El Senado le otorgó a Pan American Grain (PAG) y a la Destilería Serrallés, el privilegio de dictar la última palabra en cuanto a cómo tributan los espíritus destilados, en una movida que – a juicio de otras compañías – ha promovido la competencia desleal, debido a que exime a las elaboradoras de cocteles de pagar por el «producto terminado», que resulta de la mezcla de otros sabores.

Este diario supo que algunos legisladores votaron por la medida, sin conocer que se habían agregado estas enmiendas a los tributos de los cocteles y al límite de producción de los vinos artesanales. Incluso, miembros del comité de conferencia, que firmaron el informe, no «tenían idea» de cómo esas enmiendas se habían colado en el proyecto, según comentaron bajo anonimato.

El Artículo 3 (Sección 17) de la Constitución de Puerto Rico dice que “ningún proyecto de ley será encomendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo”.

Sin embargo, el proyecto 1189 tuvo enmiendas a la Sección 5001.01 y 5021.04 de la Ley 1 de 2011, que nunca fueron discutidas en vistas públicas, y que de hecho no estaban contenidas en el entirillado aprobado originalmente por la Cámara de Representantes, el 6 de noviembre de este año. Fue en el comité de conferencia, que solicitó el Senado, que se agregaron alteraciones a la base contributiva de los cocteles y al límite de producción de los vinos subnormales o de frutas.

Los miembros de la comisión que incluyeron esas enmiendas lo hicieron en violación al propio reglamento del Senado que dice en la Regla 34, que en los informes de conferencia “no se enmendará ninguna materia sobre la cual no hubiere controversia, pudiéndose hacer solamente recomendaciones sobre aquellos asuntos en los cuales los Cuerpos no habían podido llegar a un acuerdo”.

Ese no fue el caso del proyecto 1189. Las enmiendas se incluyeron, sin justificación alguna, con la única advertencia de que el proyecto contenía “otras disposiciones contributivas” y “enmiendas técnicas” para aclarar ambigüedades. No podía haber controversia alguna sobre esas enmiendas porque ni tan siquiera existían previo al comité de conferencia.

El presidente de PAG, José González Freyre, indicó que las enmiendas solamente ayudan a aclarar la Ley para que aplique de igual forma a todo el mundo. Indicó que sus competidores han interpretado que la Ley 77 de 2014 supone que su compañía, productora de la marca Gasolina, tiene que pagar el arbitrio del coctel terminado, mientras un bartender paga arbitrio por la botella que está en su barra, en vez del coctel terminado. «Nosotros hacemos lo mismo. Pagamos el arbitrio de la botella de ron, y entonces los jugos no pagan. Las leyes hay que aplicarlas igual a todo el mundo. No pueden ser a unos sí y otros no», defendió.

La Ley 77 de 2014 define el término «producto terminado» para incluir no solo el alcohol como base tributable, sino «las diluciones y mezclas de dichas substancias».
El presidente de PAG indicó que no sabía si su compañía había participado en la redacción de las enmiendas porque no es quien «brega con eso», pero sí admitió que han enviado varias cartas a los legisladores «a través del tiempo», denunciando el lenguaje desigual.  «¿Entonces al bartender no le van a aplicar el arbitrio del coctel y a mí, sí? Esa teoría murió el día en que nació», ironizó el empresario, quien es un conocido donante del Partido Popular Democrático (PPD) quien se declaró culpable como parte del proceso federal mediante el que se enjuició sin éxito al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

«Cuando eso se le explicó a los legisladores lo vieron tan claro como el agua… No le puedes aplicar un impuesto a unos sí, y a otros no», agregó.

Con las enmiendas acordadas en comité de conferencia, finalmente, se favoreció la interpretación de González Freyre, sin el consentimiento de Hacienda. La portavoz de prensa de la agencia indicó a NotiCel que el proyecto es el resultado de unas enmiendas que habían sometido, pero «en el proceso de discusión legislativa se incorporaron otros asuntos a la medida originalmente presentada».  Aún no han analizado el efecto que tendría en los recaudos de este año fiscal.

