Imponer  un impuesto a la venta a los insumos y servicios que utilizan las empresas puede aumentar el costo de los productos y servicios, reducir la competitividad de los negocios y afectar el clima de inversión y para generar empleos.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio “Los efectos adversos de las propuestas existentes para imponer un impuesto a la venta a las inversiones y servicios de los negocios”, que fue elaborado por la firma Ernst & Young y dado a la publicidad el pasado mes de abril.

El estudio fue preparado a petición del Consejo Estatal de Tributación (COST por sus siglas en inglés), una organización que integra a más de 600 de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos.

El estudio surge en momentos cuando las legislaturas de cuatro estados han recibido en el 2013 medidas para extender el impuesto a la ventas y a los servicios que utilizan las empresas. Estos estados son Louisiana, Minnesota, Nebraska y Ohio. 

Puerto Rico, cuya legislatura evalúa actualmente una propuesta del gobernador Alejandro García Padilla, para extender el IVU a determinados servicios que compran las empresas, no fue incluido en el estudio.

Según el estudio de COST, ya existen 46 estados que le imponen impuestos a la venta a las compras de insumos que realizan las empresas para elaborar sus productos o los servicios que ofrecen.

Entre las conclusiones principales del estudio figura que los impuestos a la ventas que actualmente se le impone a los insumos pueden causar una serie de distorsiones en la actividad económica de los estados.

 Efecto pirámide

Las distorsiones son causadas por lo que los economistas llaman el “efecto pirámide”, que ocurre cuando un impuesto sobre las ventas se impone a los insumos de los empresas y comercios, tanto en las etapas de producción y en el proceso de distribución, previo a la venta final a los consumidores. Es en este escenario, donde existe la amenaza de que más estados impongan tributos a los servicios que adquieren las empresas, que la organización COST solicitó el estudio para conocer los peligros que se podrían enfrentar.

Según el estudio, “el efecto pirámide es responsable de que la tasa real o tasa efectiva que pagarán los consumidores por los productos y servicios, será superior a la tasa legal”, que es aquella tasa del impuesto a la venta que es conocida ampliamente en el mercado.

El estudio indica que la tasas efectiva es la suma de los “impuestos escondidos” que recibe un producto o servicio durante la cadena de producción o antes de ser adquirido por los consumidores.

 Golpe al bolsillo

Incluso, el estudio indica que el efecto pirámide afecta el bolsillo de los consumidores, porque ese costo adicional que representan los impuestos escondidos, se incluye en el precio final que paga el consumidor al adquirir los productos o servicios.

Además, sobre ese precio final se impone la tasa legal del impuesto a la venta, que en el caso de los estados en Estados Unidos, la tasa promedio oscila entre 5 por ciento y 6 por ciento.

Según el documento, aunque la mayoría de los estados hacen algún intento de reducir el efecto pirámide de su impuesto sobre las ventas, a través de exenciones específicas, estos esfuerzos están lejos de ser satisfactorios.

Incluso, el estudio señala que los estados les imponen actualmente a las ventas $130 mil millones en impuestos, que incluyen compras de las empresas de insumos, servicios y equipos.

Distorsiones

La ampliación del impuesto sobre las ventas a los servicios, advierte el estudio, tendría el efecto de  “ampliar el efecto pirámide y las distorsiones que causa en la economía”.

Otra de las conclusiones es que “al imponer un impuesto sobre las ventas a los insumos de los negocios representa un costo adicional de hacer negocios”.

Ante esta circunstancias, advierte el informe, “las empresas, o transmiten ese costo en el precio final de los productos o tratan de reducir su actividad económica”.

Unos de los aspectos más controversiales del estudio es que señala que las empresas cobijadas por estos impuestos pierden competitividad en el territorio de los precios, en relación con otros productos producidos en otros mercados donde no se pagan ese tipo de tributo.

Por lo tanto, señala el informe, es probable que para ganar competitividad estas empresas reduzcan sus inversiones y hasta la plantilla de empleados, en respuesta a los impuestos de ventas en sus compras de insumos o servicios.

Otro de los señalamientos es que las empresas podrían hasta ofrecer salarios más bajos, para poder mantener la competitividad de sus productos o servicios, en relación a empresas de otros estados o del extranjero.

También denuncia que al extender a los servicios el impuesto a la venta se enfrenta el peligro de que el alza en el total de impuestos que pagan las empresas oscile entre 12 por ciento y 28 por ciento.

Esta alza representa un efecto adverso a la competitividad de las jurisdicciones donde se imponga este tipo de impuesto, provocando que pierdan atractivo para la inversión, lo que afectaría la economía de esos estados.

Curiosamente, el estudio menciona que  Florida intentó imponer un impuesto a las ventas a las compras de negocios en el 1987 que duró seis meses.  Michigan  intentó imponer un impuesto a los servicios en el 2007  y el experimento duró 24 horas.

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GRACIAS AL PPD (RENDIRÁ MENOS EL DÓLAR A LOS CONSUMIDORES)

Las nuevas imposiciones que el Gobierno Central pretende imponer al país, pudiesen devolver la realidad económica del puertorriqueño a los años en que se impuso inicialmente el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), época que marca el mayor peso económico sobre los contribuyentes, cuando 32 centavos de cada dólar estaban comprometidos con la carga contributiva.

