WASHINGTON – Bajo el titular “Una isla a la deriva, en miseria económica”, el diario The Washington Post publicó hoy, en portada, un reportaje sobre la crisis fiscal de Puerto Rico y el éxodo poblacional hacia los Estados Unidos.

Como periódicamente han hecho importantes medios internacionales desde finales de agosto, el principal diario de la capital estadounidense destaca la alta deuda pública del gobierno de Puerto Rico y una tasa de desempleo que en octubre se acercó al 15%.

Y toma nota de la emigración de cientos de miles de personas durante la última década, a un ritmo solo comparable a la década de 1950, cuando cerca de 500,000 personas dejaron la Isla.

“Eligen la incertidumbre del mercado de trabajo en Orlando o Nueva York o Filadelfia sobre lo que ven como la certeza de que sus sueños serían aplastados por los fuertes problemas económicos de ese territorio estadounidense”, indica.

La foto de portada es de un hombre, deambulante, durmiendo frente a una tienda.

Desde finales del verano, primero en la prensa que sigue de cerca los asuntos de Wall Street y luego en los medios nacionales estadounidenses y de otros países, la comunidad internacional se ha enterado de la crisis fiscal que vive la Isla, la cual ha sido comparada con la de localidades como Detroit (Michigan) o países como Grecia cuya deuda pública se hizo inmanejable.

En el caso del Washington Post, sin embargo, el reportaje se publica poco más de tres semanas después de que editorializara sobre el asunto y advirtiera que la crisis económica de Puerto Rico está  fundamentada en la estructura de su actual status político En aquel editorial,  el diario, sin embargo, consideró que la solución del dilema de las relaciones entre Washington y San Juan deberá aguardar porque la Isla logre salir de la crisis económica y financiera.

El tema del status no se discute en el reportaje de hoy.

Pero, sí el temor de inversionistas estadounidenses que tienen en sus carteras bonos municipales de la Isla, que disfrutan de una triple exención tributaria: federal, estatal y municipal.

La deuda pública de Puerto Rico ronda los $70,000 millones. Y la crisis fiscal que vive la Isla, sobre todo a partir de 2006, ha hecho que prácticamente se le haya cerrado al gobierno el acceso a préstamos de bajas tasas de interés.

La alternativa del gobierno de Puerto Rico ha sido recurrir a establecer nuevos impuestos que totalizan $1,300 millones, con la intención de tratar de equilibrar el presupuesto y evitar que el crédito de la Isla, bajo intensa vigilancia de Wall Street, caiga a nivel de chatarra.

“Puedo asegurar que Puerto Rico no va a incumplir con sus pagos. Puerto Rico va a pagar por nuestras deudas. Es una obligación constitucional. Pero, por mi es también una obligación moral”, indicó el gobernador Alejandro García Padilla, al repetir al Washington Post el mensaje que ha dado a la prensa estadounidense durante los últimos meses.

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien ha reclamado una mayor intervención federal en la situación fiscal de la Isla, sostuvo que este es un problema que es también de Estados Unidos.

Lo que ha estado fuera de la mesa de discusión – en un reconocimiento de que otros gobiernos estatales o municipales pudieran ponerse en fila – es la posibilidad de un rescate financiero del gobierno federal.

Pero, la Casa Blanca hace unos días anunció que enviará a San Juan un grupo de expertos para buscar un mejor aprovechamiento de los $6,500 millones en fondos federales que recibe anualmente el gobierno de Puerto Rico y trabajar en “proyectos específicos”.

http://www.washingtonpost.com/business/economy/puerto-rico-with-at-least-70-billion-in-debt-confronts-a-rising-economic-misery/2013/11/30/f40a22c6-5376-11e3-9fe0-fd2ca728e67c_story.html

Ver Otros Escritos sobre la Economía: https://estado51prusa.com/?s=Economia&x=-1084&y=-40

http://www.washingtonpost.com/business/economy/puerto-rico-with-at-least-70-billion-in-debt-confronts-a-rising-economic-misery/2013/11/30/f40a22c6-5376-11e3-9fe0-fd2ca728e67c_story.html

Analisys:

In many of the analyses regarding Puerto Rico’s situation, including this one, analysts/ reporters simply assume that manufacturing job losses are correlated to the phase out of Section 936.   This assumption is largely incorrect.   Low to medium wage manufacturing started leaving the island in the 1980s (when we had full, or fuller, 936 benefits), and continued doing so throughout the 90s, because US markets started to open to lower wage jurisdictions across the globe, and not because of changes in the Section 936 tax incentives.   Section 936 tax breaks were useful for companies that had large product margins (Pharma; high technology), and not for low wage (textiles) or middle wage (electronics) industries, which comprised the bulk of jobs that have left the Island.  The industries that left (textiles, mid-wage electronics), did so notbecause of the phase out of 936 tax benefits  (which were of little use to them as they had razor thin margins), but because other jurisdictions had lower wages, comparatively low taxes, and free access to the U.S. market.  Companies that could use the Section 936 tax exemption (primarily Pharma) converted to Section 901 companies and stayed in the Island.  For the remainder of the manufacturing sector, PR was simply no longer attractive as a sufficiently low wage jurisdiction, and no longer had exclusive access to mainland U.S. markets.  As a result, textile and lower to mid-wage manufacturing jobs left for other jurisdictions.

Until we come to understand the causes for the flight of jobs in the manufacturing and other sectors, we will continue to mistakenly insist that phase out of former Section 936 is the cause of Puerto Rico’s woes, and that only a new set of tax exemptions will solve the challenge faced by Puerto Rico.  Puerto Rico’s challenge is that it has higher wages than many competing jurisdictions in the manufacturing  industries (regionally and globally); has a high-cost/ high-end tourism compared to our competitors; no longer enjoys exclusive access to the U.S. market; and, most importantly, receives a fraction of federal program funding because we are an unincorporated territory where U.S. citizens lack the same level of entitlement rights granted to citizens in the mainland.  If you have a cost structure similar to the mainland (minimum wage, federal laws and regulations, common market, etc…), but you do not receive the same level of benefits as the states, you are undoubtedly going to run serious deficits and you are certainly going to be less competitive.