El Artículo 24 del proyecto lee que el tipo y la base contributiva a pagar sobre los cocteles solo incluirá el contenido de los espíritus destilados utilizados en la fabricación del coctel excluyendo otros contenidos, tales como jugos de frutas, gaseosas, especias y otros sabores utilizados en la mezcla.

Fuentes de este diario aseguraron que al pagar el impuesto sobre la base más pequeña de “Producto Importado”, en vez de pagar sobre la base de su “Producto Final”, González Freyre evadió millones en contribuciones pagaderas a Hacienda.

Al preguntarle a Hacienda si había alguna elaboradora de cocteles bajo investigación por evasión contributiva, o si la agencia había referido a Justicia a aquellas compañías que tributaban por el producto importado, en lugar del producto terminado, la agencia se limitó a responder que esta información está protegida por la Carta de Derechos del Contribuyente. Sin embargp, dicho estatuto se limita a proteger la información individual de los contribuyentes y no aplica a las acciones que la agencia puede tomar por política pública.

El proyecto 1189 aguarda por la firma del Gobernador, luego de haber sido aprobado en ambos cuerpos. El senador Rafael Nadal Power, presidente de la Comisión de Hacienda, no estuvo disponible para comentar.

Este diario contactó también a la compañía Serrallés, pero no estuvieron disponibles. La portavoz de prensa preguntó con qué otras compañías NotiCel había hablado, pero no ofreció declaraciones. Pese a que la destilería es productora de ron, este diario supo que se le permitió llegar a un acuerdo con PAG, en la elaboración de las enmiendas. El único beneficio que pudiera obtener Serrallés, es si la compañía piensa incursionar en la categoría de cocteles con un nuevo producto.

Las enmiendas incorporadas al proyecto 1189 pretendían aclarar ciertas «ambigüedades» sobre las disposiciones impositivas, que habían provocado desacuerdos entre el presidente de PAG y el Departamento de Hacienda en cuanto a la base contributiva.

El 9 de septiembre de 2014, la entonces secretaria de Hacienda, Melba Acosta, había reiterado mediante Determinación Administrativa 14-21 que la base sobre la cual se tributaba debía ser cada galón de «Producto Terminado” sin importar el alcohol por volumen de dicho espíritu. El impuesto para espíritus destilados derivados de la caña es de $15.12 por galón.

Sin embargo, González Freyre dijo al diario Metro en octubre, que a los cócteles no les aplicaba esa disposición, “lo que tributa es el espíritu destilado, el vino que usas o el licor de marca que uses” que paga $15.12 por galón del ron importado a Puerto Rico y no por el “Producto Final”.

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Impugnan subasta que se llevó donante político convicto en Educación

Por: Laura M. Quintero
Publicado: 20/10/2014 08:55 am

La empresa Pan American Properties enfrentó un proceso de impugnación por parte de otra empresa ante la Junta de Revisión de Subastas del Departamento de Educación (DE), dado a que el Estado supuestamente incurrió en violación de la Ley 458, al registrarla como licitador y otorgarle preferencia, pese a que su dueño, José González Freyre, se declaró culpable, en 2009, por delitos que pueden ser interpretados como equivalentes a fraude.

José González Freyre (Archivo/NotiCel)

Las impugnaciones que hizo Campo Fresco, en septiembre, revelan la influencia que tiene González Freyre dentro del Gobierno dado a que las alegaciones tocan a tres agencias que violaron sus propios reglamentos: la Administración de Servicios Generales (ASG), que incluyó a la compañía en el Registro Único de Licitadores; la Compañía de Fomento Industrial, que le adjudicó un 10% de preferencia del precio licitado; y el Departamento de Educación, que finalmente le otorgó la subasta.

Pan American Properties (PAP) participó indirectamente de la subasta de comedores escolares para los jugos de manzana, frutas y china, realizada el 26 de agosto de este año.  La subasta fue adjudicada a José Santiago Inc., una empresa de distribución de alimentos, que licitó ofreciendo un producto manufacturado por PAP.  El contrato con el DE totaliza cerca de $5 millones anuales por el precio final de $13.28 por caja.  Este precio reflejó una disminución de 10% para ventaja de la empresa local, luego de aplicada la transferencia del Certificado de Preferencia que le hizo PAP a José Santiago Inc.

