Según José Aponte esta medida se ha ejecutado en varios estados

El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, propuso enmendar la Constitución de Puerto Rico para otorgarle al Pueblo el derecho a revocar el mandato de funcionarios electos antes de la finalización de su término.

“La realidad política que estamos viviendo hace muy conveniente que se brinde al Pueblo la oportunidad de expresarse si quiere que se le empodere con la capacidad de revocar el mandato de un oficial electo que sus decisiones le están afectando. De otro lado, la actual mayoría no debe oponerse a que el Pueblo se exprese, pues estaría proyectando su temor a la decisión del soberano en la democracia: el Pueblo”, comentó Aponte Hernández mediante comunicación escrita.

El líder estadista radicó la Resolucion Concurrente de la Cámara 34 la cual dispone que el concepto de la revocación sea sometida al electorado puertorriqueño para su consideración en un referéndum especial.

Según describe la exposición de motivos de la pieza legislativa, “el proceso de revocación de mandato es una herramienta para fortalecer la democracia de una sociedad y para colocar controles adecuados al desempeño de todos los funcionarios. Este procedimiento refuerza el control del Pueblo sobre el gobierno; permite a los votantes el corregir las fallas de los sistemas electorales, producidas por el sistema de elección plural; reduce la alineación de los votantes; educa al electorado y le brinda más poder al Pueblo”.

En otras jurisdicciones de los Estados Unidos, los ciudadanos han utilizado este poder para remover un gobernador, legisladores e inclusive jueces electos, y ha sido empleada con frecuencia para remover funcionarios de gobiernos locales.

La primera revocación de un mandatario aconteció en el estado de Dakota del Norte en el 1921. El mandato del gobernador Lynn Fraizer fue derogado por su insistencia de imponer masivos impuestos a la ciudadanía.

Ejemplos más recientes han ocurrido en los estados de California en el 2003 y Wisconsin el pasado año. En el caso del primero, los votantes decidieron remover al entonces gobernador, Gray Davis, por su manejo de la crisis presupuestaria. Mientras que en Wisconsin los electores retuvieron al gobernador, Scott Walker.

La iniciativa del pasado presidente cameral surge ante “la plétora de nuevas imposiciones contributivas, errores administrativos y descalabro fiscal provocado por la actual administración del Partido Popular Democrático en apenas cinco meses de gobierno”.

“En Puerto Rico, estamos experimentando una crisis de liderato administrativo y eficiencia gubernamental. El actual gobierno propone aumentos en todos los servicios básicos como el agua, luz, peajes, y el incremento en impuestos y arbitrios sin precedente. A esto hay que sumarle el atropello al que han sometido a nuestros servidores públicos y la eliminación de beneficios a los jubilados, menoscabando derechos adquiridos y contractuales, en contravención a lo dispuesto en nuestra Constitución. La estrangulación económica del pueblo de Puerto Rico pone a flote la necesidad que tiene el pueblo de poder gobernar todo el tiempo, en lugar de tan solo cada cuatro años. El desastre administrativo ha provocado que la ciudadanía cuestione si la actual administración merece el privilegio de mantenerse gobernando por cuatro años”, puntualizó el representante novoprogresista.