El Supremaso

06/12/2013 | Filed under: Seminarios | Posted by:

NR – El PPD se olvida que el Tribunal Supremo siempre había funcionado como un Comité de Barrio PPD y hasta decidían elecciones apropiandose el voto cuado tenían mayoría. Es que los dirigentes del PPD tienen una mentalidad LatinoAmericanista donde el poder judicial es un instrumento de la Oligarquía Criolla. Ya eso pasó, los del PPD como no creen en el Imperio de la Ley, creen que el poder político no tiene que cumplir con la ley, por eso prometen seguir actuando con ilegalidades. 

EL SUPREMO

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Posted by Israel Roldan

Desde los años 40 el Tribunal Supremo de Puerto Rico estaba integrado por jueces nombrados por gobernadores electos por el Partido Popular. Aún bajo gobernadores electos por el Partido Nuevo, como don Luis A. Ferré, Romero Barceló y Roselló, la mayoría de los jueces seguían siendo nombramientos de gobernadores populares. Nadie criticaba por ello al Tribunal Supremo.Luego de 60 años, bajo la gobernación de Fortuño, este pudo nombrar seis jueces al Tribunal Supremo y se constituye una mayoría de jueces del Supremo nombrados por un gobernador electo por el PNP. Las críticas no se hicieron esperar. Los populares que se creían dueños del Tribunal Supremo, se negaban a aceptar que por primera vez en 60 años la mayoría de los jueces del Tribunal no habían sido nombrados por gobernadores populares.

Recordamos la decisión política del Tribunal Supremo de entonces, que le dio la victoria a Acevedo Vila, la conocida como los pivazos. Pero la prensa popular y el liderato popular aplaudía la decisión después de todo era el Tribunal Supremo el que había decidido que el gobernador electo era Aníbal Acevedo Vilá.

El Tribunal Supremo siempre ha tenido jurisdicción para, por vía de certificación, entender directamente casos que están revestidos de gran importancia. La legislatura del PPD aprobó la Ley 18 que fue firmada por el gobernador García Padilla para quitarle esos poderes al Tribunal Supremo. La prensa no protestó y los líderes populares aplaudieron la Ley.  Y pasó lo que todos los abogados sabíamos que iba a pasar, el Tribunal Supremo decidió que la Ley 18 era inconstitucional porque era un intento del poder legislativo y del poder ejecutivo de limitar los poderes del poder judicial, lo cual en estricto derecho es cierto. Los 6 jueces nombrados por el gobernador Fortuño votaron en contra de la Ley y los tres jueces nombrados por Hernández Colón y Sila Calderón votaron  a favor de la Ley.

La interpretación correcta es que el Tribunal Supremo defendió los poderes y la jurisdicción que siempre ha tenido. La legislatura y el gobernador pretendieron quitarle dichos poderes solo porque la mayoría fue nombrada por Fortuño. Y lo que es lamentable es que los tres jueces del PPD votaran a favor de reducir sus poderes por la misma razón que tuvo la legislatura y el gobernador.

Los jueces nombrados por el PNP defendieron al Tribunal Supremo, los jueces nombrados por el PPD defendieron al PPD.

Apuntan a manipulación de firma del Gobernador para afectar demanda de Retiro

Por: Cristina del Mar Quiles
Publicado: 28/05/2013 12:04 pm

Los 68 empleados de la Oficina del Contralor de Puerto Rico que impugnan la Reforma de Retiro en los tribunales han puesto en entredicho la fecha y la efectividad de la recién firmada Ley 18 del 15 de mayo de 2013, que limita la capacidad del Tribunal Supremo de revisar casos y que, infieren, se firmó para perjudicar el caso que radicaron y que tiene el potencial de que la Reforma de Retiro sea declarada inconstitucional.

