El pueblo de Puerto Rico está preocupado por la crisis económica que lo impacta y por su efecto en las generaciones futuras. El Estado Libre Asociado (ELA) colapsó  y sus creadores no saben cómo definirlo y menos cómo resucitarlo. La Isla ha perdido su atractivo para los inversionistas por la sucesión de políticas desacertadas que han paralizado el crecimiento económico. El gobierno y la economía están a la deriva porque la crisis surge del agotamiento del sistema político-económico; aún cuando las transferencias federales representan  el 40% del ingreso por persona.

José Delgado publicó el artículo Los malabares del PPD, en el que señala que  “la visión tradicional del PPPD sobre el ELA, el cual han proclamado como un status único dentro del sistema federal, ha estado impugnada en Washington y ha quedado destruida a nivel político con más contundencia que nunca por el gobierno del presidente Barack Obama”.

El experimento territorial-colonial es uno de los factores que han llevado a la Isla  a la quiebra y la situación continúa empeorando. La evidencia abunda: la insolvencia fiscal gubernamental y de la economía; la pobreza que afecta a más del 50% de la población; 40 municipios bajo el nivel federal de pobreza y muchos en insolvencia operacional; y la emigración de sectores productivos.

El Congreso ha celebrado vistas públicas para buscar una solución temporal a la crisis, entre ellas, la creación de una Junta de Control Fiscal Federal. El Centro para una Nueva Economía (CNE) propone una Ley de Responsabilidad Fiscal. El licenciado Andrés Córdova, de la Facultad de Derecho UIAPR, afirma que “Puerto Rico es un Territorio bajo el Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso; la creación de una Junta (…) es un ejercicio legitimo de su poder político y el Congreso tendrá que atender (…) el problema de nuestro status político”.

Concurro con las gestiones del comisionado Pierluisi para lograr una Junta de Control Fiscal Federal balanceada que respete la autonomía de Puerto Rico (como a un estado), tenga poderes para controlar las finanzas y pueda asistir al gobierno a reestructurar el pago de sus obligaciones. Que extiendan la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras a las corporaciones públicas, y que cualquier medida de reestructuración obligue la transparencia y publiquen los estados financieros auditados y proceda con reformas gubernamentales esenciales. También insistimos en que se corrijan algunas de las disparidades que sufrimos en programas como el Medicaid y el de créditos contributivos federales.

La fuga poblacional corrobora el colapso del sistema colonial que mantiene a 3.36 millones de ciudadanos americanos en la Isla clamando por un cambio para un mejor futuro bajo un modelo político-económico que estimule el crecimiento de la actividad económica privada que produzca más empleos, mejores salarios y menos dependenciaen el estado.

El PPD insiste en un ELA no territorial ni colonial mediante la libre asociación, pero a la vez reconoce que tendrán que suplicarle al Congreso que continúen brindándole a Puerto Rico ayuda federal y la ciudadanía americana, lo cual es imposible bajo la Constitución de Estados Unidos.

Ante las tendencias separatistas del PPD y el fracaso político y económico del ELA, tenemos que rescatar a Puerto Rico de la depresión económica e inseguridades de un estatus colonial, inferior y sin futuro. La resolución del estatus es imprescindible para sacar a Puerto Rico de la bancarrota en que nos ha sumido el ELA colonial.

Urge implantar un plan de desarrollo y recuperación de Puerto Rico que incluya la resolución del status político. Si no se resuelve definitivamente, será imposible revertir la situación económica.

Por eso, repito mi llamado al pueblo y los líderes estadistas: Los compromisos durante las próximas elecciones deben producir un mandato claro e inquebrantable para resolver la crisis fiscal, económica y política y simultáneamente encaminar a Puerto Rico a convertirse en estado.