Las organizaciones profesionales de policías comenzaron a crear un frente que muy bien podría degenerar en una actitud de brazos caídos en la principal agencia de seguridad pública, cuyas filas se han visto diezmadas en los últimos cuatro años.

Se trata, tal vez, de la primera prueba de fuego del superintendente de la Policía, Héctor Pesquera, que ayer se limitó a señalar, a través de su portavoz de prensa, que acatará la orden ejecutiva, firmada por el gobernador Alejandro García Padilla, suspendiendo el pago por el exceso de días acumulados por enfermedad.

Pesquera, quien en estos días ha limitado sus expresiones sobre su permanencia o salida del cargo, llegó a la agencia luego que el exgobernador Luis Fortuño honrara parcialmente el ajuste salarial de la Uniformada, legislado en el 2004 pero, hasta entonces, nunca implantado.

Esto calmó un tanto los recurrentes reclamos de policías por los ya tradicionales atrasos en el pago de horas extra, los días no usados por enfermedad y las exigencias por un mejor equipo para combatir el crimen.

Ayer, sin embargo, esos reclamos parecían avivarse, ante la determinación de García Padilla, al punto de que las agrupaciones policiacas, usualmente divididas en sus reclamos, convocaron a una marcha el próximo miércoles frente al Capitolio.

“Están molestos”

“Los policías están molestos, con la moral baja. No esperaban ese golpe del gobernador, ya que él nos había indicado que no nos iba a quitar beneficios a los policías durante la campaña”, dijo Fernando Soler, vicepresidente del Concilio Nacional de Policías (Conapol).

No se trata de un simple reclamo económico ante un Gobierno con una situación fiscal de extrema precariedad. La orden ejecutiva establece que los policías agotarán sus días de enfermedad en exceso en sus vacaciones. El efecto neto de esto será menos patrulleros en la calle.

“No nos podemos dar el lujo de tener menos policías. Hay que buscar la forma de que el gobernador entienda que esto va a afectar a los policías y al pueblo. Los ánimos están caldeados. La molestia es grande. Hoy mismo atendimos sobre 300 agentes molestos por la decisión”, dijo José Cruz Martínez, del Sindicato Puertorriqueño de Policías.

Y es que esta orden se suma a una serie de decisiones que en el pasado cuatrienio eliminaron gran parte de los recursos humanos disponibles en la Policía para combatir el crimen. La Ley 7 de Emergencia Fiscal, por ejemplo, redujo a cerca de la mitad los empleados civiles de la agencia. Las tareas que realizaban estos trabajadores fueron subsanadas por policías, que en lugar de estar en las calles deteniendo delincuentes pasan sus días como oficinistas.

La Ley 70 de Retiro Temprano también causó un golpe significativo en las filas de la Uniformada al reducir en un 11% los oficiales. En números concretos, por la ventana, se retiraron unos 2,111 policías, muchos de ellos en su fase más productiva, con poco más de 15 años en la agencia.

A esto se le suma la jubilación usual de más de 200 oficiales al año y que esta es una de las agencias que más reclamaciones tiene ante el Fondo del Seguro del Estado. Algunos estimados extraoficiales han calculado que la Policía cuenta con unos 12,000 agentes activos. Esto sería cerca del 60% de los agentes que tenía la agencia para el año 2000.

“Con esto va a ser más que evidente la baja en la presencia policiaca. Ahora mismo los policías tienen 30 días de vacaciones al año. Esto eleva los días por vacaciones a 48. No van a tener gente disponible en los cuarteles”, dijo el presidente de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Jaime Morales.

Ayer el jefe policiaco rehusó precisar cómo atenderá la escasez de recursos que la orden ejecutiva traerá a la Policía ni cómo espera poder mantener en alto la moral de los policías, cuando a esta situación se suman otras deudas multimillonarias de la agencia con sus miembros.

De hecho, la Policía ya ha reconocido que les adeuda a sus miembros por concepto de vacaciones, retiro y ajuste salarial alrededor de $150 millones.

Las organizaciones policiacas, sin embargo, alegan que el monto es mucho más y podría sobrepasar los $200 millones. Esta deuda ha sido objeto de al menos dos demandas contra el Gobierno que todavía están pendiente en los tribunales.