{De frente, ante la Legislatura y en expresiones claras, contundentes, diarias ante la radio, prensa y televisión de Puerto Rico, Pedro Rosselló se lo advirtió a AGP. También lo hizo Tomás Rivera Schatz y el liderato de verdad del PNP. RR estuvo los pasados seis meses callado y no se atrevió acudir a la Legislatura, estuvo escondido porque tan pronto habla lo apabullan.}
El Plan Manos a la Quiebra de AGP que Quiere Atosigar al PPD y a Puerto Rico
Truenan los alcaldes
Los líderes municipales pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de que pierdan millones de dólares como parte del Plan de Ajuste Fiscal
El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, coincidió en que el recorte de la aportación que hace el Gobierno central a los municipios afectará al pueblo. >Carlos Giusti/EL VOCERO
El Plan de Ajuste Fiscal, presentado por la administración de Alejandro García Padilla, mantiene a los ejecutivos municipales preocupados porque el recorte de $300 millones propuesto a lo largo de cinco años impactaría las finanzas municipales afectando directamente a la ciudadanía.
El acalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz y el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, coincidieron en que el recorte de la aportación que hace el Gobierno central a los municipios afectará al pueblo, contrario a lo que opina el gobernador.
García Padilla dijo que el Plan de Ajuste Fiscal “da un espacio de tiempo para que (los municipios) creen eficiencias”. “Esto va a tono con la autonomía municipal porque le permite al municipio crear sus eficiencias para depender menos del Estado”, agregó, la semana pasada, cuando se le preguntó sobre los impactos que tendrá el recorte de fondos provenientes del Gobierno central.
En entrevista con EL VOCERO, el alcalde de Bayamón informó ayer que evalúa detenidamente el Plan de Ajuste Fiscal y reconoció que “algo hay que hacer ante la situación fiscal”. Sin embargo, “eliminar de golpe y porrazo $300 millones a los municipios es un error, porque los municipios hacen un montón de labor que el Gobierno estatal ya no hace”.
Además, opinó que eliminar el aumento de salario mínimo a los menores de 25 años “es un disparate porque provocaría que más jóvenes puertorriqueños se vayan del país y Puerto Rico necesita esos jóvenes en la clase trabajadora para que ayuden a sostener las generaciones que ya vamos de retirada”.
“¿Quién está ayudando al Gobierno estatal en Bayamón con la situación del racionamiento en las escuelas? Es el Municipio de Bayamón. Estamos atendiendo todas las escuelas y égidas de Bayamón y estamos dando apoyo a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con oasis a una tercera parte de Bayamón a costo del municipio. Tenemos dos pozos en disposición de la AAA. El dragado del lago La Plata lo tenemos a nuestro cargo y aunque la AAA paga por los equipos, no paga por los empleados que tenemos allí trabajando”, ejemplificó.
Agregó que la transportación escolar la trabaja el Municipio de Bayamón, provocando economías al Gobierno central. “Hay municipios que casi el 95 a 98 por ciento de su presupuesto proviene de lo que el Estado le envía, eso hay que revisarlo y hay que ver de qué manera se trabaja. Se consolidan municipios o se buscan mecanismos, y en todo este esfuerzo de economía, los municipios hemos hecho ajustes y economías”, apuntó.
Rivera Cruz dijo además que la actual administración “resuelve todo a base de impuestos cuando en el Gobierno Estatal hay de dónde cortar”. “No quieren hacerlo porque representaría pérdida de poder y representaría pérdida de repartición de dinero”. El alcalde de Bayamón cuestionó por qué la Legislatura repartió recientemente $60 millones a los municipios liderados por alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD).
“Si no hay dinero, ¿Por qué mudamos los CESCO de lugares que pagaban menos a lugares con rentas más alta? ¿Por qué no revisamos los edificios que el Gobierno central tiene alquilados a precios escandalosos y se negocia eso? ¿Por qué una oficina regional paga $18 por pie cuadrado de alquiler cuando incluso en la Milla de Oro se puede conseguir a $15 ahora mismo? Hay mucho que se puede hacer, pero no veo voluntad, no veo la posibilidad de sentarnos a una mesa para mirar agencia por agencia para mirar por donde ser más eficiente”, sentenció.
