La persona a cargo del Departamento de Justicia, no solo es jefe de la agencia y abogado del gobierno, sino uno de los principales protagonistas en el ejercicio democrático de impartir justicia por igual a todos los ciudadanos.

Por eso, la decisión del saliente secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, de intervenir, al menos con su presencia, durante la detención policiaca de un amigo que conducía en estado de embriaguez, puso en entredicho su capacidad de ser imparcial y, con ello, volvió a afectar la confianza del país en una agencia que ya ha sido juzgada negativamente por el manejo de casos como el del asesinato del niño Lorenzo González.

Aunque una intervención a favor de un familiar o conocido -en este caso de su amigo y exsocio Jaime Sifre- no es aceptable por parte de ningún funcionario público, en este caso es más grave porque se trata del tercer funcionario en mando en la Isla según el orden jurídico, quien tiene el deber de impartir la justicia imparcial, y porque el incidente en cuestión es de índole criminal, en un área que afecta a miles de familias en el país.

“El Departamento de Justicia, obviamente, es una de las agencias de gobierno más importantes porque es la cara de lo que es el ordenamiento jurídico del país”, recordó la reconocida abogada especializada en casos de discrimen, Judith Berkan.

“La pulcritud en esa agencia cobra una fuerza muy particular a la luz de la historia reciente y de décadas en las que han ocurrido situaciones que han manchado la imagen de la personas que han ocupado ese puesto”, agregó.

Actualmente se celebra el proceso contra el anterior titular de Justicia, Antonio Sagardía de Jesús, acusado de malversar fondos públicos y violar la Ley de Ética Gubernamental por el uso de una tarjeta de crédito oficial durante unos viajes que realizó cuando ocupaba ese puesto.

“Esa es la agencia constitucional con la función de impartir justicia en el país. Tenemos varios problemas que chocan con ese asunto, uno es la necesidad de que haya una percepción pública de trato igual ante la ley. Si cuando tienes la apariencia de que el encargado de impartir justicia está, de alguna forma, interviniendo a favor de un amigo, el mensaje que se proyecta al país es que el privilegio y el poder valen más que la igualdad”, declaró Berkan.

La abogada señaló que el otro problema es el sentido de impunidad que reflejó la acción de Sánchez.

Respecto al argumento expresado por el funcionario saliente de que acudió al llamado de un amigo, Berkan sostuvo que un secretario de Justicia tiene que recordar que “tiene unos privilegios enormes y una responsabilidad igualmente importante. No puedes actuar como un ciudadano privado”.

De manera similar habló, por separado, el abogado Héctor Rivera Cruz, quien fuera titular de Justicia por siete años, y quien afirmó que un secretario de Justicia tiene que cumplir de manera muy estricta los cánones de ética que ya le aplican por ser abogado.

“Uno como profesional tiene que tener normas de ética en su profesión y en la administración de la justicia es mucho más estricta. Los cánones que rigen a uno como abogado, a los fiscales, los jueces, tienen suficientes mecanismos para que, cuando uno identifica un asunto o alguien se lo identifica a uno, en que uno puede estar involucrado, pasarlo para adelante. Porque, aunque uno actúe correctamente, siempre está la duda de si uno lo hizo correctamente”, afirmó.

Fue enfático al señalar que “para que un sistema democrático funcione y tenga credibilidad en el pueblo, y los ciudadanos entiendan que la administración de esa justicia se conduce de forma justa y competente, se requiere que las entidades que administran la justicia descarguen sus responsabilidad de forma competente y que no sean asuntos particulares de quienes las dirigen las que estén en el nivel público”.

Apodado el “Fiscal del Pueblo” por su labor en la investigación del Cerro Maravilla en la década de 1980, Rivera Cruz explicó que, aunque Justicia tiene jurisdicción sobre muchos asuntos, como el Registro de la Propiedad, el desempeño de quien dirige esa agencia se mide casi exclusivamente por su desempeño en los casos criminales porque es lo que más toca a la gente, lo cual agrava la acción de Sánchez.

“La gente te evalúa con los asuntos símbolos, notorios. Si es una situación que envuelve la administración de la justicia ahí es que se mide cuán objetivo y efectivo eres en el manejo de esos asuntos”, declaró Rivera Cruz.

“Si ese asunto de interés público te envuelve a ti o a un allegado tuyo y la percepción o manejo del asunto resulta que no es lo que el pueblo entiende que debe ser, te lleva a una evaluación negativa”, declaró.

Para evitar situaciones similares en el futuro, además del estricto cumplimiento de los cánones de ética de la abogacía, el gobierno debería extender el proceso de educación por el que pasan las personas que llegan del sector privado al servicio público, aconsejó Palmira Ríos, directora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico.

“Los valores del sector privado y del público son diferentes. Hay reglamentos y procesos. Se responde a otros principios, al bien común a todas las personas. Y esa transición del sector privado al público no es algo que se aprende en una clase de siete horas (como ofrece la Oficina de Ética Gubernamental). Es un asunto de educación continua para los jefes de agencia”, indicó Ríos.

Lea otros escritos sobre el Secretario de Justicia en https://estado51prusa.com/?s=Secretario+de+Justicia&x=10&y=6