Peticionarios en la demanda contra Retiro (Josian Bruno Gómez/NotiCel)

Los peticionarios alegan que la Reforma de Retiro menoscaba su derecho a acogerse al plan de retiro según prometido por más de dos décadas de empleo en el servicio público. Piden, entre otras cosas, una solicitud de certificación, que permitiría que el Tribunal Supremo trajera ante sí el asunto inmediatamente, por tratarse de una cuestión de alto interés público. Presentaron su demanda el 16 de mayo.

Pero el día antes, el 15 de mayo, el gobernador firmó la Ley 18, que cambia las Reglas de Procedimiento Civil, de forma tal que el Tribunal Supremo pierde la potestad de considerar asuntos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia mediante el recurso de certificación intrajurisdiccional salvo que todas las partes en el pleito así lo soliciten.

Los peticionados -el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Administración de los Sistemas de Retiro y su administrador, Héctor Mayol Kauffman- respondieron con una moción de desestimación de la Petición de Certificación, alegando que el Tribunal de Primera Instancia carece de jurisdicción para atenderla. La solicitud de desestimación se basa, precisamente, en la ley firmada por el gobernador justo el día antes de que los peticionarios presentaran su demanda.

Ahora los demandantes responden en oposición a las mociones de desestimación de Petición de Certificación que está ante el propio Supremo.

El recurso expone que el proyecto de ley para enmendar la Regla 52.2(d) fue presentado por el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, el 8 de febrero y que luego de haber sido leída en el Senado el 11 de febrero, no hubo trámite adicional.

No fue hasta el día después de que fueron emplazadas las entidades gubernamentales peticionadas que el trámite legislativo reinició y «en forma acelerada se aprobó».

«La medida estuvo durmiente hasta que surgió la posibilidad de que el presente caso llegara ante la consideración de este foro (el Tribunal Supremo)», lee el recurso de los demandantes. «Esta medida cobró tal importancia que en menos de 24 horas de la notificación del presente caso a las entidades gubernamentales peticionadas, la misma fue considerada en reunión ejecutiva y aprobada por el Senado en prácticamente un día laborable, y aprobada en la Cámara en otro día (…) sin tan siquiera esperar por el insumo del Departamento de Justicia a quien se le había solicitado un memorial explicativo antes de la radicación del presente caso», añaden.

Los peticionarios aseguran que el 16 de mayo de 2013, a las 8:40 a.m., cuando presentaron la Petición de Certificación al Tribunal Supremo, todavía no aparecía en el portal de trámite legislativo como aprobada la Ley 18 del 15 de abril de 2013. Tampoco aparecía en el Sistema de Información de la Oficina de Servicios Legislativos que el Proyecto de Ley había sido aprobado, pues faltaba la firma del gobernador, por lo que dejan planteado indirectamente que el trámite pudo haber sido manipulado para que la firma real del Gobernador hubiera ocurrido después de la fecha de efectividad que se le adjudica a la ley para poder aplicarla a su caso.

Piden entonces al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que declare no ha lugar las mociones de desestimación de la petición de certificación presentadas por la Administración de los Sistemas de Retiro y Héctor Mayol Kauffman, y por el ELA.

Policías solicitan que la ley de Retiro sea declarada inconstitucional «provisionalmente»

Mientras, un grupo de Policías se opuso el martes a la solicitud de desestimación presentada por el Departamento de Justicia y la Administración de Sistemas de Retiro.  Esto, en el caso que se sigue ante el juez Ángel R. Pagán Ocasio que busca declarar inconstitucional las enmiendas a la ley de retiro.

En su escrito, el licenciado Iván Crespo  solicitó además que la Ley 3 fuera declarara inconstitucional «provisionalmente» en lo que se resuelve la demanda en sus méritos. Esto, para evitar que los demandantes sufran daños irreparables.

Durante la mañana del martes, Crespo Arroyo, presentó una moción en representación de 48 agentes de la Policía.

