El atentado contra los poderes constitucionales del Tribunal Supremo por parte del gobernador de Puerto Rico, amerita que abundemos en el tema con el propósito que se entienda correctamente el alcance de éste grave problema.Les cito de un artículo publicado en el periódico, El Nuevo Día:

En términos jurídicos, este caso presenta dos disposiciones constitucionales en conflicto relacionadas con intereses económicos, explicó el catedrático de derecho constitucional Carlos E. Ramos.

Por un lado, está la obligación del Estado de cumplir unas obligaciones contraídas con los bonistas “muchas de ellas atadas a Retiro”; y por otro, está la disposición que establece que no se pueden menoscabar derechos contractuales. En este caso, sería cambiar las reglas de juego para los pensionados.

Sepan que gran parte del problema lo causa la pobre administración, por los últimos 12 años, de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) bajo la administración de Sila Calderón, Acevedo Vilá y Fortuño. Y qué hace García Padilla, cito nuevamente del artículo del Nuevo Día.

Una reducción de jornada para el personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), como medida para atender la crisis fiscal de esa agencia, fue catalogada hoy, jueves, por el gobernador Alejandro García Padilla como «un chisme de camino».

Mientras, insistió en que su administración tomará medidas para lidiar con la situación de la ACT, pero nuevamente no precisó qué iniciativas se tomarán a corto plazo. La deuda de la ACT en el BGF representa el 24% de la cartera de préstamos de esa entidad, según su presidente, Javier Ferrer.

Sin embargo, poco antes de la conferencia del primer ejecutivo, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, no descartó una eventual reducción de jornada para el personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), cuando fue abordado por varios periodistas en la sede del Departamento de Desarrollo Económico.

Torres, quien no acompañó a García Padilla en su rueda de prensa, pero estuvo reunido con el mandatario y otros miembros del gabinete en un salón cercano, aclaró que ese recurso sería «una última opción» en la dependencia, cuya deuda con el Banco Gubernamental de Fomento se ha estimado al presente en $2,200 millones.

El director del Departamento de Transportación y Obras públicas dice que aunque sería una “última opción”, la reducción de la jornada de trabajo es una alternativa que tienen que considerar. Qué dice el gobernador, “son chismes de camino”. O sea el gobernador dijo que su secretario de Transportación y Obras públicas lo que dice son “chismes de camino”.

Y todavía quiere echarle la culpa al Tribunal Supremo por el desastre administrativo que impera hoy en Puerto Rico.

Luego que el Gobernador García Padilla descargara su furia contra el Tribunal Supremo, ahora envió a su Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, David Ferrer para que lo respaldara en sus disparates.Esto dijo el señor Ferrer:

“Si el Tribunal Supremo declara inconstitucional la Ley 3 que reformó el principal programa de pensiones del gobierno, ello provocará la degradación del crédito de Puerto Rico a rango de chatarra”.

Claro está el señor Ferrer es más mesurado y no le echa la culpa de la degradación al Tribunal Supremo, como hizo el Gobernador. Él con mucha astucia, para complacer a su jefe, habló de la posible consecuencia si la Ley 3 resulta inconstitucional y aquí es que está la diferencia entre lo que dijo el Gobernador y lo que dijo el señor Ferrer.

El Gobernador dijo que la culpa será de los seis jueces que nombró el Gobernador Fortuño al Supremo. El presidente del Banco Gubernamental dijo que el problema será, si resulta que la Ley 3 es inconstitucional. O sea el problema no son los jueces, el problema es la Ley.

Sepan que el Tribunal Supremo ni hizo, ni firmó la Ley 3, esto lo hizo la Legislatura y el Gobernador. La responsabilidad del Tribunal Supremo es determinar si a la luz de las disposiciones constitucionales  la Ley 3 es constitucional o no. Si la Ley la hicieron mal y viola la constitución no es culpa del Tribunal Supremo, es culpa de los que la hicieron mal. Tan sencillo como eso. Y lo único que tienen que hacer es corregir lo que hicieron mal, hacer una Ley que no sea inconstitucional y no ponerse a pelear con los Jueces del Tribunal Supremo como guapos de barrio. El problema es que no tienen la capacidad para admitir que cometen errores, por falta de conocimiento, estudio y prudencia.

