De un lado, el director ejecutivo del Comité de Reforma Contributiva, Juan Flores Galarza, afirmó que “como mencionaron los oficiales del Gobierno, el informe va a ser público en algún momento dado, pero todavía se está en el proceso decisional’’.
Según el también exsecretario del Departamento de Hacienda el informe de KPMG debe pasar por el crisol de los miembros del Comité, quienes le rendirán un informe con recomendaciones finales al Primer Mandatario. Mientras, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, aseguró que dilatar el acceso al informe de KPMG no es con el fin de “esconder nada”, sino que primero se tienen que seguir ciertos pasos antes de divulgarlo.
Hasta la semana pasada, NotiCel solo había tenido acceso a un documento de trabajo interno del Departamento de Hacienda, que fue presentado oficialmente el pasado viernes por el nuevo secretario, Juan Zaragoza Gómez, pero no así el informe de KPMG.
La semana pasada la presidenta de Sin Comillas, Luisa García Pelatti, con el apoyo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), demandó al Gobierno para exigir el acceso al informe de KPMG.
El contrato firmado con KPMG para confeccionar la reforma fue por alrededor de $4 millones.
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Por: CyberNews
Publicado: 04/12/2014 03:31 pm
El gobernador Alejandro García Padilla dijo hoy jueves que “está evaluando” las demandas hechas por gremios periodísticos a los efectos de hacer accesible información de carácter público que se genera desde las distintas agencias de gobierno.
“Estamos evaluándolo…Estamos evaluándolo todo”, dijo escuetamente García Padilla en un aparte con periodistas durante la actividad denominada Ni Una Bala Más.
Las declaraciones del Gobernador surgieron apenas minutos después de que el presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPRO), Rafael Lenín López, radicara en el Tribunal de San Juan un recurso de mandamus exigiéndole al Secretario de Hacienda y al Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que divulguen información de interés público que se niegan a revelar.
El pasado 10 de noviembre, García Padilla supuestamente ordenó por escrito a sus jefes de agencia y respectivos directivos de prensa a hacer disponible a los medios de comunicación que así lo soliciten, toda información que pueda generarse desde las agencias. No obstante, la orden del gobernador parece no haber recibido la atención necesaria de parte de los jefes de agencia y/o sus oficiales de prensa en la medida en que casi un mes después periodistas se han visto obligados a recurrir al Tribunal en busca de un remedio judicial.
Por su parte, el asesor de Asuntos Públicos del gobernador, Jorge Colberg Toro, ha señalado en reiteradas ocasiones que la política pública del Estado es que los documentos habrán de hacerse públicos inmediatamente, excepto cuando se trate de “documentos de trabajo” dirigidos al diseño de política pública. En particular, el funcionario se refería al alegado informe de la firma estadounidense KPMG, que supuestamente sienta las bases para la anunciada Reforma Contributiva. Según Colberg, tan pronto el Ejecutivo termine con el diseño de la Reforma Contributiva, entonces se hará disponible el controvertido informe.
No obstante, la controversia puede llegar a convertirse en nula tan temprano como al finalizar la presente sesión extraordinaria de la Legislatura, porque una de las enmiendas introducida por la delegación del Partido Nuevo Progresista al proyecto de ley que impondría un aumento al impuesto sobre el barril de petróleo, establece que no más tarde del 15 de diciembre próximo, el informe de KPMG debe darse a conocer a través de los portales cibernéticos del Departamento de Hacienda, la Cámara de Representantes y otros. Así pues, aprobada “la crudita”, el informe de la compañía estadounidense debería estar publicado en o antes del 15 de diciembre.
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Por: Laura M. Quintero
Publicado: 04/12/2014 12:24 pm | Actualizado: 06/12/2014 09:09 am
Como un último recurso para que el Gobierno entregue información financiera de interés público, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el medio digital Sin Comillas radicaron el jueves una demanda contra el Secretario de Hacienda y el Comisionado de Instituciones Financieras, quienes se han negado a divulgar información que afecta la vida de puertorriqueños y puertorriqueñas.
Tanto el presidente de la Asppro, Rafael Lenín López, como la presidenta de Sin Comillas, Luisa García Pelatti, cuestionaron el doble discurso de la administración del gobernador Alejandro García Padilla, que ha sido enfática en la transparencia gubernamental mediante una orden ejecutiva, pero se ha negado a entregar documentos públicos de transacciones e informes financieros.
La demanda contra el Secretario de Hacienda sucede luego de que la periodista García Pelatti solicitara el 20 de noviembre de 2014 el informe de la firma KPMG sobre el sistema tributario del país, con relación a la Reforma Contributiva que se presentará el próximo año. El secretario negó el acceso al documento al decir que se trataba de un borrador, sobre el cual no se han tomado decisiones finales.
El licenciado Frank Torres Viada explicó que el derecho del acceso a la información es un mandato Constitucional, por lo cual La Fortaleza, al negarse a la divulgación, ha emitido un memorando que «no tiene peso, ni validez alguna».
«No existe razón válida alguna para que el Estado pretenda mantener en secreto(…) una información que le pertenece al pueblo de Puerto Rico, que fue pagada con fondos públicos y que es esencial para que el debate de las ideas tenga lugar antes de la toma de decisiones», expresó el licenciado.
García Pelatti explicó que es la primera vez en mucho tiempo que se hace un estudio del sistema contributivo del país, una información que resulta de interés público. «Si no lo publican y la reforma contributiva se aprueba, ¿cómo vamos a saber que el IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) que van a implantar es el mismo que recomendaron?» , cuestionó.
