Uno de los proyectos incluidos por el gobernador en la Asamblea Extraordinaria de la Legislatura faculta a la secretaria de Hacienda a aumentar, sin necesitar el aval legislativo,  el Impuesto sobre las Ventas y Usos (IVU) por encima del 7% actual siempre y cuando detecte que los recaudos del gobierno están 4% por debajo de lo proyectado inicialmente por el gobierno.

Pero el asunto no queda ahí. Como parte  de un paquete de medidas fiscales incluidas en la Asamblea Extraordinaria el gobernador Alejandro García Padilla incluyó un proyecto de ley que prácticamente echa por la borda la baja de 0.5% que prometió para el IVU y que ya se había legislado para entrar en vigor a inicios de febrero.

La misma exposición de motivos del proyecto que busca crear la Ley del Fondo de Administración Municipal explícitamente establece el retorno al IVU del 7% al afirmar que “las medidas aquí propuestas le allegarían recursos adicionales al Fondo General mediante un ajuste al IVU estatal que sería proporcional a la merma entre los ingresos presupuestados y los recibidos durante el año fiscal correspondiente”. Con la aprobación del presupuesto actual la tasa había sido reducida a 6.5%. Esto estaba previsto para entrar en vigor a inicios de febrero de 2014.

Con todo esto el gobierno busca ajustar el tributo de modo que se alcancen los recaudos proyectados y el déficit presupuestario no exceda a los $850 millones previsto inicialmente.

Esta acción se produce una semana después que Moody’s Investors Services colocara en observación crediticia para degradación el crédito de Puerto Rico condicionando su análisis a que la Isla acceda al mercado de capital en los póximos 60 a 90 días.

Según la secretaria de la gobernación Ingrid Vila, las condiciones que se necesitan alcanzar para que la secretaria de Hacienda pueda decretar un aumento en el IVU son tan estrictas que las probabilidades de que se active lo contenido en este proyecto en vías de convertirse en ley son remotas.

“Esta medida en realidad lo que busca es ir con un cuadro financiero más sólido para inversiones futuras, extendiéndole garantías al sistema”, dijo Vila.

“Son condiciones tan extraordinarias las que se imponen para poder decretar un alza que dudamos que alguna vez se activen. Además antes de que el alza llegue a concretarse se da un periodo de 60 días para buscar alternativas ya sea allegando más recursos o reduciendo gastos”, dijo la secretaria de la gobernación.

Según la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, los recaudos del gobierno al terminar el mes de noviembre estaban unos $74 millones por encima de lo proyectado. No precisó los datos de diciembre.

Adiós a la reducción del IVU

Con el presupuesto del actual año fiscal se legisló una medida que bajaría a 6.5% el IVU al reducir medio punto porcentual a la porción municipal de este tributo. La nueva medida incluida en la Asamblea Legislativa Extraordinaria, básicamente echa para atrás esa legislación que entraría en vigor a inicios de febrero.

La movida legal es un tanto simple. Aunque el gobierno mantiene la baja de 0.5% en el IVU municipal, decreta un alza en la porción estatal de este gravamen. El efecto de esto es que se mantiene en 7% lo que los consumidores pagan del IVU.

La medida contempla que lo único que podría salvar a los contribuyentes de este retorno al 7% es que se identifiquen fuentes alternas de ingresos que cubran lo equivalente al 0.5% del IVU. Y esto tiene que hacerse antes del 1 de febrero del próximo año (dentro de unos 42 días naturales). Es decir, si se aprueba la ley tal y como fue presentada, las alzas en el IVU solo podrían ser detenidas si se logra allegar unos $125 millones adicionales al Fondo General.

Vila aseguró que la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, trabaja arduamente en la identificación de estas fuentes de ingresos. También afirmó que han surgido algunas ideas de los miembros del comité nombrado por el gobernador para hacer una reforma completa del sistema contributivo del País.

No obstante, advirtió que de no encontrarse una solución a tiempo, la probabilidad es que se trate de un ajuste temporero en la tasa contributiva ya que se espera un nuevo sistema que mejore la captación de los tributos mientras se estimula el desarrollo económico.

Estas enmiendas al Código de Rentas Internas del 2011 están escondidas dentro de una pieza legislativa que pretende desviar temporeramente el 0.5% del IVU municipal a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). Esta es la corporación pública que emite préstamos que paga con el IVU estatal.

La idea es que este dinero sirva para que Cofina tenga un flujo de efectivo mayor, ampliando así su margen prestatario en unos $1,000 millones. Esto es particularmente importante para asegurar una vía barata a los mercados de bonos.  El gobierno tiene una particular necesidad de acceso a estos mercados para poder financiar la deficiencia presupuestaria de unos $850 millones.

Reproducen modelo de Cofina

Tanto esta pieza legislativa como un puñado de proyectos de ley incluidos en la Asamblea Extraordinaria de la Legislatura buscan precisamente  mejorar el margen prestatario del gobierno,  lograr acceso a mejores intereses al momento de tomar dinero prestado en el mercado de bonos para  devolverle el dinero al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Entre las piezas legislativas se encuentra una que propone la creación de la Corporación de Financiamiento Municipal. Según la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, los municipios tienen deudas con el BGF pagaderas con fondos del IVU por unos $600 millones. La corporación a crearse tomaría esa deuda y la llevaría al mercado de bonos. El BGF recibiría el dinero de ese préstamo, lo que le permitiría tener efectivo para así cubrir con las necesidades de préstamos de las instrumentalidades del gobierno.

Esto, sin embargo, no implica que los municipios tendrán la oportunidad de pedir dinero prestado sin control. Acosta explicó que esta medida está acompañada por otro proyecto de ley que impone criterios más estrictos al momento de evaluar las fuentes de repago para los préstamos que emita el BGF.

La funcionaria explicó, por ejemplo, que ya no se aceptará como una fuente de repago valida la expectativa de alzas tarifarias en un futuro.

“Antes se permitían préstamos con simples promesas de nuevos ingresos. Decían que iban a subir una tarifa para pagar el préstamo pero al final no lo hacían porque no había la voluntad de hacerlo”, dijo Acosta al citar el ejemplo de la Autoridad de Carreteras y Transporte que acumuló unos $2,000 millones en deudas sin fuentes claras de repago.

En verano de este año, el gobierno aprobó una serie de tributos, incluyendo un alza en el arbitrio a los derivados de petróleo, que le dieron fuente de repago a esta deuda. Sin embargo, el gobierno todavía no ha podido sacar ese préstamo del BGF y transferirlo al mercado de bonos como se contempló inicialmente por el pobre crédito del gobierno. Esta transacción hubiese capitalizado el BGF y alejaría las amenazas de degradación de crédito de las casas acreditadoras.