González Freyre indicó a este diario que su compañía siempre va a las subastas locales a través de José Santiago hace más de 20 años.  «Lo único que producimos es un producto, y a ellos se le hace más fácil la distribución que a nosotros porque le entregan a los comederos 20, 30 y 50 productos», argumentó.

Las alegaciones de la contraparte, Campo Fresco, es que PAP utilizó a la empresa de distribución como subterfugio para poder participar de la subasta, que supuestamente le estaba impedida por el Artículo 3 de la Ley 458 de 2000, en el que se prohibe que se adjudiquen subastas gubernamentales a cualquier persona natural o jurídica que se haya declarado culpable por fraude, o «por los delitos cuyos elementos constitutivos sean equivalentes».  En el Artículo 5 se otorga una sanción mínima de ocho años, con la que se le impide participar de licitaciones.

González Freyre se declaró culpable ante la Corte Federal durante el caso contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá por hacer declaraciones falsas a las autoridades federales, en violación de la disposición 18 del código de Estados Unidos, Sección 1001.  La objeción de Campofresco consiste en que ese delito tiene el fraude entre sus elementos constitutivos, según definido por el Tribunal Supremo.

«Es una solicitud frívola. Primero, el delito del cual me declaré culpable no es un delito de fraude porque yo no he defraudado a nadie.  Segundo, no somos quienes estamos yendo a la subasta. Nada de lo que alegan es cierto», reaccionó González Freyre vía telefónica.  Recordó que la preferencia se emitió durante el cuatrienio pasado, en 2009.  «Ellos son los que cualifican al suplidor.  Ya ellos pasaron juicio sobre esto», comentó.

Para haber obtenido la preferencia, PAP tuvo que prestar una declaración jurada, ante la ASG en el cual afirma que no ha sido declarado culpable de delito constitutivo de fraude.

La Junta de Revisión de Subastas del DE falló en contra de la solicitud que hiciera Campofresco.  La Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña (JIIP) bajo la Compañía de Fomento Industrial aún no ha actuado sobre la solicitud de revocación de preferencia, ni tampoco ha actuado la ASG en relación a la solicitud de suspensión del Registro Único de Licitadores a PAP.

La impugnación revela otras irregularidades en la otorgación de la subasta, dado a que el certificado de inspección del Departamento de Agricultura Federal fue otorgado a PAP y no al licitador, José Santiago Inc.; el Certificado de preferencia otorgado por la JIIP, no declara el producto que es objeto de la subasta de comedores escolares; y ese certificado fue transferido por PAP a Kenneth Agnew, representante de ventas de la compañía, en lugar de al licitador directamente, según la versión que da Campofresco.

La presidenta de la JIIP, la licenciada Stella Molina, confirmó que la querella de Campofresco está bajo la evaluación de un oficial examinador, por lo cual no podía emitir comentarios.

La disputa contra PAP pudiera llegar al Tribunal de Apelaciones, en caso de que los organismos de la rama ejecutiva denieguen la solicitud de revocación, un hecho que González Freyre ha catalogado como frívolo porque «al final del día, fuimos el mejor postor».  La cotización de José Santiago representaba $268,000 en ahorros, en comparación con la de Campofresco, una vez se incluyó la preferencia que le transfirió PAP.  La transferencia está protegida por la Ley.

González Freyre ha expresado públicamente que su compañía interesa adquirir las plantas procesadoras de pollo Canto Alegre y Picú si se propicia «un ambiente favorable».  El 30 de diciembre de 2013, el Gobernador Alejandro García Padilla firmó la Ley 179, que prohibe que se venda como fresca la carne de pollo que ha sido congelada.

