La incertidumbre en torno a las aspiraciones políticas del gobernador Alejandro García Padilla ha costado caro.
Más allá del impacto político sobre su partido, la indecisión del gobernador en los pasados meses sobre si postularse o no a la reelección ha puesto el freno al proceso de renegociación de la deuda que, irónicamente, su administración ha tratado de impulsar con ahínco. Y esa demora nos puede costar cientos de millones de dólares.
Representantes de los acreedores, frecuentemente de visita en San Juan para entrevistarse con fuentes conocedoras, lógicamente buscan saber si la administración que, desde su punto de vista, los lleva por la calle de la amargura, si quiera va a buscar la reelección. Máxime cuando la mayoría de ellos percibe, a partir de las expresiones de los líderes de la oposición, que su suerte sería mejor si hubiera un cambio de administración en 2017.
Así las cosas—y de manera similar al detente que la administración misma parece haber puesto al proceso de renegociación de la deuda para ver si el año que viene el Tribunal Supremo federal cambia las reglas de juego a su favor—los bonistas están recalibrando sus estrategias antes de comprometerse a una negociación con una administración que pudiera tener sus días contados si su jefe decide retirarse.
Resultado: el tiempo ha corrido, la renegociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica—que era la única que estaba algo avanzada y supuestamente iba a ser el modelo para la renegociación del resto de la deuda pública—está en el limbo, el riesgo del impago se hace cada vez más ominoso y más costoso…y aquí se siguen deshojando margaritas.
Presumiblemente, esa incertidumbre llegará a su final con el anuncio que se espera que el gobernador haga esta tarde, pero al cierre de esta edición nada se sabía con certeza. En primer lugar, aunque no tendrá la presión de una candidatura política, las circunstancias le van a requerir que empeñe todas sus habilidades de liderazgo y el remanente del capital político que pueda aún tener para asegurar que la administración no se le desmorona en un momento tan álgido como el que Puerto Rico enfrentará el año que viene, particularmente en materia fiscal.
En segundo lugar, el gobernador tiene una responsabilidad constitucional de terminar su gestión. Aquí queda mucho trabajo por delante por los próximos 12 meses. Puerto Rico no puede darse el lujo de que la administración caiga en neutro por el mero hecho de que su cabeza ha decidido retirarse políticamente al cabo del cuatrienio.
Tercero, el gobernador retiene la obligación moral de descargar sus funciones en beneficio y en el mejor interés del Pueblo de Puerto Rico, no de ningún partido político. La historia lo juzgará severamente si en este último año de su mandato el primer ejecutivo tomare decisiones guiado por consideraciones político-partidistas, bien fuere para beneficiar las posibilidades electorales de su partido en los comicios que se aproximan o para hacerle la vida imposible a una potencial administración del partido de oposición a partir de enero de 2017.
Sea cual fuere la decisión que el gobernador anuncie esta tarde, hubiera sido mejor que la hubiese anunciado antes.
