El atentado contra los poderes constitucionales del Tribunal Supremo por parte del gobernador de Puerto Rico, amerita que abundemos en el tema con el propósito que se entienda correctamente el alcance de éste grave problema.Les cito de un artículo publicado en el periódico, El Nuevo Día:

En términos jurídicos, este caso presenta dos disposiciones constitucionales en conflicto relacionadas con intereses económicos, explicó el catedrático de derecho constitucional Carlos E. Ramos.

Por un lado, está la obligación del Estado de cumplir unas obligaciones contraídas con los bonistas “muchas de ellas atadas a Retiro”; y por otro, está la disposición que establece que no se pueden menoscabar derechos contractuales. En este caso, sería cambiar las reglas de juego para los pensionados.

Sepan que gran parte del problema lo causa la pobre administración, por los últimos 12 años, de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) bajo la administración de Sila Calderón, Acevedo Vilá y Fortuño. Y qué hace García Padilla, cito nuevamente del artículo del Nuevo Día.

Una reducción de jornada para el personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), como medida para atender la crisis fiscal de esa agencia, fue catalogada hoy, jueves, por el gobernador Alejandro García Padilla como «un chisme de camino».

Mientras, insistió en que su administración tomará medidas para lidiar con la situación de la ACT, pero nuevamente no precisó qué iniciativas se tomarán a corto plazo. La deuda de la ACT en el BGF representa el 24% de la cartera de préstamos de esa entidad, según su presidente, Javier Ferrer.

Sin embargo, poco antes de la conferencia del primer ejecutivo, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Miguel Torres, no descartó una eventual reducción de jornada para el personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), cuando fue abordado por varios periodistas en la sede del Departamento de Desarrollo Económico.

Torres, quien no acompañó a García Padilla en su rueda de prensa, pero estuvo reunido con el mandatario y otros miembros del gabinete en un salón cercano, aclaró que ese recurso sería «una última opción» en la dependencia, cuya deuda con el Banco Gubernamental de Fomento se ha estimado al presente en $2,200 millones.

El director del Departamento de Transportación y Obras públicas dice que aunque sería una “última opción”, la reducción de la jornada de trabajo es una alternativa que tienen que considerar. Qué dice el gobernador, “son chismes de camino”. O sea el gobernador dijo que su secretario de Transportación y Obras públicas lo que dice son “chismes de camino”.

Y todavía quiere echarle la culpa al Tribunal Supremo por el desastre administrativo que impera hoy en Puerto Rico.

Luego que el Gobernador García Padilla descargara su furia contra el Tribunal Supremo, ahora envió a su Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, David Ferrer para que lo respaldara en sus disparates.Esto dijo el señor Ferrer:

“Si el Tribunal Supremo declara inconstitucional la Ley 3 que reformó el principal programa de pensiones del gobierno, ello provocará la degradación del crédito de Puerto Rico a rango de chatarra”.

Claro está el señor Ferrer es más mesurado y no le echa la culpa de la degradación al Tribunal Supremo, como hizo el Gobernador. Él con mucha astucia, para complacer a su jefe, habló de la posible consecuencia si la Ley 3 resulta inconstitucional y aquí es que está la diferencia entre lo que dijo el Gobernador y lo que dijo el señor Ferrer.

El Gobernador dijo que la culpa será de los seis jueces que nombró el Gobernador Fortuño al Supremo. El presidente del Banco Gubernamental dijo que el problema será, si resulta que la Ley 3 es inconstitucional. O sea el problema no son los jueces, el problema es la Ley.

Sepan que el Tribunal Supremo ni hizo, ni firmó la Ley 3, esto lo hizo la Legislatura y el Gobernador. La responsabilidad del Tribunal Supremo es determinar si a la luz de las disposiciones constitucionales  la Ley 3 es constitucional o no. Si la Ley la hicieron mal y viola la constitución no es culpa del Tribunal Supremo, es culpa de los que la hicieron mal. Tan sencillo como eso. Y lo único que tienen que hacer es corregir lo que hicieron mal, hacer una Ley que no sea inconstitucional y no ponerse a pelear con los Jueces del Tribunal Supremo como guapos de barrio. El problema es que no tienen la capacidad para admitir que cometen errores, por falta de conocimiento, estudio y prudencia.

En distintos estados ha pasado lo mismo. Cuando la Ley fue al Tribunal Supremo del Estado, si está bien, la confirmación si estaba mal así lo decían. La Legislatura y el Gobernador la corrigen y resuelto el problema. Aquí se ponen a pelear con los jueces. Recordemos nuevamente que cuando el Supremo en su mayoría era de nombramientos de Gobernadores populares y en la famosa sentencia de los pivazos le dieron la gobernación a Acevedo Vilá. Estos mismos populares decían entonces, que era un atentado a la democracia criticar al Tribunal Supremo. Ahora lo hace el Gobernador y no es un atentado a la democracia.

Si la Ley está mal, arréglenla, acepten que la hicieron mal y no atenten contra la independencia judicial.