Vea también:

Le cortan las alas al Tribunal Supremo

AGP contesta con otro proyecto

12 de junio de 2013 – Política, Puerto Rico – 

Reacción del Primer Mandatario tras conocer la decisión del Tribunal Supremo

Alejandro García Padilla. EL VOCERO/ Luis A. López

El gobernador Alejandro García Padilla anticipó ayer que presentará otro proyecto que contemple el mandato constitucional de que se determinen por ley las condiciones específicas de cuándo el Tribunal Supremo atenderá casos de jurisdicción primaria.

Esa fue la reacción del Primer Mandatario tras conocer la decisión del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la Ley 18, que eliminaba poderes al Alto Foro.

“La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico lee en su Artículo V del Poder Judicial: ‘el Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, podrán conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aquellos otros recursos y causas que se determinen por ley’. Fue esto precisamente lo que hicimos con la aprobación de la Ley 18”, expresó el Primer Ejecutivo en declaraciones escritas.

“Como Gobernador de Puerto Rico, estoy llamado a proteger los principios democráticos cobijados en la Constitución del Estado Libre Asociado, entre ellos, aquel que reconoce la separación de poderes entre las ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Próximamente, se presentará otra medida para que se determinen por ley, como ordena la Constitución, cuáles son las circunstancias en las que el Tribunal Supremo atenderá un caso en jurisdicción primaria”, afirmó el mandatario.

Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, a quien el Tribunal Supremo responsabiliza por aprobar una ley con una “indudable misión de revancha”, dijo que esa Corte se abrogó “poderes que no tiene” y que la ley que acaba de declarar inconstitucional fue “aprobada válidamente”.

“Es lamentable que cinco jueces del Tribunal Supremo desafíen la democracia y se abroguen poderes que constitucionalmente no le corresponden (sic). Sus acciones son un intento irresponsable de legislar desde el estrado y de usurpar las funciones constitucionales de la Rama Legislativa. Con su Resolución, la nueva mayoría quiere tener poderes ilimitados que ni siquiera tiene el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Más insólito aún es la disparatada acción de utilizar ‘motivaciones’ como base para declarar inconstitucional una ley. Esta Resolución es un asalto jurídico e irá a la historia como un intento adicional de destruir la justicia en Puerto Rico, dijo Bhatia en declaraciones escritas.

Sin embargo, la portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, Jenniffer González, trajo a colación el proceso atropellado en que dicha legislación fue aprobada en un acelerado trámite nocturno.

“Esa medida fue una descargada en el Senado y aprobada a altas horas de la noche en la Cámara sin evaluación y sin análisis jurídico. Hemos consignado en reiteradas ocasiones la improvisación legislativa que impera en esta Legislatura y como estas muchas determinaciones serán adversas para Puerto Rico. Eso pasa cuando se legisla a ciegas, sin análisis, ni evaluación alguna, cuando se legisla de noche y de espaldas al Pueblo. Los poderes constitucionales son lo más sagrado de una democracia y aquí se están violentando”, expresó.

Mientras, la representante María Milagros Charbonier arremetió contra Bhatia “por su insistencia en crear una crisis constitucional”. Además, solicito la intervención del Gobernador para controlar los ataques del Senado a la Constitución de Puerto Rico.

‘Misión de revancha’ contra el Supremo

12 de junio de 2013 – Ley y orden, Tribunales – 

Al expresarse contra la Ley 18, Supremo imputó una agenda política a la Legislatura

Suministrada.

El Tribunal Supremo determinó que la Ley 18 –que elimina poderes al Alto Foro– es inconstitucional y fue el resultado de un trámite legislativo sospechoso e irregular que viola la separación de poderes de las tres ramas del gobierno, mientras que decidió no acoger en este momento el reclamo sobre la Ley de Retiro.

El Tribunal apunta a la inconstitucionalidad de los Artículos 1 y 2 del estatuto porque violan la separación de poderes, y el V Artículo de la Constitución, que otorga los poderes a la Rama Judicial.

La Ley 18 se aprobó para, entre otras cosas, privar al Tribunal Supremo de poder acoger recursos de certificación o de ‘certiorari’ interlocutorio, con algunas excepciones bien limitadas.