Equipo fiscal de AGP esquiva reclamo de transparencia

Por: Ely Acevedo Denis
Publicado: 08/12/2014 03:33 pm

El reclamo por el acceso al informe preparado por la firma KPMG para elabrorar la Reofrma Contributiva alcanzó a miembros de la Rama Ejecutiva y del Comité creado por el gobernador Alejandro García Padilla para manejar los cambios al sistema contributivo durante un foro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados el pasado viernes.

Desde la izq; la presidenta del BGF, Melba Acosta, junto al secretario de Hacienda, Juan Zaragoza (Josian Bruno/Archivo NotiCel)

De un lado, el director ejecutivo del Comité de Reforma Contributiva, Juan Flores Galarza, afirmó que “como mencionaron los oficiales del Gobierno, el informe va a ser público en algún momento dado, pero todavía se está en el proceso decisional’’.

Según el también exsecretario del Departamento de Hacienda el informe de KPMG debe pasar por el crisol de los miembros del Comité, quienes le rendirán un informe con recomendaciones finales al Primer Mandatario. Mientras, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, aseguró que dilatar el acceso al informe de KPMG no es con el fin de “esconder nada”, sino que primero se tienen que seguir ciertos pasos antes de divulgarlo.

Hasta la semana pasada, NotiCel solo había tenido acceso a un documento de trabajo interno del Departamento de Hacienda, que fue presentado oficialmente el pasado viernes por el nuevo secretario, Juan Zaragoza Gómez, pero no así el informe de KPMG.

La semana pasada la presidenta de Sin Comillas, Luisa García Pelatti, con el apoyo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), demandó al Gobierno para exigir el acceso al informe de KPMG.

El contrato firmado con KPMG para confeccionar la reforma fue por alrededor de $4 millones.

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Por: CyberNews
Publicado: 04/12/2014 03:31 pm

El gobernador Alejandro García Padilla dijo hoy jueves que “está evaluando” las demandas hechas por gremios periodísticos a los efectos de hacer accesible información de carácter público que se genera desde las distintas agencias de gobierno.

Alejandro García Padilla (Josian Bruno/Archivo NotiCel)

“Estamos evaluándolo…Estamos evaluándolo todo”, dijo escuetamente García Padilla en un aparte con periodistas durante la actividad denominada Ni Una Bala Más.

Las declaraciones del Gobernador surgieron apenas minutos después de que el presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), Rafael Lenín López, radicara en el Tribunal de San Juan un recurso de mandamus exigiéndole al Secretario de Hacienda y al Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que divulguen información de interés público que se niegan a revelar.

El pasado 10 de noviembre, García Padilla supuestamente ordenó por escrito a sus jefes de agencia y respectivos directivos de prensa a hacer disponible a los medios de comunicación que así lo soliciten, toda información que pueda generarse desde las agencias. No obstante, la orden del gobernador parece no haber recibido la atención necesaria de parte de los jefes de agencia y/o sus oficiales de prensa en la medida en que casi un mes después periodistas se han visto obligados a recurrir al Tribunal en busca de un remedio judicial.

Por su parte, el asesor de Asuntos Públicos del gobernador, Jorge Colberg Toro, ha señalado en reiteradas ocasiones que la política pública del Estado es que los documentos habrán de hacerse públicos inmediatamente, excepto cuando se trate de “documentos de trabajo” dirigidos al diseño de política pública. En particular, el funcionario se refería al alegado informe de la firma  estadounidense KPMG, que supuestamente sienta las bases para la anunciada Reforma Contributiva. Según Colberg, tan pronto el Ejecutivo termine con el diseño de la Reforma Contributiva, entonces se hará disponible el controvertido informe.

No obstante, la controversia puede llegar a convertirse en nula tan temprano como al finalizar la presente sesión extraordinaria de la Legislatura, porque una de las enmiendas introducida por la delegación del Partido Nuevo Progresista al proyecto de ley que impondría un aumento al impuesto sobre el barril de petróleo, establece que no más tarde del 15 de diciembre próximo, el informe de KPMG debe darse a conocer a través de los portales cibernéticos del Departamento de Hacienda, la Cámara de Representantes y otros. Así pues, aprobada “la crudita”, el informe de la compañía estadounidense debería estar publicado en o antes del 15 de diciembre.

