Los jueces quieren aportar

Los jueces quieren aportar

SONIA IVETTE VÉLEZ COLÓN

Al igual que todos los servidores públicos, los jueces puertorriqueños tenemos el deber ineludible de aportar a solucionar la situación fiscal del País y la del Sistema de Retiro de la Judicatura. Se trata de tener el más alto sentido de responsabilidad con el bienestar y el futuro del pueblo de Puerto Rico.

La Rama Judicial colaboró en la elaboración de las propuestas que se presentaron tanto a la Rama Ejecutiva como a la Legislativa, las cuales eliminaban y reducían los beneficios a los jueces y aumentaban su aportación al sistema.

Todas las propuestas se formularon con el objetivo claro de reducir el déficit de cerca de $358 millones del Sistema de Retiro de la Judicatura y contribuir a los esfuerzos de aliviar la delicada situación económica actual del más pequeño de los sistemas de retiro.

El proyecto, avalado por la Oficina de Administración de Tribunales, incluía: un aumento en la edad mínima de retiro de 60 a 65 años; aumento de 8 a 12 años en los años mínimos de servicio como juez requeridos para acogerse al retiro; aumento en la contribución individual de los jueces de un 8% a un 12% y la eliminación de la pensión del 75% que se podía recibir bajo la ley vigente a sustituirse por un “programa híbrido”, el cual constaría de una anualidad a base del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la retribución promedio multiplicado por el número de años de servicios como juez, o una contribución definida a base de las aportaciones del propio juez al 10% de su sueldo y de una aportación patronal adicional que podría hacer discrecionalmente la Administración de Tribunales sujeta a la disponibilidad de fondos.

Esta propuesta, con la que el Ejecutivo concurrió y presentó originalmente a la Legislatura, también incorporaba un aumento en la fórmula para computar los beneficios del retiro al promedio del sueldo del juez durante los últimos cinco años de servicio; eliminación de bonificaciones especiales; eliminación de la pensión viudal por la anualidad análoga a la de los empleados públicos y el cierre a las transferencias provenientes de los otros sistemas del retiro, por lo que en el cálculo de la pensión no se daría crédito por servicio alguno prestado al Gobierno en cualquier otra capacidad que no sea la de juez.

Todas estas propuestas que sometió la Rama Judicial acreditan el interés de ser parte de la solución y no meros espectadores.

Somos conscientes del difícil panorama económico al que todos nos enfrentamos y de la situación fiscal del Sistema de Retiro de la Judicatura, pero desafortunadamente éste no puede modificarse mediante legislación a costa de vulnerar, sin un debido proceso de consulta al pueblo, preceptos constitucionalmente fundamentales.

Por más interés y disposición que tengan los jueces de la Rama Judicial de aportar a la solución del problema no pueden validar que se introduzcan cambios en su sistema de retiro en abierta contravención de la Constitución y las leyes que juraron defender, las cuales diariamente aplican e interpretan para la ciudadanía en general. Hacerlo tiene el potencial de afectar la independencia judicial, el acceso a la justicia al que todos aspiramos, el principio de separación de poderes y a la democracia, base de nuestro sistema de gobierno.

Estamos convencidos de la existencia de alternativas responsables dentro de la ley y el orden. Los jueces estamos muy conscientes de nuestra responsabilidad ciudadana y comprometidos a formar parte de las soluciones. Así lo evidencian las propuestas presentadas. Lo que corresponde es que las mismas, o cualquier otra que se identifique, se encaminen dentro del marco constitucional vigente.