El Tribunal analizó unas manifestaciones del autor de la ley, el presidente del Senado Eduardo Bhatia y concluyó que el ‘supremazo’ se aprobó como una “indudable misión de revancha por parte de la Asamblea Legislativa contra pasadas acciones de esta curia” y con prisa deliberada, para evitar que estos casos lleguen al Tribunal Supremo si otro tribunal le niega un remedio provisional a los demandantes.

El más Alto Foro judicial destacó que la ley “no nos permite certificar en esta etapa a menos que el Ejecutivo consienta y nos impide revisar decisiones interlocutorias que se podrían convertir en académicas antes de llegar ante la consideración de este foro por la vía ordinaria. Para todo propósito práctico, los tribunales de jerarquía inferior serían los de última instancia en casos como este”.

El Tribunal concluyó, al utilizar el análisis del fallecido juez presidente José Trías Monge, que el ‘supremazo’ es inconstitucional porque viola el Artículo V, sección 2 de la Constitución, que dispone que el Supremo tendrá autoridad para dilucidar en última instancia todas las controversias judiciales.

El Supremo citó, entre otros, al juez presidente Federico Hernández Denton, para destacar el principio de acceso a la justicia y contraponerlo al ‘supremazo’. El Alto Foro también citó a Hernández Denton y las estadísticas oficiales para demostrar que, tras el aumento a nueve jueces en el 2010, ya no hay una carga excesiva de trabajo en el Supremo. Esa fue una de las justificaciones que se invocó en la Legislatura para aprobar la Ley.

La decisión contó con cinco votos de los jueces asociados Mildred Pabón Charneco, Rafael Martínez Torres, Erick Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti Cintrón, todos nombrados por el gobernador Luis Fortuño. Estrella Martínez coincidió con la declaración de inconstitucionalidad del ‘supremazo’, pero a diferencia de la mayoría del Tribunal, habría certificado los tres casos consolidados.

Aunque el juez presidente Hernández Denton ha presentado el acceso a la justicia como una de sus metas principales, discrepó de la declaración de inconstitucionalidad, aunque coincidió con la decisión de no certificar los tres casos consolidados. Lo mismo hicieron las juezas asociadas Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez. Los tres jueces en minoría fueron nombrados a sus cargos por la gobernadora Sila Calderón.

Sin embargo, el Tribunal acordó no acoger “en esta etapa”  las peticiones de 390 empleados públicos de las tres ramas de gobierno, que incluye a un grupo de la Oficina del Contralor y otro de la Policía, para que se declare inconstitucional la recién aprobada Ley de Retiro. Ayer, otro grupo de 956 empleados públicos de 38 diferentes agencias se unieron a las demandas.

El Alto Foro resolvió que “aunque las alegaciones de las demandas en estos casos exponen daños concretos y detallados, que parecen ser suficientes de su faz, …es indispensable presentar  prueba…” ante el Tribunal de Primera Instancia y ordenó la celebración de una vista evidenciaria a no más tardar del 18 de junio.

12 de junio de 2013

«Saben que están equivocados»

Gobernador advierte que presentará una nueva medida 

En la Cámara de Representantes, las reacciones a la acción del Supremo fueron de líneas estrictamente partidistas. (archivo)
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Por Yaritza Santiago y José Delgado / mailto:puertoricohoy%40elnuevodia.com

La Fortaleza evaluará la posibilidad de enviar a la Legislatura un nuevo proyecto de ley dirigido a reglamentar la competencia del Tribunal Supremo.

Así lo indicó ayer el gobernador, Alejandro García Padilla ante la decisión del Tribunal Supremo de declarar inconstitucional la Ley 18, que eliminó la posibilidad de que se lleven casos directamente al Tribunal Supremo mediante el recurso de certificación.

El Supremo sostuvo que el esquema de la Ley 18 para atender los recursos de certificación y certiorari viola la sección 3 del Artículo V de la Constitución de Puerto Rico porque impide que el Supremo sea el tribunal de última instancia en Puerto Rico.

