Una auditoría que señalaba irregularidades que implicaban al decano de la Escuela de Arquitectura del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Francisco Rodríguez Suárez, pasó sin mayores consecuencias ante la consideración de la Junta de Gobierno, meses antes que la sobrina del presidente de ese cuerpo fuera endosada a una beca presidencial por el decano investigado.

Documentos en posesión de EL VOCERO dan cuenta de un largo proceso de tres años en que la Escuela de Arquitectura de la UPR ha estado bajo la lupa de distintos componentes universitarios, luego de que 15 estudiantes de esa facultad

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denunciaron que como parte de un viaje estudiantil a Barcelona en el verano de 2012, entregaron un cheque al profesor Edgardo Arroyo que fue depositado en su cuenta personal. No recibieron sobrantes, ni recibo o desglose de gastos pese a que supuestamente se incumplió con la totalidad de los destinos prometidos.

El informe de la Oficina de Auditoría Interna fue presentado finalmente en junio de 2015, dos años después de que el profesor Elio Martínez Joffre remitió una solicitud de investigación tras enterarse de las denuncias mediante un informe preliminar presentado por el Comité de Personal de Arquitectura que advertía de “riesgos” en los viajes estudiantiles.

La fecha de presentación del informe ante la Junta de Gobierno de la UPR coincidió con la recomendación que hizo el decano tres meses antes para otorgar una beca presidencial a Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez. El decano Rodríguez Suárez respaldó “su potencial rol” en la enseñanza en el Programa Interdisciplinario en Estudios Urbanos de la UPR-RP, y fue seleccionada pese a que no se encontraban dentro de alguna de las áreas de prioridad establecidas por el Comité Institucional.

La auditoría realizada al programa de viajes estudiantiles en la Escuela de Arquitectura detallaba que los profesores crearon cuentas empresariales en un banco privado para recibir y administrar el dinero de los estudiantes. En el caso particular de Arroyo, se detallaba que el profesor no guardó copia de los estados financieros de las cuentas y la sucursal, que ya no existía, como resultado de la adquisición del banco matriz por otra institución bancaria. Indicó al auditor que “nunca le informaron que tenía que rendir cuentas sobre dicho asunto y que la institución externa (en la que fueron a tomar los cursos veraniegos) era quien mantenía las cuentas y las facturas del viaje”.

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Arroyo, el profesor que organizó el viaje a Barcelona en 2012, fue ascendido a Decano Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Arquitectura al momento en que tomaba curso la investigación sobre las alegadas irregularidades.

Mientras tanto, el profesor Martínez Joffre -quien cursó una solicitud de auditoría para investigar el mal uso de fondos- fue destituido como Director del Taller Comunitario por el decano, quien, además, le daba un periodo de cuatro días para desalojar el taller y radicó una querella en su contra.

Pese a que la rectora interina, Ethel Ríos Orlandi, pidió que se restituyera al profesor al Taller durante el periodo de la investigación, el decano usó directamente su vínculo con el presidente interino de la UPR, José Lasalde Dominicci, quien revocó la determinación de la rectora.

Martínez Joffre demandó al decano en junio de 2014 -en un pleito que aún se está litigando- por supuestamente tomar represalias contra él, violar sus derechos constitucionales, acoso moral y difamación.

Durante ese período de tres años, la Universidad inició cinco procesos de investigación de

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distintos entes, al menos dos de los cuales nunca fueron hechos públicos.

El primero de todos los informes lo sometió el Comité de Personal de la Escuela de Arquitectura en octubre de 2012. Dos de los profesores que participaron del comité – Oscar Marty y María Campo Urrutia – declararon bajo juramento que el decano lució molesto y sorprendido cuando se enteró de los hallazgos al punto de pedirles que no rindieran el informe ante la Facultad y que excluyeran la parte de los viajes.

Tanto los estudiantes reunidos en asamblea del consejo General de Estudiantes de esta Facultad como el fundador del Taller Comunitario, Edwin Quiles Rodríguez, exigieron se investiguen las irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte del decano de arquitectura y se divulgue el informe sobre las acciones del decano.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.