 7% en Panamá, 22% en Uruguay, hasta 35% en Brasil.
Las observaciones en los impuestos a individuos
Propone cambios en la tributación de personas, como cero contribución a los solteros con ingresos por debajo de los $30 mil, y cero contribución para los casados con ingresos por debajo de los $50 mil. La economía para los que están entre los $31 mil y $50 mil de salario, es de apenas $200 en el caso de los solteros, cantidad que ante la gran cantidad de nuevos impuestos y la proyección de un IVA, prácticamente se diluye.
Los demás, según aumenten sus salarios tributarán entre 1.91% hasta un 23.05%.
También cambiaría la deducción de los intereses hipotecarios por un crédito de los intereses pagados.
Sobre la categoría de impuestos por gastos para individuos, al presente hay 85 disposiciones y la pérdida global de ingresos supera los $1,138 millones, que es más
de la mitad de los ingresos individuales, por lo cual se cambiará significativamente. De hecho, se menciona que en 53 de las disposiciones apenas son reclamadas por menos de mil contribuyentes.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO Editor de la sección de Economía del periódico EL VOCERO.
Por una reforma contributiva transparente
Si algo debiera haberle enseñado a la administración y la Legislatura el tortuoso y aun inconcluso episodio de la crudita es que siempre vale más hablarle al Pueblo de frente y con la verdad.
La lección es pertinente ahora más que nunca que ambas ramas se embarcan en el proceso de darle forma a la tan cacareada reforma contributiva.
La administración debe poder tener la prerrogativa de mantener como asunto interno el estudio y deliberación de las alternativas que pueda estar considerando en el proceso de redactar un anteproyecto de reforma contributiva. Como cuestión práctica, si no la tuviera, probablemente nunca pudiera terminar el proceso, pues el mismo se vería torpedeado por la multiplicidad de intereses particulares encontrados.
Ahora bien, cuando el proyecto pase a la consideración de la Legislatura—donde los representantes del Pueblo debaten las leyes—la democracia demanda que éste se divulgue, se discuta y se analice con la mayor amplitud y con total transparencia. Después de todo, de lo que estamos hablando es del ordenamiento mediante el cual el gobierno nos quita nuestro dinero para sufragar sus operaciones. No es poca cosa.
Y el primer punto sobre el cual la administración debería ser transparente es el propósito mismo de la reforma. Portavoces han querido dar la impresión de que con la reforma contributiva se le va a aliviar la carga impositiva al Pueblo, cuando por otro lado, representantes del equipo fiscal han admitido que uno de los objetivos de la reforma es aumentar los recaudos unos $1,500 millones para subsanar la “insuficiencia” de recaudos que el gobierno confronta al presente. Si el gobierno insiste en aumentar recaudos—en lugar de reducir gastos, que es lo que tiene que hacer—alguien los tendrá que pagar, ¿no?
El análisis del documento interno del Departamento de Hacienda sobre los lineamientos generales de la reforma obtenido por El Vocero en exclusiva, nos da la clave: el impuesto sobre el valor agregado, o IVA, de cerca del doble del vigente IVU y el aumento en las contribuciones sobre la propiedad serán fuentes principales de mayores ingresos para el fisco.
Bajar las tasas de contribución sobre ingresos, tanto para los individuos como las corporaciones sería un paso en la dirección correcta; después de todo eso era precisamente lo que hacía la reforma contributiva legislada por la administración anterior y que la presenta administración derogó.
Dejarle en el bolsillo a la gente más del dinero que se gana con el sudor de su frente es una buena política contributiva, pues alienta el ánimo al trabajo y a la inversión productiva, que es precisamente lo que más Puerto Rico necesita.
Pero bajarles la contribución sobre ingreso por un lado y por el otro aumentarles la contribución sobre la propiedad, los impuestos al consumo, y otras contribuciones, por más de lo que van a bajar la contribución sobre ingreso sería una gran tomadura de pelo y una cruel ‘justicia contributiva’ a un Pueblo que no aguanta ni un impuesto más.
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