Editorial, EL VOCERO
{AGP Ha Sido lo Peor de lo Peor en la Hitoria de Puerto Rico: Comenzó con “Me Vale” insultando a los oficiales de las Casas Acreditadoras, no dándole la cara por 11 meses; desmanteló al Gobierno; discriminó, atropelló y persigió a los Pro-USA como ninguno; regaló los fondos públicos como a Ricky Martin; su Plan Anti-Crimen de promover la marihuana, bajar las pensa y lograr acurdos de cooperación en los Puntos de Drogas de “no agresión” ha bajado los asesinatos pero multiplicado la criminalidad en grande con los policías en brazos caídos sin radicar casos y los Tribunales Criminales inactivos; destruyó las Corporaciones Públicas y las convirtió en Comités PPD; ataponó los Departamentos y Agencias de Batateros que No Trabajan Ni Dejan Trabajar; realizó inversiones fatulas como en el arroz que lo ha producido a $4.40 la libra y la caña que se vende para guarapo a un costo real de cientos de dólares por vaso; aumentó el presupuesto, los Taxes, los servicios púplicos, los sellos, endosos y comprobantes sin precedentes y Sin Obras; ha mantenido las calles y carreteras con cráteres, para usar miles de drones colorados para obritas de mantenimiento causando tapones infernales; trató con odio vitriólico a los empresarios privados por su filosofía Chavista en contra de la Libre Empresa y el Libre Mercado; ha creado el ambiente de corrupción generalizada, institucionalizada e impune que es la norma en el Gobierno de Puerto Rico en todos los niveles; acabó de hundir a los sistemas de Retiro; llevado a la Quiebra al Gobierno y a miles y miles de ciudadanos; y ha hecho todo el mal que ha podido por lo que no habrá el Pueblo de Puertorriqueño apenarse de su No Postulación sino Rogar al Sumo Creador porque Renuncie lo Antes Posible y No Siga Destruyendo a Puerto Rico.}
Anaudi Hernández asistía a reuniones en Fortaleza
Anaudi Hernández Pérez, el principal acusado de establecer una red de corrupción a su alrededor con funcionarios gubernamentales, supuestamente, mediante sus influencias con el hermano del gobernador Alejandro García Padilla, entre otros, acudía a La Fortaleza “a reuniones”, de las que nada se sabe y de las que nadie quiere hablar hasta el momento en la Mansión Ejecutiva.
El secretario de Asuntos Públicos del Palacio Santa Catalina, Jesús Manuel Ortiz, dijo a EL VOCERO que no conoce la cantidad de veces que el imputado federal asistió a “reuniones” en el Palacio Santa Catalina.
“Yo no te puedo decir un número de veces porque no tengo ese dato”, indicó, aunque confirmó que Hernández Pérez asistía a La Fortaleza a “reuniones”, sobre todo, a principios del cuatrienio. Ortiz tampoco se enteró sobre los temas que se trataban. “Desconozco, nunca participé”, dejó claro el funcionario.
Las preguntas sobre la frecuencia con la que se reunía Hernández Pérez en La Fortaleza, las fechas, quiénes participaban, cuál era el tema de las reuniones y el saldo de estas, se dejaron sobre la mesa por este rotativo, para que, con tiempo, se buscara la información, pero después de varios días no fueron contestadas.
La falta de información oficial no permite despejar el clima que para muchos parece ser nebuloso y que las mismas autoridades federales han cernido sobre La Fortaleza.
Carlos Cases, jefe del Negociado federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, recomendó al gobernador que leyera “con mucho cuidado” el pliego acusatorio” contra su amigo Hernández Pérez y otros nueve acusados y que “limpiara la casa”. García Padilla informó que acogía la recomendación.
En su mensaje televisado de hoy, algunos esperan que el primer ejecutivo indique cuáles son los determinantes para tomar la decisión que, según fuentes de este diario, podría ser no aspirar a la reelección, y si fue el estado deplorable de la economía y las acusaciones criminales en su entorno cercano lo que lo disuaden para aspirar a un nuevo término.
El empresario Hernández Pérez, según el FBI y la Fiscalía Federal, creó una red de funcionarios públicos a su servicio y de personas en las que influía para enriquecerse ilícitamente. “El propósito de la conspiración fue utilizar las posiciones de los funcionarios públicos en el Gobierno para el beneficio y enriquecimiento propio a través del soborno”, sostienen las acusaciones federales.
Hernández Pérez “utilizaba la amistad con el hermano del gobernador” y las actividades de recaudación de fondos de la campaña del gobernador en el 2012, del que fue su principal recaudador, “para posicionarse para hacer recomendaciones exitosas de personas en puestos después de las elecciones”, afirma el pliego acusatorio.
De estos nombramientos que logró colar en el Gobierno, el FBI ha arrestado hasta ahora a seis funcionarios, así como cuatro empresarios, para un total de 10 personas relacionadas con un mismo alegado esquema de corrupción.