La decisión contó con el voto a favor de cinco de los seis jueces nombrados por el exgobernador Luis Fortuño, con el voto particular del juez Luis Estrella (nombrado por Fortuño) y el voto disidente de los tres jueces nombrados durante administraciones del Partido Popular Democrático (PPD).

«Los cinco jueces que votaron a favor saben que están equivocados. La Constitución es clara cuando por ley dice qué procesos se atenderán en primera instancia. Eso es lo que se está haciendo», indicó el gobernador.

Para García Padilla, la mayoría del máximo foro judicial de la Isla no solo se ha equivocado en términos jurídicos, sino que ha utilizado en su opinión lenguaje «propio de los cuerpos políticos».

«De un tiempo para acá, el Tribunal Supremo ha (asumido posiciones) como esas. Me parece que es algo tan ajeno a los buenos jueces que ha tenido el Tribunal Supremo, que buscaban alejarse del dime y direte político. Lamento el mal rato que esto le causa a los estudiantes de Derecho, que ahora van a tener que leer ese tipo de decisiones», indicó García Padilla.

La reacción del gobernador recibió un espaldarazo de varios legisladores populares pues a su juicio, la decisión de los cinco jueces del Supremo desafía la democracia.

«El Tribunal Supremo decidió hoy (ayer) abrogarse poderes que no tiene y atacó sin justificación alguna una ley aprobada válidamente por la Asamblea Legislativa para garantizarle a toda persona el derecho de tener su día en corte y de presentar prueba durante los procesos judiciales», dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

El senador expuso que esta acción del Supremo refleja un intento irresponsable de legislar desde el estrado y de usurpar las funciones constitucionales de la rama legislativa. Pero Bhatia fue más allá al catalogar de «disparatada» la acción del Supremo de utilizar «motivaciones» como base para declarar inconstitucional una ley.

«Esta resolución es un asalto jurídico e irá a la historia como un intento adicional de destruir la justicia en Puerto Rico», puntualizó el líder de la Cámara Alta.

Otro que opinó igual fue el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, al señalar que el Tribunal Supremo ha intervenido de manera indebida en lo que es el poder de la Rama Legislativa. Más aún, dijo que esa acción se trata de un «atentado constitucional por parte de un Tribunal Supremo que se ve que está motivado políticamente». «Esa decisión el Supremo debería reconsiderarla porque están manchando la imagen de un tribunal que siempre ha sido respetado por el pueblo», dijo.

El PNP respalda al Supremo

En cambio, legisladores del Partido Nuevo Progresista aplaudieron al Supremo pues, a su juicio, la creación de la Ley 18 fue el resultado de una improvisación legislativa. «Eso pasa cuando se legisla a ciegas, sin análisis, ni evaluación alguna, cuando se legisla de noche y de espaldas al pueblo. Los poderes constitucionales son lo más sagrado de una democracia y aquí se están violentando», dijo la portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Jenniffer González.

Para el portavoz alterno de la minoría senatorial, Carmelo Ríos, el Supremo está reclamando su espacio entre el balance de poderes de las tres ramas en favor del acceso fácil y justo de la ciudadanía. «El acceso al Tribunal Supremo no puede ser tan complejo que las personas lo piensen dos veces antes de reclamar el derecho al proceso», dijo.

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A la verdad qué en vez de darme coraje me ha dado risa. Esta mañana escuché al «flamante» Pres. del Senado, Eduardo Bhatia, despotricando, cómo una vieja loca, contra los jueces del TS qué nombró LF, acusándolos de haber convertido al TS en una tribuna de barrio del PNP. Yo creo qué este caballero sufre de un trastorno de memoria selectiva pues no se acuerda cuando los suyos, los populetes, usaron al TS cómo tribuna de barrio del PPD por más de 60 años! Me río y me seguiré riendo, lo qué es igual no es ventaja, Señor Presidente! Jajajajaja!
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