Ejecutivos locales afirman que contenderán señalamientos del SEC

Al pagar una penalidad de $26.6 millones dirigida a compensar a miles de inversionistas boricuas, UBS Financial Services of Puerto Rico transó con la Comisión de Intercambio y Valores federal (SEC, por sus siglas en inglés) cargos de fraude perpetrados por medio de un esquema de declaraciones engañosas y otras violaciones, supuestamente cometidas bajo la dirección del entonces presidente Miguel A. Ferrer y otro alto ejecutivo, Carlos J. Ortiz.

Además de la principal casa de corretaje de la Isla, también fueron acusados personalmente Ferrer y Ortiz –director gerencial en áreas de mercadeo de capital– por el SEC, de “hacer declaraciones engañosas a los inversionistas, esconder la crisis de liquidez y de ocultar su control del mercado secundario para 23 de sus fondos mutuos cerrados (closed-end funds)” durante el período del 2008 al 2009.

Pero contrario a UBS Puerto Rico, que pagó la penalidad sin aceptar ni negar las acusaciones de los reguladores federales, tanto Ferrer como Ortiz rehusaron llegar a un acuerdo con el SEC y adelantaron que van a defenderse de las alegaciones en su contra.

“Aunque el SEC ha preguntado si deseo transar esta acción, como ha sido el caso con mi patrono, me he rehusado”, dijo Ferrer en declaraciones escritas. “Déjenme ser absolutamente claro: No puedo comprender por qué ni cómo es que estoy envuelto en esta controversia. No he hecho nada indebido, no he violentado ninguna ley y siempre he actuado en los mejores intereses de nuestros clientes. Los ofrecimientos de fondos, a los cuales se refiere el SEC, fueron y son inversiones sólidas que han provisto a nuestros clientes con ganancias favorables”.

Por su parte, Ortiz aseguró que “las alegaciones del SEC carecen de todo mérito. En todo momento, yo y el equipo que superviso hemos sido participantes responsables del mercado secundario para los fondos, en un esfuerzo para mantener un mercado ordenado. Cualquier reclamo del SEC de que los inversionistas fueron engañados o maltratados es infundado”.

Uno de los problemas fue que UBS supuestamente impidió que sus clientes pudieran minimizar sus pérdidas mediante la venta de acciones, dice la orden contra Ferrer que para énfasis, cita con lujo de detalles las pérdidas sufridas por par de jubilados que perdieron todos sus ahorros luego de tratar infructuosamente de salirse de las inversiones en los fondos, mientras los corredores alegadamente trataban de “mantener la ilusión de liquidez del mercado”.

Una estrategia perjudicial

“La descarga de su inventario por UBS-PR también perjudicó a los inversionistas que vendieron o trataron de vender sus acciones”, señala el SEC que explica que las órdenes de ventas sin ejecutar crecieron de $19 millones en marzo del 2009 a $60 millones en junio del 2009 y a $72 millones para septiembre de ese mismo año. Añade que “los clientes esperaban semanas o meses para que UBS-PR ejecutara sus órdenes, con pérdidas significativas y precios más bajos, mientras las órdenes de ventas de algunos clientes nunca se ejecutaron”.

Esto correspondía –según el SEC– a una estrategia corporativa que comenzó en el 2008 cuando la casa de corretaje se acercó a miles de inversionistas en la Isla destacando las ventajas de los fondos mutuos cerrados prometiendo un mercado estable y altas ganancias, sabiendo lo riesgosas que eran en realidad las inversiones.

¿Pérdidas de $500 millones o $5 millones?

Ahora, tales ganancias o pérdidas en este período turbulento son fuente de disputa. En su orden de cese y desista contra Ferrer, el SEC asegura que para septiembre del 2009 los fondos mutuos cerrados de UBS habían perdido $500 millones o el equivalente de un 10 por ciento a un 15 por ciento de su valor.

El estimado oficial de las pérdidas es rechazado por Carlos Ubiñas, principal oficial ejecutivo de UBS-Puerto Rico, quien afirmó a EL VOCERO que cualquier pérdida incurrida por los inversionistas que compraron acciones en estos fondos y las vendieron en el período del 2008 al 2009, cuando el mercado estaba en crisis, sería de menos de $5 millones. En estos momentos, afirmó Ubiñas, la capitalización agregada de los fondos es de casi $5,000 millones. Los fondos mutuos cerrados es un género de inversión que está limitado al mercado de Puerto Rico, por lo cual generalmente caen fuera de la jurisdicción muchos de los reglamentos del SEC.

“Eso es bien fácil de aclarar. El periodo en el cual estamos hablando es el de la crisis financiera global, cuando había una gran volatilidad en el mercado bursátil”, dijo Ubiñas. “Los precios de los fondos bajaron y subieron como en todos los mercados. Esa baja que menciona el SEC, esa es una baja en precio no realizada. Si todos los clientes hubieran vendido, la pérdida agregada hubiese sido esa. Pero solo una porción pequeña vendió y los que vendieron realizaron pérdidas por no más $5 millones. Los que no vendieron están ganando dinero”.

Pero uno de los problemas fue que UBS supuestamente impidió que sus clientes pudieran minimizar sus pérdidas vendiendo las acciones, dice la orden contra Ferrer que da lujo de detalles de las pérdidas sufridas por par de jubilados que perdieron todos sus ahorros.

“La descarga de su inventario por UBS-PR también perjudicó a los inversionistas que vendieron o trataron de vender sus acciones,” señala el SEC, que explica que las órdenes de ventas sin ejecutar crecieron de $19 millones en marzo del 2009 a $60 millones en junio del 2009 y a $72 millones para septiembre de ese mismo año. Añade que “los clientes esperaban semanas o meses para que UBS-PR ejecutara sus órdenes, con pérdidas significativas y precios más bajos; mientras las órdenes de venta de algunos clientes nunca se ejecutaron.

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