El economista Gustavo Vélez explicó que con la Reforma Contributiva aprobada en el 2011 bajo el gobierno de Luis Fortuño, se redujo el peso contributivo de los puertorriqueños, realidad que podría cambiar con todas estas nuevas imposiciones que llevarían a los consumidores a la realidad de aquel entonces o empobrecerlos un poco más.
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Rendirá menos el dólar a los consumidores

www.vocero.com

Todos los economistas de la Isla han hecho el mismo pronóstico de que los consumidores son los que terminarán pagando más

Rendirá menos el dólar a los consumidores

13 de mayo de 2013 – Negocios, Puerto Rico – Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO

Todos los economistas de la Isla han hecho el mismo pronóstico de que los consumidores son los que terminarán pagando más

Suministrada.

Las nuevas imposiciones que el Gobierno Central pretende imponer al país, pudiesen devolver la realidad económica del puertorriqueño a los años en que se impuso inicialmente el Impuesto de Ventas y Uso (IVU), época que marca el mayor peso económico sobre los contribuyentes, cuando 32 centavos de cada dólar estaban comprometidos con la carga contributiva.

El economista Gustavo Vélez explicó que con la Reforma Contributiva aprobada en el 2011 bajo el gobierno de Luis Fortuño, se redujo el peso contributivo de los puertorriqueños, realidad que podría cambiar con todas estas nuevas imposiciones que llevarían a los consumidores a la realidad de aquel entonces o empobrecerlos un poco más.

De ser aprobadas las nuevas imposiciones tal y como se han presentado, representan $1,200 millones, de los cuales $800 millones responden a la imposición del IVU de negocio a negocio, donde ante una economía tan frágil y menos productiva traería consigo una mayor evasión y emigración de la clase profesional de la Isla. Esto a su vez afecta la perspectiva de recuperación económica ya que contrae la base contributiva y se penaliza a la clase que más paga, la denominada clase media.

Hasta ahora, y contrario a la posición oficial del gobierno, todos los economistas de la Isla han hecho el mismo pronóstico de que los consumidores son los que terminarán pagando más, sobre todo de manera indirecta en aquellos renglones en los que aparentemente no les grava las nuevas imposiciones.

Para el economista Argeo Quiñones, si lo que se busca es aumentar los recaudos del gobierno hay que fortalecer el proceso de fiscalización que lleva a cabo el Departamento de Hacienda de los impuestos que trabaja la agencia. Recomienda evaluar inicialmente al segmento de alto nivel económico, quienes afirmó tienen el control administrativo de las agencias que vienen obligadas a velar por el cumplimiento contributivo y quienes gozan de innumerables incentivos contributivos, deducen todo lo que desean y reportan la cantidad que desean.

Mencionó adema que hay que ver cuán viable es pasar el nuevo impuesto al consumidor, ya que depende de la elasticidad del bien o servicio, ya que el mismo depende de la competencia.

“Si no enfilan las iniciativas en la búsqueda de ingresos en los sectores privilegiados económicamente, y quienes gozan de más de 70 exenciones contributivas cuyos resultados nunca son evaluados, se tendrá que continuar recargando  a la clase media, lo que repercute en la depresión de adquisiciones de bienes y servicios eliminándose con ello a los Pymes (pequeños y medianos negocios) y profundizando la crisis”, puntualizó Quiñones.

Para la economista Marta Quiñones, el impuesto sí afectará a los consumidores, pero entiende tratarse de solidaridad social, donde el más que gane pague más y poco a poco se retribuye al gobierno para sacar de la dependencia aquellos que hoy están inmersos en esta y que luego igualmente aportarían al fisco.

“Esto es justicia económica, un contrato social para ayudar a los demás a salir  del estancamiento en que se encuentran. El problema estriba, en que la ciudadanía se opone hacerlo porque ven que el dinero que aportan no llega a donde tiene que llegar y.optan por dejar el trabajo y moverse a la economía subterránea”, sostuvo la economista.

 

Por su parte, Argeo Quiñones agregó que el gobierno tiene que mejorar la administración del sistema contributivo, atacar la evasión y concentrarse en los altos niveles de ingreso, mediante una propuesta efectiva de crecimiento económico que reactive la economía y la haga crecer. Igual debe desarrollar una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos, donde impere la transparencia y las consecuencias políticas, legales y económicas para aquel que opere errado. Dijo que actualmente el 10% del presupuesto anual se vota.

Explicó que existe una ética contributiva que hay que modificar en cuanto al cumplimiento de los ciudadanos con su obligación tributaria. Pero resaltó que para eso se necesita que el estado demuestre que está haciendo un uso adecuado de esos recaudos. “Mientras exista la percepción del derroche, del mal uso, de la malversación de fondos públicos, eso alimenta el deseo de no tributar”, enfatizó.

El catedrático expresó que se debe dar énfasis al cumplimiento de las estipulaciones expresadas tras las aprobaciones de las exenciones contributivas. Afirmó, que el mantengo corporativo está afectando severamente la estabilidad del Banco Gubernamental de Fomento, el cual se encuentra caso insolvente.

“El gobierno al otorgar un decreto de exención contributiva la tiene que acompañar con unos objetivos bien claros de creación de empleos, de compra de productos en Puerto Rico, de utilización de ciertas tecnologías, de criterios ambientales, de vínculos con la comunidad, de fomento de exportaciones, entre otros, y tiene que darle seguimiento para que la parte que se beneficie de la exención cumpla con los objetivos económicos. De esa manera  estaríamos incentivando el crecimiento de la economía”, apuntó.