En distintos estados ha pasado lo mismo. Cuando la Ley fue al Tribunal Supremo del Estado, si está bien, la confirmación si estaba mal así lo decían. La Legislatura y el Gobernador la corrigen y resuelto el problema. Aquí se ponen a pelear con los jueces. Recordemos nuevamente que cuando el Supremo en su mayoría era de nombramientos de Gobernadores populares y en la famosa sentencia de los pivazos le dieron la gobernación a Acevedo Vilá. Estos mismos populares decían entonces, que era un atentado a la democracia criticar al Tribunal Supremo. Ahora lo hace el Gobernador y no es un atentado a la democracia.

Si la Ley está mal, arréglenla, acepten que la hicieron mal y no atenten contra la independencia judicial.

El Gobernador Mintió – Certificado

En los más de 100 años de historia del Tribunal Supremo es la primera vez que en una Resolución del más alto foro de justicia en Puerto Rico, se consigna que un Gobernador mintió. Pero la Resolución tiene otras revelaciones bien interesantes veamos:

[l] a aprobación festinada de la Ley 18 (sin vistas públicas), unida a la total ausencia de datos estadísticos y análisis empírico que justifiquen los cambios, aparenta ser un revanchismo político- partidista en respuesta al aumento en la composición del Tribunal Supremo y a varias de sus decisiones.

Por ser el Tribunal Supremo el foro judicial de última instancia, la facultad legislativa de alterar y fijar su competencia no es irrestricta. Tiene que ejercerse prudencialmente y con armonía con la Constitución y, por ende, según los principios del debido proceso de ley y sus elementos cardinales de justicia accesible, rápida y económica. La Legislatura parece haber olvidado que nunca «podrá impedir que los casos judiciales en alguna forma o en otra, lleguen hasta la consideración del Tribunal Supremo». (Diario, Asamblea Constituyente, 592). A. Negrón García, El acceso al Tribunal Supremo, El Nuevo Día, 31 de mayo de 2013, p. 57. (Página 15 de la Resolución del Tribunal Supremo).

Lo interesante de la anterior cita es que no es de un juez nombrado por el Partido Nuevo. Es del ex Juez del Supremo Antonio Negrón García que fue nombrado por el Gobernador Rafael Hernández Colón. Y volvemos a citar de la Resolución del Tribunal Supremo:

En otras palabras, aunque se expresa que se restringe la competencia del Tribunal Supremo, en realidad lo que se hace es privarle de jurisdicción para atender ciertos asuntos. Esa privación se da por completo en el caso de muchas resoluciones interlocutorias que de no revisarse causarían un daño irreparable o atentan contra el interés público, perpetuando así un fracaso de la justicia. La privación de nuestra jurisdicción también se da cuando se coloca esta a merced del veto de otra rama de gobierno, como se hizo con el recurso de certificación proveniente del Tribunal de Primera Instancia. No permitir la certificación en ciertas circunstancias también podría hacer irreversible un daño o atentar contra el interés público, y constituiría un fracaso de la justicia. En esas circunstancias se pasó por alto que según el esquema constitucional, aunque la Asamblea Legislativa tiene la facultad de reglamentar la competencia de los tribunales, ello no puede resultar en el despojo de nuestra jurisdicción para atender, a nuestra entera discreción, cualquier causa que se nos presente. J. Trías Monge, opcit., pág. 95. (Página 18 y 19 de la Resolución del Tribunal Supremo).

Sepan que el ex Juez del Tribunal Supremo Trías Monge fue nombrado también por el Gobernador Hernández Colón, y fue José unos de los miembros de la Convención Constituyente que redactaron la Constitución de Puerto Rico. Fue además Juez Presidente del Tribunal Supremo.

Todos los abogados, me atrevo a decir, consideramos a los ex jueces del Supremo, Negrón García y Trías Monge como unas de las mentes más privilegiadas que han ocupado las sillas del Tribunal Supremo.

Decidan ustedes, que para ello no hay que ser abogado, quien tiene la razón, la mayoría del Tribunal Supremo o el Gobernador García Padilla.