El caótico y atropellado proceso legislativo hacía la aprobación de un aumento al arbitrio al barril de petróleo y sus derivados de 68 %, constituye la gota que desbordará la copa de las erradas y desacertadas políticas fiscales de la actual administración gubernamental. Han pretendido cuadrar el presupuesto gubernamental y rescatar de la insolvencia a los insolventes, disfuncionales e ineficientes monopolios estatales que comprenden las corporaciones públicas a fuerza de martillazos o 67 nuevos impuestos. El irreflexivamente y tercamente insistir en continuar las más que evidentes fallidas acciones fiscales de imponer nuevos impuestos y aumentar los ya existentes que nos llevaron a la degradación a chatarra de la bonos del gobierno central, así como el posponer las impostergables reformas estructurales y operacionales de las corporaciones públicas; nos han colocado en el punto de no retorno de la profundización de la depresión económica y del consiguiente incumplimiento del gobierno central y sus corporaciones públicas con sus obligaciones, incluyendo el servicio a la deuda.
Las mismas erradas premisas con las que se justificó el aumento en la ‘crudita’ hace un año, que se lograrían aumentar los recaudos para evitar la insolvencia de la Autoridad de Carreteras y el Banco Gubernamental de Fomento; son esgrimidas nuevamente para justificar un nuevo aumento en la misma. Con la ventaja ahora, de que contamos con evidencia empírica fehaciente de que el aumento de hace un año no cumplió con los objetivos para lo que se aprobó: salvar de la insolvencia a AC y BGF.
Se dijo entonces que los recaudos que resultarían del aumento respaldarían una emisión de bonos de la AC que le permitiría saldar su elevada deuda con el BGF, a la vez que se lograría inyectarle liquidez al mismo. La emisión de bonos no se materializó ya que los recaudos estimados del aumento en la crudita, a la luz de la profundización de la contracción económica y la consiguiente caída en el consumo; no posibilitaron la emisión a los términos esperados por falta de compradores de los potenciales bonos a ser emitidos.
El insistir en la misma medida un año después bajo las mismas premisas, inevitablemente enfrentó el escepticismo y la incredibilidad de varios legisladores del propio partido del gobierno. El consumo de gasolina se ha reducido en 12.1% en octubre respecto al mes de octubre del 2013. Las consiguientes amenazas de paralización de servicios 
y artimañas (los barriles de tocino de $150 millones) para comprar el voto de los legisladores opositores, han contribuido a incrementar la incertidumbre sobre la posibilidad de un incumplimiento de pagos y la utilización de la ley de quiebra criolla por parte de la AC y la AEE. También ha contribuido a incrementar el escepticismo entre el liderato legislativo y los legisladores del partido de mayoría, los que han condicionado la aprobación del aumento a la crudita a una completa e integral restructuración de la AC y han incluido unas restricciones (la eliminación del ajuste inflacionario anual de 1.5% y que la tasa de interés sobre los bonos a emitirse no sobre pase el 8.5 %) a la emisión. Lo que limitarán el monto monetario de la emisión a realizarse.
Por otro lado, pensar que una reforma contributiva que sustituya el IVU de 7% por un IVA más abarcador y confiscatorio de 15% nos sacará del hoyo en el que nos encontramos, es completamente iluso. Hemos llegado a un punto muerto, el incumplimiento es inminente. Es momento de recapacitar y no insistir en las mismas medidas que no has colocado al borde de la insolvencia. Se deben comenzar las conversaciones con los acreedores y bonistas de la AEE, la AC y el gobierno central en vías de reestructurar sus respectivas deudas y no seguir posponiendo las necesarias medidas fiscales y estructurales correctivas. El posponer lo impostergable solo tendrá el efecto de aumentar el costo y el sufrimiento social de tales ajustes en el futuro.
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