El empresario acusado le enviaba a Luis Gerardo “Gerry” García Padilla, una persona privada y hermano del gobernador, los resumés de las personas que él quería que se nombraran en el Gobierno, y hasta de funcionarios que debían ser despedidos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por estar afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP).
Los funcionarios en la fuente del poder ejecutivo tampoco contestaron quién era el contacto de “Gerry” en La Fortaleza. Ortiz indicó a esa pregunta que “Gerry” solo era “el hermano del gobernador”. El gobernador negó recientemente, en una entrevista radial (WKAQ), que su hermano “Gerry” tuviera el poder de recomendar, poner o despedir personal.
“Mis hermanos son mis hermanos. Como los tuyos Rubén, estoy seguro que te dan concejos, te dicen lo que piensan, quieren lo mejor para tí, que hagas el mejor trabajo en tu profesión… Si me da concejos sobre algún tema, me los da sobre cosas que pueden ser buenas para el país o asuntos así, pero no para tomar una determinación a favor. A veces me dice, mira… (el gobernador cambia el tema de conversación), digo, déjame decir lo siguiente, igual Tato, igual Mary, igual Tony” (los otros hermanos).
Hernández Pérez, principal acusado en este alegado esquema de corrupción, se fue de vacaciones con Gerry y García Padilla tan pronto el dirigente del PPD ganó las elecciones en noviembre de 2012. El gobernador alegó que en ese viaje cada cual sufragó sus gastos.
La información oficial de La Fortaleza es que Hernández Pérez nunca pernoctó en la Mansión Ejecutiva, aunque no llevan registros que puedan confirmar una cosa o la otra.
Finalmente, el gobernador aclaró este fin de semana una pregunta que este diario había hecho y La Fortaleza había evadido contestar: ¿cómo llegó Sally López, una de las acusadas por corrupción, a dirigir la oficina de ayuda al ciudadano?
López, dirigió la Administración de Desarrollo Laboral, que otorgó contratos millonarios a Hernández Pérez, alegadamente a cambio de prebendas. López es una de las personas que aparece en un correo electrónico de Hernández Pérez enviado al hermano del gobernador para recomendarla como directora de agencia. “Muy importante para mí”, agregó en el correo Hernández Pérez.
Cuando esa agencia pasó del Departamento del Trabajo al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el secretario Alberto Bacó no la aceptó en el puesto de confianza, porque “no le tenía confianza por informaciones públicas”, reveló en entrevista radial. Sin embargo, nadie en la Mansión Ejecutiva contestó cómo López llegó en destaque a La Fortaleza. Finalmente, el gobernador admitió públicamente que López era su amiga y él mismo la llevó a trabajar a La Fortaleza. Durante todo ese tiempo en La Fortaleza, López era investigada por el FBI.
No obstante, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, había dicho a EL VOCERO que no fue el gobernador quien la llevó al Palacio Santa Catalina. “No es un servicio que requiere el gobernador. Pudo haber sido cualquier otra persona en La Fortaleza”, dijo. El gobernador tardó más de una semana en corregir a Ortiz, y lo hizo en otro diario de circulación general.
Entre 2012 y 2013 Hernández Pérez y unos “co-conspiradores no acusados” todavía, cuyos nombres no se han revelado, “formalizaron sus planes para obtener contratos” en al menos 13 agencias y corporaciones, aseguraron las autoridades federales en un pliego acusatorio.
Intentan “colar” a Puerto Rico en agenda congresional
El comisionado residente, Pedro Pierluisi, dijo que en los próximos días, las opciones viables de que el Congreso atienda la crisis fiscal de Puerto Rico son que se incluya en el proyecto de presupuesto un mecanismo para reestructurar una parte de la deuda de la Isla y crear una junta de supervisión federal.