Al mismo tiempo, eliminar $300 millones de la transferencia de fondos del Gobierno central pudiera provocar despido de empleados municipales, sostuvo el alcalde de Bayamón.
El primer ejecutivo municipal coincidió con su homólogo de Cayey en algunos de los fondos que provee el Gobierno central es parte de una ley de exención contributiva sobre la propiedad. Ambos destacaron que no se trata de un subsidio.
“Con relación al llamado subsidio de (la Autoridad de) Energía Eléctrica, sabemos que no es un subsidio, es el pago por el uso de la propiedad municipal, la legislación, de manera equivocada, lo llama subsidio, pero es que Energía Eléctrica usa los terrenos municipales para mantener su infraestructura. Si la legislación que se pretende establecer afecta ese ingreso que recibe por el uso de propiedad municipal, el Estado tiene que compensarlo porque estaría apropiándose de espacios del municipio que no les pertenecen a la corporación”, sentenció Ortiz a Foro Noticioso, quien también preside la Asociación de Alcaldes que agrupa a los ejecutivos municipales del PPD.
El alcalde de Cayey adelantó que los alcaldes miembros del PPD discutirán el Plan y esperarán “que se presente la legislación que va a instrumentar la operación del Plan Fiscal y aquellas determinaciones que puedan tener el efecto de que los municipios tengan que despedir los empleados públicos porque se les afecte sus subsidios, sin que se le ofrezcan alternativas de nuevos ingresos, vamos a estar combatiéndolas porque se afectaría severamente la plantilla de empleados y con esos los servicios que se ofrecen al pueblo”.
El Plan de Ajuste Fiscal propone aprobar legislación que reduzca gradualmente -durante cinco años- el subsidio que le da el Gobierno central a los municipios, mientras los alcaldes y sus ayuntamientos deberán presentar medidas para reducir gastos y generar ingresos, mediante “cambios a las patentes municipales, modernización de las contribuciones sobre la propiedad y consolidaciones municipales”.
Estas recomendaciones, se ha advertido, pueden provocar aumentos en las contribuciones a la propiedad y las patentes municipales. El jueves pasado, el gobernador García Padilla invocó la autonomía municipal y dejó en manos de los alcaldes y alcaldesas la decisión de modificar las contribuciones municipales y de residencias o en cambio lograr economías.
Además, el secretario de la Gobernación, dijo a preguntas de EL VOCERO la semana pasada que en Puerto Rico faltan muchas propiedades por retasar que pudieran aumentar los ingresos municipales.
Levanta ronchas el plan fiscal
Legisladores de ambas delegaciones entienden que la propuesta usurpa poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa, como la aprobación del presupuesto y las decisiones sobre aumentar o reducir los impuestos
El representante popular, Luis Vega Ramos, dijo que el ejecutivo debe considerar discutir las propuestas con los legisladores antes de que lleguen ya convertidas en proyectos. Eric Rojas/ EL VOCERO
El plan fiscal presentado por el gobernador, Alejandro García Padilla, tiene unos escollos constitucionales que harán difícil –si no imposible– implementarlo. Este plan, para legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) representa además un riesgo político de cara a las elecciones de 2016.
“El plan fiscal es bueno para el país, pero se pueden perder las elecciones con ese plan fiscal”, dijo el representante popular Ángel Matos.
“Ese plan tiene todo lo que un país necesita para echar para adelante y estabilizarse, pero implementarlas tiene un costo político bien alto. A año y medio de las elecciones, la factura política de un plan como este, aunque sea necesario, se trepa”.
Dijo que el plan no es malo, pero implementarlo le costará las elecciones a los populares.Legisladores populares resaltaron que hay varias propuestas que requerirán aval mayoritario en la Legislatura para convocar un referéndum que luego deberáser favorecido por el electorado. Una gesta cuesta arriba cuando una de las propuestas que estaría frente a los electores implica reducir sus beneficios de horas extra al establecer que éstas se pagarán cuando el trabajo sea más de 40 horas semanales y no ocho horas diarias, como establece la Constitución.