Periodistas demandan al Gobierno por su falta de transparencia (documentos)

Por: Laura M. Quintero
Publicado: 04/12/2014 12:24 pm | Actualizado: 06/12/2014 09:09 am

Como un último recurso para que el Gobierno entregue información financiera de interés público, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el medio digital Sin Comillas radicaron el jueves una demanda contra el Secretario de Hacienda y el Comisionado de Instituciones Financieras, quienes se han negado a divulgar información que afecta la vida de puertorriqueños y puertorriqueñas.

Frank Torres, Rafael Lenín López y Luisa García. (Josian Bruno Gómez/Noticel)

Tanto el presidente de la Asppro, Rafael Lenín López, como la presidenta de Sin Comillas, Luisa García Pelatti, cuestionaron el doble discurso de la administración del gobernador Alejandro García Padilla, que ha sido enfática en la transparencia gubernamental mediante una orden ejecutiva, pero se ha negado a entregar documentos públicos de transacciones e informes financieros.

La demanda contra el Secretario de Hacienda sucede luego de que la periodista García Pelatti solicitara el 20 de noviembre de 2014 el informe de la firma KPMG sobre el sistema tributario del país, con relación a la Reforma Contributiva que se presentará el próximo año.  El secretario negó el acceso al documento al decir que se trataba de un borrador, sobre el cual no se han tomado decisiones finales.

El licenciado Frank Torres Viada explicó que el derecho del acceso a la información es un mandato Constitucional, por lo cual La Fortaleza, al negarse a la divulgación, ha emitido un memorando que «no tiene peso, ni validez alguna».

«No existe razón válida alguna para que el Estado pretenda mantener en secreto(…) una información que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, que fue pagada con fondos públicos y que es esencial para que el debate de las ideas tenga lugar antes de la toma de decisiones», expresó el licenciado.

García Pelatti explicó que es la primera vez en mucho tiempo que se hace un estudio del sistema contributivo del país, una información que resulta de interés público.  «Si no lo publican y la reforma contributiva se aprueba, ¿cómo vamos a saber que el IVA (​Impuesto sobre el Valor Agregado) que van a implantar es el mismo que recomendaron?» , cuestionó.

«Hay decisiones que se pueden tomar por decisiones políticas que no se sostienen en el análisis, y es importante saber por qué estamos tomando esta decisión… y saberlo ahora porque una vez se aprueba el proyecto, lo único que nos queda es el derecho al pataleo», agregó la periodista, experta en temas de economía.

Pese a que siempre han habido trabas con el acceso a documentación pública, García Pelatti destacó la ironía de que este Gobierno llegó hablando de transparencia, mediante la firma de una orden ejecutiva para la liberación de data de las agencias.  Dijo que aunque «se han logrado avances, todavía queda mucho por hacer».

En la tarde, la jueza Iris Cancio emitió una orden concediéndole cinco días al Departamento de Hacienda para comparecer y explicar por qué no debe concederse la solicitud de los demandantes.

Transacción UBS

La Asppro también radicó una solicitud de intervención en el pleito de clase contra la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) por negarse a divulgar información sobre el acuerdo al que llegó en octubre de este año, con UBS Financial Services (UBS) en el que esta última se comprometía a pagar $3,500,000 y ofrecía a restituir $1,681,742 a ciertos clientes, relacionados con Fondos Mutuos Cerrados.

La demanda original contra UBS fue radicada en agosto de 2012, por el presunto engaño del que fueron objeto los clientes de la firma, al invertir millones de dólares en un mercado artificial.

Tras el acuerdo al que llegó la firma con la OCIF, clientes como Ana De Jesús fueron obligados a firmar un documento so pena de desacato en que, en este caso, aceptaba la restitución de $20,000, cuando había sufrido pérdidas de hasta $60,000, según contó el licenciado Luis Miñana.