“Esto es lo que está sobre el tapete. Lo que queda por verse es si surge el acuerdo necesario de los líderes de ambos partidos en Estados Unidos para que se incluyan en la legislación presupuestaria ambas propuestas”, dijo Pierluisi. “Por otro lado, se mantiene el reclamo de que mejore el trato que recibimos en Puerto Rico con programas como el Medicaid y se nos incluya en programas de créditos contributivos. Sabemos que los líderes republicanos han propuesto que la clase trabajadora en Puerto Rico, por un periodo de, si mal no recuerdo, tres años, tengan que aportar la mitad de lo que normalmente aportan al Seguro Social”.
Según Pierluisi, de estas propuestas que están sobre la mesa, lo que tiene mayor probabilidad de ser aprobado es un mecanismo de reestructuración y la junta de supervisión federal.
LMM ante el Congreso USA al estar analizando la Ley 600 y al preguntársele si estaba consciente de que Puerto Rico se mantendría bajo la Clausula Territorial, contestó algo así como que aceptaba los poderes del Congreso por si Puerto Rico alguna vez se volviera loco, el Congreso podría intervenir y arreglarlo.
“Veo que líderes republicanos están proponiendo el pago reducido al Seguro Social y no creo que haya objeción. Ese otro incentivo también se ve como que pudiera ocurrir”, apuntó.
El Congreso retrasó para esta semana la aprobación de un proyecto denominado Ómnibus que incluye las asignaciones presupuestarias del Gobierno federal. Es en este proyecto que residen las expectativas del Gobierno para que se atienda desde Washington la crisis fiscal del país. El Gobierno ha estado cabildeando para que se incluya un mecanismo que permita a Puerto Rico reestructurar su deuda, incluyendo la opción de poder acogerse al Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras. Pero ya el Congreso ha dejado saber que si llega este mecanismo, no será sin una junta federal que supervise el presupuesto del país.
Los republicanos en Cámara y Senado radicaron sendos proyectos para crear una junta con amplios poderes sobre las decisiones fiscales del país. Según Pierluisi, estos no son los proyectos que están en la mira, sino la aprobación del Ómnibus con detalles que atiendan la situación de Puerto Rico.
El comisionado residente y precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) dijo que ya para hoy se debe conocer la determinación de la mayoría republicana sobre el presupuesto que aprobarán esta semana.
“Yo lo que espero es que se respete la deuda constitucional, que se respete toda la deuda que ha sido emitida por el ELA o avalada o garantizada por el ELA, pues ahí está empeñada la palabra de nuestro pueblo y nuestra Constitución”, dijo Pierluisi. “El mecanismo de reestructuración debe reconocer que ese tipo de deuda no se debe reestructurar a menos que sea como resultado de un proceso de una negociación”.
Sobre los proyectos radicados por congresistas republicanos, Pierluisi indicó que se trata de “propuestas”.
“Esos proyectos lo que hacen es levantar propuestas, pero lo que estamos ahora tratando de lograr es que algunas de las propuestas incluidas en esos proyectos sean parte de la legislación presupuestaria que se tiene que convertir en ley a más tardar este miércoles a media noche”, destacó Pierluisi. “Esos proyectos generan discusión y consideración, pero lo que está sobre el tapete es la legislación presupuestaria. En las áreas que veo más posibilidad es un mecanismo de reestructuración acompañado de una junta de supervisión fiscal o concilio de supervisión fiscal. Eso lo veo bien aspectado. De igual manera veo como posible el pago reducido al Seguro Social para la clase trabajadora”.
En cuanto a la posibilidad de que la administración de Barack Obama tome cartas en el asunto a través de actuaciones del Tesoro, Pierluisi dijo que “no estamos considerando o hablando de un plan B”.
“Mi reclamo al Tesoro siempre ha sido que deben considerar primero garantizar financiamiento a corto plazo para que no colapse la gestión pública y pueda cumplir con obligaciones tan básicas como el pago a suplidores y el pago del bono de Navidad. Yo pienso que un Gobierno que tiene serios problemas de liquidez, no tiene acceso a la banca, pues el Tesoro debe garantizar financiamiento a corto plazo que estabilice las finanzas del Gobierno”, concluyó Pierluisi.
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