«Hay decisiones que se pueden tomar por decisiones políticas que no se sostienen en el análisis, y es importante saber por qué estamos tomando esta decisión… y saberlo ahora porque una vez se aprueba el proyecto, lo único que nos queda es el derecho al pataleo», agregó la periodista, experta en temas de economía.
Pese a que siempre han habido trabas con el acceso a documentación pública, García Pelatti destacó la ironía de que este Gobierno llegó hablando de transparencia, mediante la firma de una orden ejecutiva para la liberación de data de las agencias. Dijo que aunque «se han logrado avances, todavía queda mucho por hacer».
En la tarde, la jueza Iris Cancio emitió una orden concediéndole cinco días al Departamento de Hacienda para comparecer y explicar por qué no debe concederse la solicitud de los demandantes.
Transacción UBS
La Asppro también radicó una solicitud de intervención en el pleito de clase contra la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) por negarse a divulgar información sobre el acuerdo al que llegó en octubre de este año, con UBS Financial Services (UBS) en el que esta última se comprometía a pagar $3,500,000 y ofrecía a restituir $1,681,742 a ciertos clientes, relacionados con Fondos Mutuos Cerrados.
La demanda original contra UBS fue radicada en agosto de 2012, por el presunto engaño del que fueron objeto los clientes de la firma, al invertir millones de dólares en un mercado artificial.
Tras el acuerdo al que llegó la firma con la OCIF, clientes como Ana De Jesús fueron obligados a firmar un documento so pena de desacato en que, en este caso, aceptaba la restitución de $20,000, cuando había sufrido pérdidas de hasta $60,000, según contó el licenciado Luis Miñana.
Lenín López mencionó que la emisión por parte de la OCIF de un comunicado de prensa el 9 de octubre de este año, «es el mejor y más claro indicio y reconocimiento de la naturaleza pública del asunto, objeto de la investigación de esa oficina». Accesar los detalles de la transacción permitiría que los periodistas fiscalicen a la oficina y evaluen si fue un acuerdo razonable, que hace justicia a los consumidores, o si por el contrario, se intentó de beneficiar a UBS injustamente.
El presidente de la Asppro hizo, además, un llamado a los periodistas para que formalicen la solicitud de documentos mediante cartas a jefes de agencia con plazos para que los entreguen, y que si no cumplen acudan a la Asociación para acudir al foro judicial.
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Esto coloca a la Administración García Padilla al mismo nivel que la Administración Bush en cuanto a las limitaciones de acceso a la información, una movida mucho más grave en Puerto Rico porque aquí el derecho de acceso a la información es de rango constitucional y que opera como una presunción por lo que se supone que las dudas se resuelvan al revés de como dicta la nueva orden: se supone que las dudas se resuelvan a favor de la apertura.
Ante el reclamo público para que tanto el Ejecutivo como el Departamento de Hacienda divulgue el informe rendido a finales de octubre por la firma de consultores KPMG, la Fortaleza emitió una comunicación a los jefes de agencia y directores ejecutivos de las corporaciones públicas el pasado 10 de noviembre indicándoles que ,“en caso de que alguna agencia tenga duda sobre el particular, como en este caso, se solicite una opinión al Secretario de Justicia”, indicó la directora de Comunicaciones del Departamento de Hacienda, María Quintero Herencia.
“Dicha carta fue emitida por el secretario de Asuntos Públicos, Jorge Colberg Toro, y el secretario de Prensa, Jesús Manuel Ortiz, para comunicar a los Secretarios, Jefes de Agencia y Directores Ejecutivos de Corporaciones Públicas”, detalló Quintero Herencia.
Hasta el momento, La Fortaleza no ha provisto copia de la comunicación que emitieron a los jefes y directores ejecutivos. Al ser confrontado por este diario, Ortiz describió la carta como un “memo”, e indicó que tenía que verificar si el mismo podía ser divulgado.
Según Quintero Herencia, la consulta ya fue remitida al Departamento de Justicia ayer miércoles, un día después de que este diario insistiera nuevamente en el acceso al informe de KPMG.
En esa línea, Quintero Herencia, manifestó que, “el informe de KPMG sobre la Reforma Contributiva es aún un borrador o documento de trabajo sobre el cual no se han tomado decisiones finales, tal como hemos indicado anteriormente. Dado que aún dicho lo anterior se plantea una duda o controversia sobre si es o no un documento público, hemos solicitado al Secretario de Justicia una Opinión Consultiva sobre la pertinencia legal o no de la divulgación de la información solicitada”.
En el caso de Ligia M. Ortiz Rivera y otros peticionarios v. Mercedes M. Bauermeister, el Tribunal Supremo dictaminó que, “en la medida en que todo ciudadano tiene el derecho a inspeccionar cualquier documento público, el acto de denegar el acceso, por sí mismo, causa al solicitante un daño claro, palpable y real. Cuando el Estado injustificadamente impide al ciudadano inspeccionar un récord público, lesiona su derecho fundamental a estar informado. Derecho a su vez inherente y necesario para el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales de libertad de expresión, asociación y de pedir al gobierno reparación de agravios. Resulta claro entonces, que el ciudadano que no logra acceso a un documento público por razón de un reclamo de confidencialidad del Estado, tiene, cuando menos, legitimación activa para cuestionar la validez del obstáculo que se interpone al ejercicio de sus derechos constitucionales”.
La propia Constitución de Puerto Rico dispone que, “no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios”.
Más aun, la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, indica que los documentos que se originen, conserven o reciban en todas las dependencias del Gobierno en relación con el manejo de asuntos públicos, sobre transacciones o que tenga algún valor legal, son públicos.
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