Lenín López mencionó que la emisión por parte de la OCIF de un comunicado de prensa el 9 de octubre de este año, «es el mejor y más claro indicio y reconocimiento de la naturaleza pública del asunto, objeto de la investigación de esa oficina».   Accesar los detalles de la transacción permitiría que los periodistas fiscalicen a la oficina y evaluen si fue un acuerdo razonable, que hace justicia a los consumidores, o si por el contrario, se intentó de beneficiar a UBS injustamente.

El presidente de la Asppro hizo, además, un llamado a los periodistas para que formalicen la solicitud de documentos mediante cartas a jefes de agencia con plazos para que los entreguen, y que si no cumplen acudan a la Asociación para acudir al foro judicial.

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icha orden, confirmada de boca a NotiCel, permanece igual de secreta que los documentos a los que se intenta aplicar.

El secretario de Asuntos Públicos, Jorge Colberg. (Josian Bruno/Archivo NotiCel)

Esto coloca a la Administración García Padilla al mismo nivel que la Administración Bush en cuanto a las limitaciones de acceso a la información, una movida mucho más grave en Puerto Rico porque aquí el derecho de acceso a la información es de rango constitucional y que opera como una presunción por lo que se supone que las dudas se resuelvan al revés de como dicta la nueva orden: se supone que las dudas se resuelvan a favor de la apertura.

Ante el reclamo público para que tanto el Ejecutivo como el Departamento de Hacienda divulgue el informe rendido a finales de octubre por la firma de consultores KPMG, la Fortaleza emitió una comunicación a los jefes de agencia y directores ejecutivos de las corporaciones públicas el pasado 10 de noviembre indicándoles que ,“en caso de que alguna agencia tenga duda sobre el particular, como en este caso, se solicite una opinión al Secretario de Justicia”, indicó la directora de Comunicaciones del Departamento de Hacienda, María Quintero Herencia.

“Dicha carta fue emitida por el secretario de Asuntos Públicos, Jorge Colberg Toro, y el secretario de Prensa, Jesús Manuel Ortiz, para comunicar a los Secretarios, Jefes de Agencia y Directores Ejecutivos de Corporaciones Públicas”, detalló Quintero Herencia.

Hasta el momento, La Fortaleza no ha provisto copia de la comunicación que emitieron a los jefes y directores ejecutivos. Al ser confrontado por este diario, Ortiz describió la carta como un “memo”, e indicó que tenía que verificar si el mismo podía ser divulgado.

Según Quintero Herencia, la consulta ya fue remitida al Departamento de Justicia ayer miércoles, un día después de que este diario insistiera nuevamente en el acceso al informe de KPMG.

En esa línea, Quintero Herencia, manifestó que, “el informe de KPMG sobre la Reforma Contributiva es aún un borrador o documento de trabajo sobre el cual no se han tomado decisiones finales, tal como hemos indicado anteriormente. Dado que aún dicho lo anterior se plantea una duda o controversia sobre si es o no un documento público, hemos solicitado al Secretario de Justicia una Opinión Consultiva sobre la pertinencia legal o no de la divulgación de la información solicitada”.

En el caso de Ligia M. Ortiz Rivera y otros peticionarios v. Mercedes M. Bauermeister, el Tribunal Supremo dictaminó que, “en la medida en que todo ciudadano tiene el derecho a inspeccionar cualquier documento público, el acto de denegar el acceso, por sí mismo, causa al solicitante un daño claro, palpable y real. Cuando el Estado injustificadamente impide al ciudadano inspeccionar un récord público, lesiona su derecho fundamental a estar informado. Derecho a su vez inherente y necesario para el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales de libertad de expresión, asociación y de pedir al gobierno reparación de agravios. Resulta claro entonces, que el ciudadano que no logra acceso a un documento público por razón de un reclamo de confidencialidad del Estado, tiene, cuando menos, legitimación activa para cuestionar la validez del obstáculo que se interpone al ejercicio de sus derechos constitucionales”.

La propia Constitución de Puerto Rico dispone que, “no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Más aun, la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, indica que los documentos que se originen, conserven o reciban en todas las dependencias del Gobierno en relación con el manejo de asuntos públicos, sobre transacciones o que tenga algún valor legal, son públicos.