Lcda. Zulma R. Rosario Vega
Directora Ejecutiva
Oficina de Ética Gubernamental

Uno de los aspectos más importantes en la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, Ley 1-2012, es la prevención de conflictos de intereses para lograr la excelencia y el profesionalismo en el servicio público. Nuestra Área de Asesoramiento Jurídico tiene la responsabilidad de atender todas las consultas telefónicas, personales y escritas así como las autorizaciones para contrataciones o nombramientos que permite la Ley de Ética. Ningún servidor público debe desaprovechar la oportunidad de consultarnos cualquier inquietud sobre las disposiciones de nuestra Ley y su reglamentación. Mediante este mecanismo prevenimos las actuaciones o decisiones contrarias a la Ley de Ética.

El asesoramiento y las consultas se atienden en cualquier momento, ya sea por teléfono o personalmente con el fin de brindarle una orientación general. Por otro lado, las opiniones o consultas por escrito, validadas con la documentación necesaria, requieren que el solicitante provea toda la información pertinente para que la Oficina esté en la mejor posición de emitir una opinión formal. Esta opinión es la posición vinculante de la OEG.

La OEG evalúa varios tipos de autorizaciones a solicitud de las agencias o municipios: las de nombramientos o contratación del pariente de la autoridad nominadora o de la persona con capacidad de influenciar; las del servidor público que contrata con su propia agencia; las del exservidor cuya agencia interesa contratarle antes que transcurra el término de dos años de su desvinculación. Todas estas autorizaciones son consideradas como la excepción a la norma y son evaluadas con el rigor necesario para que no se vulnere la confianza del Pueblo en sus instituciones públicas y en el servicio público.

La Ley de Ética también cuenta con un mecanismo de inhibición, mediante el cual los servidores públicos pueden garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones y evitar que se lacere la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Cuando un servidor público se enfrente a la posibilidad de llevar a cabo una acción oficial que pudiere enfrentarlo a alguna de las prohibiciones contenidas en la Ley de Ética, deberá notificarlo a la OEG. De entenderse que la situación conflictiva pueda atenderse mediante el mecanismo de inhibición, se le indicará cuáles son los estrictos pasos a seguir.

Mientras más preciso sea el solicitante en su exposición y acompañe los documentos que sustenten su petición, más rápida será la determinación de la OEG. Evaluados los pormenores y corroborados mediante el examen de los documentos presentados, las solicitudes de autorización se procesan en un promedio de 15 días laborables.

Los formularios que le asisten para completar certeramente estas solicitudes se encuentran en el portal electrónico de la Oficina www.eticapr.com.

Nuestro norte es prevenir mediante el asesoramiento a los servidores públicos de la Rama Ejecutiva para que se mantengan en claro cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Ética y así evitar cualquier conflicto de intereses.

Twitter: @eticachief

La prevención: el mejor antídoto contra la corrupción – Parte II