Thu, Jun 13, 2013  Banca, Featured, Hipotecas

Por Luisa García Pelatti

El número de hipotecas en proceso de ejecución se ha mantenido alrededor de las 19,000 hipotecas en el último año, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. La cifra es una de las más altas desde que empezó la crisis, en el 2006. Las hipotecas en proceso de ejecución representan el 4.3% de todas las hipotecas vigentes.

En el 2005, las hipotecas en proceso de ejecución ascendían a 6,397. En el 2008 la cifra se duplicó hasta alcanzar las 14,681 hipotecas y volvió a elevarse hasta las 18,423 en el 2009. En el 2010, esta cifra experimentó un descenso de 8%, hasta 16,880.

No hemos tenido acceso a las cifras del 2011, pero los datos del 2012 indican las dificultades de las familias han aumentado y las hipotecas en proceso de ejecución han vuelto a incrementarse hasta alcanzar las 18,781.

Los datos más recientes, correspondientes al mes de abril de este año, indican que las hipotecas en proceso de ejecución experimentaron un descenso de 3.1%, hasta las 18,602.

Hay que aclarar que no todas las hipotecas en las que se inicia un proceso de ejecución acaban siendo ejecutadas. Los bancos cuenta con diferentes programas de mitigación que en muchos casos (alrededor del 80%) ayudan a que las familias se pongan al día en sus pagos. El restante 20% termina finalmente perdiendo su vivienda mediante una ejecución.

Se estima que se ejecutan unas 3,000 hipotecas anuales, lo que supone menos del 1% del total de préstamos hipotecarios. El número de ejecuciones había estado por debajo de las 2,000 anuales en el 2005.

Pulseo entre empresa Claro, la JRT y abogados con vínculos al PPD

Desde la izquierda, el Lcdo. José A. Andreu García y el Lcdo. José Andreu Fuentes (Josian Burno/ NotiCel)

Mientras Torres, quien fue nombrada por la pasada administración novoprogresista de Luis Fortuño, niega conflicto de interés con la empresa Claro, los abogados José Andreu García, José Andreu Fuentes y Harold Vicente González, plantean que la actual Presidenta de la JRT se ha negado a revelar el informe de un Juez Administrativo por una querella en contra de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC).

En el pasado, Torres fungió como asesora legal de la PRTC, y actualmente recibe una pensión de Claro, que fue la empresa que compró a la PRTC como parte de su proceso de privatización.

Y al parecer, el cabildeo de estos abogados parece haber surtido efecto en la legislatura que ahora evalúa las enmiendas a la Ley 213, con el fin de eliminar la jurisdicción de la JRT en pleitos de clase.

Aunque tal alteración a la Ley podría interpretarse como una manera de evitar un posible conflicto de interés entre las empresas de la telefonía y miembros de la JRT con vínculos hacia éstas, ciertos grupos no necesariamente lo ven de esta manera y alegan que las enmiendas al estatuto constituyen un ejercicio de legislación de encargo para favorecer a padre e hijo.

Más allá de limitar la jurisdicción de la JRT en estos casos, las enmiendas propuestas, además, aspiran a dejar sin efecto la Ley 138, la cual establece un límite de $5 millones en las compensaciones que se les concede a las víctimas de casos de timo por las empresas de telecomunicaciones.

Eso implicaría que, de aprobarse las enmiendas, los abogados José Andreu García, quien fuera presidente del Tribunal Supremo bajo el PPD, y su hijo y exmiembro del Comité de Transición del gobernador Alejandro García Padilla, José Andreu Fuentes, ganarían una comisión mayor por el caso en el que representan a más de un millón abonados de la PRTC en el caso por los cargos ilegales en el servicio de Tele-tecla.

La oposición a las enmiendas no se ha hecho esperar, especialmente de parte de Claro, empresa que tendría que pagar cuantiosas cantidades a los clientes que se vieron afectados por el timo y cobro ilegal del sistema de Tele-tecla.

Durante las vistas sobre el Proyecto del Senado 462, Claro presentó su oposición basada principalmente en el argumento de que las enmiendas propuestas sólo persiguen aumentar las bonificaciones de los abogados involucrados en pleitos de clase, como es el caso de reclamación por las irregularidades de Tele-tecla.

“La Ley 138 eliminó la imposición automática del 25% de honorarios a los abogados y de esta manera atiende y supera una de las críticas mayores contra pleitos de clase en los tribunales, a saber, que constituyen un botín desproporcionado de honorarios millonarios para los abogados, en contraste con el remedio económico individual que reciben los miembros de la clase, cantidades exiguas y, en muchas ocasiones, ‘cupones’ o ‘créditos’. Es comprensible la queja de los abogados Vicente González, Andreu García y Andreu Fuentes ya que les afectó personalmente, de manera directa y negativamente sus expectativas de devengar millones de dólares en honorarios de abogados. La única razón que tienen los abogados para promover el P. del S. 462 es aumentar el cobro de sus honorarios”, expresaron los representantes de Claro como parte de su ponencia ante el Senado.

De igual manera, la senadora de oposición e integrante del Partido Nuevo Progresista, Margarita Nolasco, alega que el P. del S. 462 es una manera de favorecer a abogados con vínculos al PPD.

“Esta legislación representa una clara burla al pueblo, más allá de los méritos que pueda tener el pleito de clase, pues representa todo lo que hemos venido a combatir en este Senado, para evitar legislaciones con nombre y apellido. Este Senado habla de defender la transparencia, pues es ahora cuando debemos defender esa transparencia”, argumentó Nolasco.

Mientras estas acusaciones salen a la luz pública, los abogados que representan a más de un millón de abonados en este pleito de clase insisten en que PRTC (que opera bajo la marca de Claro) debe devolver un total de $350 millones cobrados ilegalmente.