El representante popular Luis Vega Ramos dijo que el ejecutivo debe considerardiscutir las propuestas con los legisladores antes de que lleguen ya convertidas en proyectos.
“Yo creo que probablemente sería adecuado que habláramos un poco más como sociedad sobre las propuestas que hay en el informe. Me parece que en el área de cambios a leyes laborales hay una obvia resistencia a cualquier medida que implique reducir la capacidad adquisitiva de los trabajadores puertorriqueños.
El gobierno ha apostado a que el recaudo se aumenta a través del consumo y por eso aumentamos el IVU. En la medida que asumas cambios laborales que reducen el poder adquisitivo, podría ser una contradicción en la meta de recaudar más a
través del consumo”, dijo Vega Ramos.
El gobernador presentó la semana pasada el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal creado por el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica. Este plan, como ha dicho el gobernador, es una “hoja de ruta” para permitir la negociación con los bonistas, pero que propone una reforma laboral que incluye limitar los beneficios a los menores de 25 años, extender la Ley 66, reducir el pago de horas extra y crear una Junta de Control Fiscal.
La creación de esta junta ya comenzó a levantar ronchas entre legisladores que entienden que la misma usurpa poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa como la aprobación del presupuesto y las decisiones sobre aumentar o reducir los impuestos. Vega Ramos advirtió que no hay ambiente en la Legislatura –ni entre los electores– para crear una junta “ajena al gobierno que gobierne a Puerto Rico”.
“Sí creo que hay voluntad para crear un ente que pueda supervisar o monitorear que Puerto Rico cumpla con los acuerdos y esa misma junta pueda informar que Puerto Rico está cumpliendo con lo que pactó”, dijo Vega Ramos. “El ejemplo más claro es imponer o bajar contribuciones. Eso es una función específicamente delegada a la Asamblea Legislativa igual que la aprobación de un presupuesto. No puedes delegar eso”.
Mientras, el representante popular Carlos Vargas, de igual forma, dijo que no ve ambiente para la aprobación de enmiendas constitucionales que requerirán incluso votos azules para pasar el cedazo legislativo. Resaltó además que el mismo plan habla de un asunto que ha quedado en el tintero: el hecho de que la videolotería no llegará en su primer año de implementada ni a los $20 millones en recaudos.
Cuestionó además que se diga que la creación de la Junta será una de las primeras legislaciones a ser presentadas cuando aun no se ha dicho cuáles serán los poderes de este organismo.
“Si la junta es un requisito para renegociar la deuda, tampoco puedes descartarlo. La sutileza es cuáles son las obligaciones y poderes porque una cosa es que la junta pueda ver un presupuesto y hacer recomendaciones a base de las negociaciones que se han hecho y que ese presupuesto se cumpla y den una asesoría técnica y otra cosa es que decida la política pública completa”, dijo
Vargas. “Hay que tener en cuenta además que esta junta trascendería un ciclo administrativo”.
Desde que se presentó el plan, ha sido poco lo que han opinado los presidentes de Cámara y Senado, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia, respectivamente. Cada uno se ha limitado a decir que esperará los proyectos y que los evaluarán. Ambos fueron designados a formar parte del grupo que creó este plan y ambos rechazaron la invitación, enviando en vez a asesores.
De igual forma, el presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, José R. Nadal Power dijo que la delegación popular en el Senado aún no ha discutido el asunto en caucus.
“En realidad no nos hemos reunido. No he tenido muchas conversaciones tampoco con los compañeros. En general, hay unos aspectos positivos y otros que requieren de más diálogo”, dijo Nadal Power. “Lo que sí hay es receptividad a escuchar y darle oportunidad al comité que vaya aclarando muchas de las propuestas que incluye el plan. Todo el mundo está de acuerdo en que hace falta todavía mucha información y que esto apenas comienza”.
