En una vista ante la Comisión cameral de Gobierno

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El movimiento Pueblo Unido en Defensa del Aeropuerto (Pueda) llegó este miércoles por la tarde al lugar de trabajo del gobernador Alejandro García Padilla, La Fortaleza, para reiterar su oposición a la privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

Entre las organizaciones participantes se encuentran la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas de la Autoridad de los Puertos, el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), el Movimiento Unión Soberanista (MUS), La Nueva Escuela, el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

«No vamos a permitir que manos extranjeras nos quiten el aeropuerto. Esta administración tiene que enmendar la porquería que hizo la anterior porque si no van a pagar las consecuencias en cuatro años, que van pa’ fuera. Quieren quedar bien con los inversionistas, pero con el pueblo puertorriqueño quieren quedar mal, y eso se paga en las urnas», dijo Astrid Rosario, presidenta de la Hermandad, antes de iniciar el piquete en las intersecciones de las calles Fortaleza y del Cristo.

Julio Narváez, integrante de la Hermandad, agregó: «Hemos comprobado en las vistas públicas que esto es un mal negocio para Puerto Rico. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para detener la privatización. Esto apenas comienza».

Los manifestantes, que superan el centenar, cargan diversas pancartas con mensajes en repudio a la privatización.

El paso hacia La Fortaleza está limitado a los empleados. Una docena de policías estatales vigila las vallas que delimitan el área.

La calle del Cristo está cerrada desde la intersección con la Catedral.

La Alianza Público Privada (APP) que dejaría en manos de la empresa mexicana Aerostar Airport Holdings la operación del aeropuerto por 40 años fue negociada bajo la administración de Luis Fortuño y está bajo la evaluación de la Federal Administración de Aviación (FAA).

Cero opciones a la APP

Colberg aseguró que la app eliminaría dos terceras partes de la deuda del aeropuerto. El Vocero/Dennis A. Jones

Al decir que la Autoridad de los Puertos no tiene dinero ni para pagar la nómina del próximo mes, el secretario de Asuntos Públicos en La Fortaleza, Jorge Colberg Toro, admitió que la actual administración no cuenta con un plan alterno para obtener fondos que no sea ceder el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a una alianza público privada (APP)

“Es la única opción que tenemos sobre la mesa”, dijo Colberg Toro al insistir en que el Gobierno no puede paralizar el contrato. El déficit de Puertos es de $900 millones y la creación de una APP, dijo, eliminaría dos terceras partes de esta deuda.

“Si alguno de los funcionarios electos tiene idea de lo que quieren traer, excelente”, dijo Colberg Toro sobre una transacción que es duramente criticada desde la Legislatura, específicamente la Cámara. Añadió que el contrato es legal, por lo cual no ve forma posible de que el Gobierno se zafe del acuerdo.

“La Autoridad de Puertos está quebrada. No puede coger un solo centavo prestado. (En la caja) hay alrededor de $4 millones que es para la nómina del próximo mes. Si no hay una solución en 30 días, no hay dinero para pagar la nómina “, dijo. “Estamos trabajando con una situación que se heredó y se está buscando la manera de subsanarla”.

Colberg Toro repitió que buscarán salvar los empleos del aeropuerto, enunciado que ha hecho anteriormente el gobernador, Alejandro García Padilla. Aun así, los trabajadores afiliados a la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas (HEO), sindicato que agrupa a los empleados del aeropuerto, se unirán a la protesta prevista para hoy frente a La Fortaleza.

El exlegislador ofreció una conferencia de prensa ayer en la Mansión Ejecutiva, justo antes de que García Padilla atendiera a la prensa para hablar del posible aumento en la factura del agua. Cuando se le preguntó si la privatización era la opción de esta administración, no contestó. Se le preguntó entonces cuáles son las opciones en caso de que la transacción no prospere. Contestó que en ese escenario, habría que buscar alternativas.

“Habría que sentarse a buscar alternativas. Estamos partiendo de una realidad de que hubo un proceso de la pasada administración legal, que obliga a esta administración a trabajar con la realidad que tiene, no con escenarios hipotéticos”, dijo.

Vital concretar APP aeropuerto

5 de febrero de 2013 – Actualidad, – Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO

De lo contrario Puertos no tendría dinero para pagar a sus empleados, pues “está quebrada”

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Jorge Colberg Toro. EL VOCERO/ Willín Rodríguez

Si no se concreta la alianza público privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el actual Gobierno no tendría ni para pagar la nómina de la Autoridad de Puertos, según el secretario de asuntos públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro.

