Según más de una fuente de NotiCel, el equipo fiscal y los asesores políticos del Gobierno se mantienen desvelados sobre la tranquilla que puso el Senado de que la transacción autorizada es una donde el porciento de interés no puede ser por encima el 8.5, algo que no se cree viable considerando que la emisión de $3,000 millones del año pasado salió por poco más del 9 por ciento. La emisión autorizada para «la crudita» es de $2,950 millones. Además, la eliminación del aumento automático al arbitrio es objetado por el equipo ejecutivo.

Además, la información recibida por este diario es que en conversaciones preliminares los fondos de alto riesgo que estaban dispuestos a comprar la emisión han puesto condiciones que podrían elevar el interés hasta el 15 por ciento. Para que usted tenga una idea del terreno en el espiral vertiginoso de endeudamiento en el que el Gobierno se está moviendo, ese tipo de deuda se mueve usualmente entre el 2 y el 4 por ciento. El escenario final para el pueblo de Puerto Rico sería uno no muy distinto al que este diario reveló que sufre la misma Autoridad de Carreteras y Transportación que se pretende «salvar» con esta emisión, la cual anticipa que el año que viene estaría pagando más por intereses y deuda que por sus operaciones regulares.

Fuentes anónimas cercanas a los fondos de inversión de alto riesgo que están pendiente de la emisión le dijeron anoche a Reuters que estaban dispuestos a respaldarla aún con el tope de interés, pero también dieron la señal de que el respaldo sería más seguro si la emisión pudiera estar garantizada con el Fondo General, lo cual derrotaría uno de los supuestos propósitos de la estrategia financiera del Gobierno de separar el crédito de las corporaciones públicas del crédito del Fondo General ya que son las corporaciones públicas las que están más complicadamente endeudadas. El comentario a Reuters subraya una realidad que pocos articulan, que ya las decisiones financieras gubernamentales no son de alta política pública sino una cruda negociación punto por punto con el equivalente al prestamista del barrio.

El escenario en el círculo interno del Gobernador es uno de desesperación y las alternativas que se han puesto sobre la mesa van desde no firmar el proyecto como está para resometerlo en una nueva sesión hasta recurrir a la táctica ilegal de cambiar el lenguaje en La Fortaleza, algo que se ha hecho impunemente en otras administraciones.

La situación también ha traído a la superficie cismas entre los principales estrategas financieros de la Administración García Padilla, con el presidente de la Junta de Gobierno del Banco Gubernamental de Fomento, David Chafey, favoreciendo el firmar el proyecto como está para luego negociar enmiendas con la Legislatura, y la nueva presidenta del BGF, Melba Acosta, empujando por no firmar la medida y volver a empezar el trayecto. Las fuentes han indicado también que la discusión ha servido de marco a una lucha de poder entre Acosta y Chafey con Acosta extendiendo su poder y Chafey enfilando hacia la salida. En el camino, Acosta también ha levantado una ola de rebelión en la Legislatura para que el Gobernador la saque, con el senador Ramón Luis Nieves siendo el más vocal, pero no el único, que impulsa la renovación en el equipo fiscal del Ejecutivo.

En lo que ya es un patrón, en medio de una discusión neurálgica que puede determinar el futuro de la Isla, el Gobernador estará ausente hasta el jueves en la tarde porque participará de un encuentro denominado “Future of the Americas”, y convocado por la Iniciativa Global de la Fundación Bill Clinton. El secretario de Estado, David Bernier, fungirá como gobernador interino.

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