Cuando se le preguntó si había ambiente en la Legislatura para hacer cambios que requieran un referéndum constitucional, dijo que hay que esperar las propuestas. Para lo que no hay ambiente, afirmó, es para aprobar nuevos impuestos.
“No. Lo dudo. Hay propuestas que son unos alivios, que tienen que ver con implantar el crédito por trabajo, que son beneficios que el plan propone. Hay que considerar esto, pero son unas ideas que se plantean sin que se haya abundado en ellas, es algo que todavía tenemos que mirar con detenimiento”, dijo Nadal Power.
Por su parte, la senadora independentista María de Lourdes Santiago, catalogó el plan como uno de propuestas “primitivas y retrógradas”.
“El eje de las propuestas de desarrollo económico es arrebatarle a la gente que trabaja derechos que han existido, algunos por más de un siglo. Esta es la guerra contra la gente que trabaja”, dijo Santiago. “Ese plan nos dice que el trabajo de los jóvenes vale menos y las propuestas que hace desincentivan la producción. Va a ser menos atractivo para la gente trabajar. Pero a las foráneas, les dicen que ni un centavo más les vamos a pedir. Es un desbalance tan violento”.
Durante la sesión senatorial del jueves, el portavoz de la delegación novoprogresista Larry Seilhamer, criticó las propuestas, particularmente, la creación de la junta y los poderes que le confiere.
Seilhamer criticó además que el plan cuente con propuestas que dependen de acción congresional, como es el caso de permitir a los beneficiaros del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que trabajen sin perder los beneficios o que se elimine el requisito del salario mínimo federal.
“Hay una gran contradicción que se propone que los jóvenes menores de 25 años, si hay un aumento salarial, se exima a estos jóvenes del aumento. Esta Asamblea Legislativa sometió una medida para eximir del pago de contribuciones a los jóvenes menores de 25 años y hoy se pretende limitar a estos jóvenes”, dijo Seilhamer. “Esto propone además la violación más crasa a la Constitución que es no cumplir con las obligaciones generales. Eso es darle una bofetada a la Constitución. Eso lo que va a generar es un clima de poca confianza y credibilidad con ninguna garantías para invertir en Puerto Rico”.
Igualmente, la portavoz de la minoría en la Cámara, Jenniffer González Colón, dijo que estaba “decepcionada, aunque no sorprendida”, por algunas de las propuestas presentadas en el Plan de Recuperación Fiscal a cinco años redactado por la administración de
turno.
“La propuesta para que a las personas menores de 25 años se les pague menos del mínimo federal, acrecentará la fuga de talento joven y capacitado, tan necesario para mejorar nuestra economía. Esto, sumado a propuestas para aumentar las patentes municipales, la contribución sobre la propiedad inmueble y el IVA, imposibilitarán que Puerto Rico salga de la depresión económica en que se encuentra”, señaló González Colón.
La expresidenta de la Cámara de Representantes opinó que lo que Puerto Rico necesita para salir de esta crisis es reconceptualizar cuales deben ser las funciones del gobierno y transformar al mismo en un ente facilitador, que permita a la empresa privada ser el motor que mueva la economía.
“Hay un mejor plan fiscal para Puerto Rico, que el gobernador y el Partido Popular quieren ignorar, pero ellos lo conocen muy bien, se llama la estadidad. La estadidad es la que garantiza una inyección anual inmediata a nuestra economía de sobre $9 billones según el estudio del GAO de mayo de 2014. Más importante aun, es la única manera de garantizar que no se discrimine en contra de los residentes de esta Isla en ningún programa federal, como se da día a día en los programas de Medicare, Medicaid, Tricare, el Supplmenetal Security Income, entre otros. Y sobre todo, nos da el poder político necesario en Washington para siempre poder atender las necesidades de nuestro pueblo”, expresó la Portavoz cameral del PNP.
Una encuesta de la firma de investigaciones internacional Gallup, reveló que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) ocupó el primer lugar donde los entrevistados entienden que las condiciones económicas estarán peores, y hubo una desaprobación mayoritaria a la gestión del gobernador Alejandro García Padilla.