Admitió que tampoco tendrían opciones para sustituir este contrato, el cual según insistió es completamente legal. Colberg Toro cerró así las puertas a la posibilidad de que este Gobierno cancele o objete por cualquier mecanismo el contrato de privatización del Aeropuerto.

“La Autoridad de Puertos está quebrada. No puede coger un solo centavo prestado. Son $4 millones del pago de la nómina del próximo mes. Si no hay una solución en 30 días, no hay dinero para pagar la nómina”, dijo.

El economista Francisco Catalá, asesor de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, estimó hoy en cerca de $1,000 millones las pérdidas que tendría para Puerto Rico la privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín por un periodo de 40 años.

Catalá explicó que, en el polémico contrato que viabiliza la alianza público privada (APP), la empresa mexicana Aerostar Airport Holdings se compromete a realizar mejoras permanentes en la instalación portuaria por $1,400 millones a través de las cuatro décadas. Sin embargo, la mayor parte de esos fondos serían de carácter reembolsable.

El ingreso neto de las operaciones anuales del aeropuerto, señaló, oscilan de $50 a $60 millones por cada año.

“El valor presente de ese beneficio neto analizándolo por 40 años se estima en alrededor de $1,600 millones. Mientras que el valor presente de la oferta del privatizador se estima en unos $713 millones. Hay una pérdida neta para el pueblo de Puerto Rico de más de $800 millones… Algunos estiman esa pérdida en $1,000 millones”, explicó Catalá durante una rueda de prensa en el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Hato Rey.

A juicio del economista, la transacción resultaría onerosa, ya sea a corto o a mediano plazo, para Puerto Rico.

“Esta APP no está en correspondencia con lo que debe ser una APP, que es el desarrollo de nueva infraestructura, no la administración de empresas públicas existentes. En segundo lugar, el riesgo lo asume únicamente el sector público, no se distribuye de forma justa y, finalmente, el contrato representa un impacto negativo inmediato en la Autoridad de Puertos”, expresó.

Al ser cuestionado en torno a cuál sería la receta para enfrentar la precaria situación fiscal tanto de la Autoridad de Puertos, como de las autoridades de Energía Eléctrica y de Acueductos y Alcantarillados, Catalá señaló que es necesario eliminar la politización de estas corporaciones públicas, particularmente de sus respectivas Juntas de Directores, y establecer una comisión reguladora que fiscalice las operaciones y la toma de decisiones.

Santiago, por su parte, reiteró su rechazo al contrato con Aerostar y anunció la integración del PIP a la protesta en contra de esta transacción pautada para esta tarde frente a La Fortaleza.

“(Al gobernador Alejandro García Padilla) le tiene que preocupar la impresión que cause que se quede en esta negociación y que reitere ante el mundo que el Gobierno de Puerto Rico es incapaz de entrar en una negociación privada que no sea para hacer el papel de negociante tonto que siempre se lleva las de perder”, expresó.

A juicio de la senadora, resulta incongruente que Puertos entregue la única instalación que le produce ganancias bajo el argumento de que es una medida necesaria para enfrentar la crisis fiscal en esa dependencia.

Además, Santiago propuso una reforma contributiva integral para ayudar a atender la crisis económica que enfrenta el país.

Opinó que la extensión del arbitrio de 4% a las corporaciones foráneas, medida propuesta por el PIP e implementada por la actual administración, resulta insuficiente.

“Actualmente, los $1,800 millones que genera anualmente ese arbitrio provienen de las aportaciones que hacen aproximadamente 40 empresas, una base contributiva peligrosamente estrecha”, dijo.

“Es necesario promover una reforma contributiva integral, no una reforma populista con propósitos electoreros inmediatos, una reforma que llegue, por ejemplo, a que la tasa efectiva de contribución de las corporaciones en Puerto Rico sea una tasa uniforme del 10% que permita, además, una fiscalización adecuada”, agregó.

Finalmente, criticó el proyecto de “Ley de Empleos Ahora”, al que describió como “inaprobable”.

“La única medida que se ha llevado a la consideración de la Asamblea Legislativa está plagada de errores evidentes desde una primera lectura y, a estas fechas, nadie puede precisar cuál será el costo de los incentivos que provee la Ley de Empleos Ahora ni de dónde procederán so fondos”, sostuvo.

Santiago opinó que “los tropiezos que está dando la nueva administración en los primeros días (de su gestión) es alarmantes. Estamos en un muy mal comienzo”.