El gobierno se la pasaba anunciando que venía el lobo y, ahora que el lobo llegó, se hace el sorprendido.

El lobo no es otro que la controvertible propuesta republicana de crear una junta de control fiscal totalmente federalizada, que iría por encima de la Constitución de Puerto Rico y, por ende, de los poderes que la carta magna les confiere al gobernador y a la Legislatura.

Ni los mismos republicanos se han podido poner de acuerdo en la junta de control fiscal que quieren plasmar en legislación pero, a los efectos prácticos, no sería otra cosa que poner a Puerto Rico en una sindicatura federal.

El pistoletazo de salida que nos ha llevado al enfrentamiento actual lo dio el gobernador Alejandro García Padilla cuando declaró al diario The New York Times, en el verano de 2015, que la deuda pública del País, ascendente a unos $70,000 millones, era impagable en los términos en que estaba estructurada.

Aquellos truenos trajeron estas tempestades, después de los bandazos que se dieron en el Congreso en reclamo del acceso de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, que la mayoría republicana se sigue negando a conceder, así como de paridad en los fondos Medicaid y en otras asignaciones.

También hemos perdido la batalla en contra de la aplicación a Puerto Rico de las injustas leyes de cabotaje que nos obligan a pagar los fletes más altos en la marina mercante más cara del mundo, que es la de Estados Unidos.

El borrador inicial de la legislación que crearía la junta de control fiscal hizo sonar las alarmas y, aunque el anteproyecto ha sido modificado, se sigue tratando de una sindicatura que deja sin efecto la Constitución de Puerto Rico y sin poderes al gobernador y a la Legislatura.

Bajo este escenario, ¿podrían celebrarse las elecciones? Si la Constitución queda en suspenso y no hay comicios, ¿tendría que quedarse García Padilla como figura decorativa en La Fortaleza más allá de este año?

También en relación con las elecciones, fijadas para el 8 de noviembre, hay que preguntarse con qué dinero cuenta el gobierno para celebrarlas. Ojo, que para estos comicios se supone que tengamos operando el escrutinio electrónico, que conlleva un desembolso multimillonario para el gobierno y todavía no se sabe cómo se cumplirá con el contrato de $38 millones suscrito por la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Liza García, con Dominion Voting Systems.

Mientras estas preguntas siguen sin respuesta aquí, los republicanos en Washington –que unánimemente se oponen a darnos un respiro– están divididos en cuanto a la autoridad que reclama Puerto Rico para reestructurar ordenadamente su deuda, incluso fuera del capítulo 9. El ala más conservadora, que abarca cerca de la mitad de los miembros republicanos del Congreso, no quiere oír hablar de poderes de reestructuración, aunque todos, los más y los menos conservadores, están de acuerdo en una junta totalmente federal, con amplios poderes ysin voto para Puerto Rico.

Del otro lado de la moneda tenemos el incumplimiento del gobierno puertorriqueño con la presentación de los estados financieros auditados del año fiscal 2014, que tienen ya un año completo de atraso.

Además, sigue sin corregirse la inacción gubernamental en aspectos clave para la credibilidad de la administración García Padilla. Por ejemplo, no se han depurado lo suficiente los gastos públicos ni los contratos externos del Ejecutivo y la Legislatura.

Tampoco se ha dado a conocer un plan de estímulo económico, esencial para la recuperación fiscal, a pesar de que la recomendación figura en el Informe Krueger de 2015.

En el área de los impuestos, el gobierno insiste en recaudar contribuciones adversativamente, como lo evidencian el caso Walmart, en el que el Tribunal Federal falló a favor de la multinacional, y la campaña en pro del Impuesto al Valor Añadido (IVA), que ya fracasó el año pasado y que los propios legisladores de la mayoría popular no respaldan.

Aunque hay que reconocer que el Departamento de Hacienda ha tenido una buena racha en la lucha contra la evasión contributiva, creemos que ha sido tímida y nos preguntamos cuándo hará una redada en las marinas de lujo en busca de ingresos ocultos.

Es obvio que debemos apurarnos con las iniciativas propias. Cuando llegue la sindicatura federal, ya no habrá tiempo.

(irene.garzon@gfrmedia.com)