La información aparece en un escrito de Linda Lyons, titulado “Pocos Puertorriqueños mantienen esperanza en la economía”, el cual fue publicado el 10 de septiembre de 2015 en la página oficial de Gallup en Internet, y recoge los datos de Gallup Analytics, como parte de sus encuestas globales para tomarles el pulso a los países en diferentes asuntos.
Lyons, al presentar datos sobre las últimas incidencias de la crisis económica de Puerto Rico, hasta el reciente Plan de Ajuste Fiscal que divulgó el gobierno la semana pasada, hace referencias a los resultados de la encuesta donde la Isla no queda bien posicionada. Las entrevistas en Puerto Rico se llevaron a cabo del 13 a 21 diciembre de 2014, cara a cara, e incluyeron una muestra de 500 personas, se
informó.
En la pregunta relacionada al desempeño del gobernador Alejandro García Padilla, en específico si aprueban o no su gestión gubernamental, 64% de los entrevistados la desaprobó y 19% la favoreció, según Gallup.
El escrito de Lyons provee su análisis y solo destaca pocos puntos de la encuesta, ya que el contenido amplio únicamente se puede acceder mediante suscripción pagada.
Las contestaciones en el caso de Puerto Rico se obtuvieron antes de la puesta en vigor del nuevo impuesto al petróleo y sus derivados (“la crudita”), antes del alza en el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), y antes del anuncio del Plan de Ajuste Fiscal que propone “la medicina amarga” para hacerle frente a la crisis fiscal, la cual traería cambios tributarios hacia el alza en algunos renglones, recortes y otras medidas.
Ese plan busca la reestructuración de la deuda de $72,000 millones del ELA, incluso la que es garantizada por la constitución,
pero igual indica que se establecerán medidas para mejorar las condiciones de hacer negocios aquí.
En una lista de 24 países, donde se incluye a Estados Unidos, casi todo el Caribe y América Latina, Puerto Rico fue el lugar donde mayor pesimismo se registró respecto al futuro.
Solo 6% de los encuestados en la Isla dijo que ve mejorar la situación económica de Puerto Rico y el 76% estimó que las condiciones en el territorio empeorarán. El 15% señaló que se quedará igual.
El resultado a esa pregunta ubica a Puerto Rico por debajo de Venezuela, como los últimos dos lugares de mayor pesimismo. En Venezuela, 7% de los encuestados ve mejorar la situación del país, 20% entiende que se queda igual y el 71% opinó que se pondrá peor.
El país más optimista respecto a su estado económico es Bolivia, ya que el 60% de sus entrevistados ve mejorar la situación, un 19% la estima que se queda igual y apenas el 13% cree que será peor. Los números en Estados Unidos (el sexto país más optimista), son 41% que mejorará, 4% se queda igual y 53% que la economía estará peor.
Al cuestionamiento de si las condiciones de vida en la Isla mejoran o no, el 29% entiende que serán peores, un 31% piensa que se quedará igual y 40% dijo que se pondrá mejor.
Se indica, además, que 4 de cada 10 puertorriqueños dicen que su nivel de vida es cada vez mejor. Esto, destaca el escrito, es “significativamente inferior” a la media de lo expresado por los encuestados en sus respectivos países, ya que en América Latina el 54% entiende que su nivel de vida es mejor y en el caso de Estados Unidos el 57% opina igual.
Cuando compara a Puerto Rico con el resto de las jurisdicciones de Estados Unidos, ni siquiera se asemeja a los estados menos optimistas como Alabama, Massachusetts y Nueva Jersey, donde el 51% ven que las cosas en su territorio van a mejorar.
Lyons aborda el asunto del estatus político de Puerto Rico en su escrito, y señala que según continúe la crisis económica “es posible que más puertorriqueños buscarán la estadidad como una alternativa preferida, a seguir siendo un estado libre asociado”. Hace alusión al evento electoral de noviembre de 2012, donde señala que el 54% de los puertorriqueños votaron en un referéndum no vinculante para rechazar el estatus actual.
