El problema es el electoralismo

El problema es el electoralismo

ANTONIO QUIÑONES CALDERÓN

La otra vez decía cómo las administraciones públicas que se han turnado en el poder, con muy escasas excepciones, se han rehusado a renovar las estructuras del gobierno permanente y, cuando lo han hecho, ha sido para empeorar, siempre pensando en cuántos votos a favor o cuántos en contra, provocarían tales cambios. El eje central ha sido, de ordinario el electoralismo.

Uno de los principales problemas con eso –que no él único– ha sido la vigencia de un gobierno ineficiente, altamente politizado, corrupto en muchas ocasiones, y enajenado de la realidad de sus constituyentes. Mencionaba, sin abundar, el ejemplo de las corporaciones públicas, parte esencialísima de las reformas gubernamentales de Rexford G. Tugwell.

En el período de seis años (de 1941 a 1946), Tugwell creó 14 corporaciones públicas, todas en vigencia hoy, algunas con cambios en sus nombres y en su concepto operacional.

La creación de las corporaciones públicas se centraba en establecer organismos gubernamentales económicamente autosuficientes que no incidieran adversamente, directa ni indirectamente, en las arcas del gobierno insular ni de los municipios; que funcionaran separadamente de las agencias y los departamentos; que evitaran la interferencia de la política pública en sus operaciones, y que se alejaran de la lenta e ineficiente burocracia.

Con el correr del tiempo, el sistema de corporaciones públicas ha sido víctima de un entrampamiento político y de una operación perdidosa y hoy no hay una sola de ellas que no esté en puro colapso o en quiebra. Inclusive, las autoridades de Energía Eléctrica y de Acueductos y Alcantarillados exhiben el inexplicable honor de ser posiblemente los dos únicos monopolios en quiebra del mundo. ¿Por qué puede quebrar un monopolio? Por la corruptela, que no consiste sólo en robar dinero del presupuesto, sino en malbaratar sus recursos económicos en sueldos exuberantes, en bonos ofensivos para sus oficiales, en el reclutamiento de empleados innecesarios. Por la presencia de un mantengo gremial para no enojar a empleados y dirigentes sindicales que gritan, amenazan y votan. Por la ineficiencia administrativa de dirigentes, en la abrumadora mayoría de los casos designados según su ímpetu durante la campaña electoral, y por la incapacidad de adoptar los recursos tecnológicos a su alcance.

El electoralismo ha acabado con el genio institucional de las corporaciones de Tugwell. Sus juntas de directores están hartas de activistas políticos o inversores de las campañas de los gobernadores de turno, que cambian según cambian los resultados electorales cuatrienales.

Y dado el caso de que el gobernador de turno tenga opciones limitadas para sustituir al director, con eliminar la agencia y crear una similar con nuevos directores y términos basta. A lo Trujillo, que cuando nombraba un funcionario le hacía firmar una carta de “renuncia irrevocable” para usarla cuando le viniera en gana.

Los efectos dañinos de esa manera de gobernar –que es la misma adoptada en toda la burocracia de turno– han incidido profundamente en el propósito fundamental de cada administración, que es la realización de obra y la prestación de servicios esenciales al pueblo. El de mayor detrimento ha sido la práctica paralización del desarrollo económico de la isla, el achicamiento y el estancamiento del sector privado y, en consecuencia, la conversión de la administración pública en algo así como agencia de empleo, con la consiguiente sangría de fondos en las arcas de Hacienda que obliga a la práctica inmovilización del Gobierno.

Y los resultados están ahí. Para el que quiera verlos, claro está. Uno de ellos radica en el cambio paradigmático en la gestión pública dirigida desde la cúpula del poder.

Ya no es el jefe de la agencia creadora de desarrollo económico y empleos (Fomento Económico antes y Desarrollo y Comercio ahora), el principal funcionario del Gobierno (como era antes y debería ser ahora).

Ahora es el CPA que mejor sepa sumar, restar y multiplicar para poder cuadrar un presupuesto deficitario que año tras año no tiene recursos para, precisamente, el desarrollo económico y la creación de empleos.

Y, ¿quién le pone el cascabel al gato?