En la mayor parte de los países, el estudio de Gallup está fundamentado en entrevistas cara a cara con 1,000 adultos, mayores de 15 años, con un margen de error entre 3.4 puntos porcentuales a 5.2 puntos porcentuales, en el nivel de confianza del 95%.
Pero, en lugares como Belice, Haití, Jamaica y Puerto Rico, con un menor tamaño territorial y poblacional, las encuestas se hacen a 500 adultos, con un margen de error de muestreo entre 4.8 puntos porcentuales a 5.2 puntos porcentuales.
Mientras tanto, el gobierno de Puerto Rico mantiene cifradas sus esperanzas en que lasmedidas propuestas en el Plan de Ajuste Fiscal puedan rendir frutos, así como la disponibilidad de los bonistas a negociar la deuda del ELA, para poder encausar hacia terreno positivo la economía que lleva una década en recesión.
Con esto no están del todo seguras las casas acreditadoras, las cuales la semana pasada emitieron comentarios que cuestionaban la efectividad futura del plan o se decidieron por degradar más el crédito del ELA.
Standard & Poor´s degradó el crédito de CCC- a CC, inminencia de impago, y por su parte, Moody´s y Fitch advirtieron que harían lo propio. El viernes, Fitch informó que muy pronto podría cambiar hacia la baja su nota sobre el crédito de Puerto Rico desde CC hasta C, que significa la llegada del impago.
Hasta ahora, el ELA únicamente ha incumplido con las obligaciones de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), al aducir que se trata de deuda no garantizada y sujeta a la apropiación de fondos consignados por la legislatura, lo cual no se hizo.
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Entregan el Plan de Ajuste Fiscal primero a medios estadounidenses
Mientras ayer a los legisladores de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) no se les entregó el documento
La administración de Alejandro García Padilla entregó anoche copia del Plan de Ajuste Fiscal a medios estadounidenses aunque los legisladores y los medios puertorriqueños todavía esperan tener acceso al documento.
EL VOCERO supo que anoche la presidenta el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sostuvo una teleconferencia solo con medios estadounidenses a la que no fueron convocados los medios locales.
Bloomberg News reporta hoy a las 9:00 a.m. que Puerto Rico buscará con el Plan de Ajuste Fiscal recorte de gastos y aumento de ingresos y con todo y eso se proyecta $13,000 millones en déficit para el pago de la deuda durante los próximos cinco años.
En tanto, un resumen ejecutivo de nueve páginas al que tuvo acceso EL VOCERO, se limita a resumir las medidas fiscales que ha tomado el Gobierno desde 2007 y las medidas que debería tomar el Gobierno federal para colocar a Puerto Rico “en un camino sustentable”.
Se espera que a las 11: 00 a.m. el primer ejecutivo ofrezca un mensaje televisivo por las emisoras gubernamentales.
A las 11:30 a.m. el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica contestará preguntas a los medios puertorriqueños aunque a las 9: 40 a.m. todavía no se ha publicado el Plan de Ajuste Fiscal en el portal cibernético del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), tal y como había adelantado ayer La Fortaleza.
Diversos grupos sindicales han criticado el Plan de Ajuste Fiscal aduciendo que la reforma laboral que propone afectaría a la clase trabajadora
Unas 20 organizaciones sindicales marcharon el pasado viernes junto a entidades religiosas en contra del Plan de Ajuste Fiscal presentado por la administración García Padilla. >Agustín Santiago/EL VOCERO
El sector sindical, religioso, civil y la oposición política esperan por el liderato legislativo encargado de nombrar a los integrantes de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, que entre otras funciones, auditará la deuda de Puerto Rico de cara a una reestructuración.
La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público fue creada por la Ley 97 del 1 de julio de 2015 y dispone que el presidente de la Cámara, Jaime Perelló y el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, deben designar, por acuerdo mutuo, los miembros si el gobernador Alejandro García Padilla no ha nombrado a los representantes del interés público a los 10 días naturales de firmado el estatuto.
La portavoz de Prensa del presidente del Senado, María de Lourdes Martínez, indicó, a preguntas de EL VOCERO, que “siguen en conversaciones ambos presidentes. Evalúan candidatos para nombrar a la Comisión” para la Auditoría Integral del Crédito Público.
La auditoría de la deuda se hace más urgente, según estos sectores, luego que la administración de Alejandro García Padilla presentó un Plan de Ajuste Fiscal que ha enfrentado fuertes críticas por la reforma laboral que propone entre otras medidas de austeridad que ya se adelanta afectarán a la ciudadanía.
“No hay duda alguna de que hay que reestructurar la deuda sino auditar la deuda. Para qué se tomó ese dinero, qué fin social tuvo, y si no hubo fin social y ningún crecimiento económico para el País, hay que adjudicar responsabilidades. El problema que tiene nuestro País es la impunidad de las acciones de los que gobiernan a Puerto Rico”, apuntó Jaime Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) que agrupa empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Precisamente, la UTIER fue una de las más de 20 organizaciones sindicales que marcharon el viernes junto a entidades religiosas en contra del Plan de Ajuste Fiscal presentado por la administración García Padilla. A las organizaciones sindicales y religiosas se unieron el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico.
La agencia de noticias InterNews Service estimó en 8,000 los asistentes a la marcha que inició en el parque Luis Muñoz Rivera y
que culminó en la esquina de la calle Cristo y Fortaleza del Viejo San Juan, vías que no fueron suficientes para acomodar a todos los manifestantes.
A la marcha se unió además la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y expresidenta de las mujeres del Partido Popular Democrático (PPD). La ejecutiva municipal criticó en detalle el Plan de Ajuste Fiscal. Cuestionó “cómo trastocar el derecho de la licencia de maternidad y cómo aumentar el periodo probatorio y dejar sin beneficios por un año, sin plan médico y sin protección a aquellos que están en el campo laboral, nos ayuda a salir de la crisis”.
“No entiendo cómo pretendemos incentivar el trabajo despojando a la gente de protecciones constitucionales como la del pago de horas extras. Ese camino, esa ruta el de quitarle derechos a la gente joven que escoge el servicio público, a la gente que decide quedarse en este país a echarlo hacia adelante; esa ruta no la puedo caminar junto a los que entienden que menos nos llevará a más”, sostuvo.
Cruz dijo además que su responsabilidad como alcaldesa de la capital “es velar por los recursos que tiene el Municipio para ofrecer los servicios a su gente”.
“Este Plan, tal y como está escrito, implica quitarle recursos al municipio pues propone que paguemos aun más de los $64 millones que contribuimos a ASES. Es nuestro municipio el que más dinero aporta teniendo todas las cualidades para tener el equivalente a un sistema universal para los residentes de San Juan. Aportar millones adicionales sería injusto y agravaría una acción –heredada por mi administración– a todas luces discriminatoria en contra del municipio de San Juan. Además, nos obligaría a retirar recursos dirigidos a otros servicios.
Por otro lado, la eliminación de los subsidios a los municipios afectará a los municipios más pequeños en población cuyos servicios están predicados en recibir esos ingresos (página 37 del Plan). Esta es otra ruta que para descargar mi responsabilidad como alcaldesa no puedo caminar junto a los que profesan estos cambios”, agregó la primera ejecutiva de San Juan.
Tras la manifestación, la Coalición Sindical que agrupa a 15 centrales y sindicatos, se reunirá mañana a las 3:30 p.m. para evaluar los resultados de la actividad. Federico Torres Montalvo, presidente de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE),
se expresó satisfecho con la asistencia que tuvo la manifestación y no descartó que se sigan celebrando protestas similares.
Torres Montalvo sostuvo que la manifestación fue la más concurrida en los últimos años a través de esta ruta y destacó que el orador principal de la actividad, Manuel Perfecto, presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), pudo llegar media hora después de comenzados los discursos debido a la numerosa asistencia de personas en la marcha que salió del Capitolio cerca de las 5:00 de la tarde.
Torres Montalvo lamentó que el gobernador no provocara que el Grupo para la Recuperación Económica y Fiscal incluyera las propuestas
de los sindicatos del Plan de Ajuste Fiscal, aunque dijo que no le sorprende porque no es la primera vez que García Padilla dice que hay apertura para todos los sectores y luego no incluye al sector sindical en la elaboración de la política pública que afecta este sector.
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Carmen Yulín se manifiesta preocupada ante el Plan de Ajuste Fiscal
A su vez, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, conversa con dirigentes del sindicato de la Autoridad Metropolitana de Autobuses durante la marcha del pasado viernes
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, manifestó que en este momento “nos debemos aglutinar alrededor de lo que todos creemos para dar al país una ruta y una victoria”, en vez de conculcar las conquistas de los trabajadores.
Preocupada por las medidas que se quieren implantar con el Plan de Ajuste Fiscal a cinco años, a partir del informe de la economista Anne Krueger, la primera ejecutiva de la ciudad capital abogó por que no se trastoquen los derechos laborales.
También considera que se deben impulsar, tal como propone el representante Luis Vega Ramos, cambiar las reglas del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), derogar la ley de cabotaje, como aboga la legisladora Rossana López León, y que el país pueda acogerse a la ley de quiebra, como desea el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.
“Hay cosas que no entiendo, en el 40, 50 y 60 (del siglo pasado) Puerto Rico tuvo uno de los avances económicos mas grandes de muchos lugares y, sobre todo, en Latinoamérica y en ese momento, que había menos, dimos más, protegimos a nuestros obreros por legislación de avanzada y asentábamos el progreso del país en que todos estuviésemos protegidos”, detalló la alcaldesa a la agencia Inter News Service.
Cruz Soto, quien participó este pasado viernes en la marcha que realizó la Coalición Sindical, no concibe cómo ayuda a sacar al país de la crisis aumentar de tres meses a un año la probatoria en el trabajo, periodo en que el obrero estará “desprovisto de derechos a merced del patrono”.
Recordó cómo se cambió la forma de pagar horas extras los domingos, con lo que presuntamente se crearían 25 mil empleos, que nunca se produjeron.
“Yo no entiendo como trastocar la forma y manera como se implementa la maternidad, la Ley Protectora de Madres Obreras ayuda al país”, insistió.
La alcaldesa de San Juan expuso a la agencia INS que en vez de “dar al país una ruta y una victoria”, se impulsan sinsentidos como quitar las remesas a los municipios pequeños y a los grandes, aunque estos últimos puedan aguantar.
“Esto no se trata de los alcaldes y las alcaldesas, se trata de que estrangulas al municipio, a su capacidad de darle servicio a su gente y día a día los municipios vamos absorbiendo servicios que debería proveer el gobierno central y que lo estamos proveyendo nosotros”, ilustró al observar que si la capital pierde 10 millones de subsidio, más otros siete millones que pagará por la tarjeta de salud, “hay un peligro ahí”.
Cruz Soto admitió que hay algunas cosas que puede apoyar y aplaude al gobernador Alejandro García Padilla al, finalmente, concentrarse en buscar solución “a la deuda que nos está arrastrando hacia abajo, pero, tengo que pensar en qué sociedad y en qué país yo quiero construir para mi hija”.
Rechazó construir un país que le congele por varios años el salario mínimo a los trabajadores y donde no se permita a la persona subir por su propio esfuerzo o que se derogue la ley del bono de navidad.
“Que haya cosas que no (tengan) sentido en los convenios colectivos no quiere decir que toda la estructura laboral no (tiene) sentido”, dijo al recordar que bajo las actuales condiciones se han establecido en el país empresas como Lufhansa, mientras que las farmacéuticas se están expandiendo dentro del mismo esquema laboral existente.
“Por lo tanto este esquema laboral funciona. No hay que pensar que menos nos va a dar más”, dijo.
La alcaldesa capitalina planteó, por principios, “viniendo de una generación donde mi abuela se levantó de la extrema pobreza, cuando el Partido Popular resultó ser la contestación a los anhelos y las esperanzas de los obreros y obreras, no puedo acompañar a aquellos que creen que esa es la ruta”.
Para Cruz Soto este “no es momento de todo o nada, este es momento de dialogo, de concertación y solidaridad”.
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