La también expresidenta de la Cámara de Representantes, presentó una resolución para investigar y conocer si los costos incurridos por las subsidiarias de AEE han tenido impacto en la factura de los clientes.

La Resolución de la Cámara 903 explica cómo debido a los altos costos en las operaciones de la AEE, se le confirió, mediante la Ley 189 del 2003, “la facultad para establecer, desarrollar o adquirir estructuras administrativas ágiles y flexibles, como corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas, en Puerto Rico o fuera, que la preparasen para competir en la industria de la generación eléctrica moderna”.

La AEE incorporó en el estado de Delaware a Prepa Holdings, LLC y bajo esta sombrilla está Prepa Networks, LLC; entidad que ofrece servicios en la industria de telecomunicaciones en Puerto Rico y a nivel internacional como punto de interconexión, y ofrece servicios de transporte a los portadores de servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico.

Al mismo tiempo, Prepa Holdings, LLC mantiene bajo su sombrilla a Interamerican Energy Sources, destinada a desarrollar proyectos de energía renovable.

“Con esas nuevas corporaciones, la AEE se apartó del enfoque original de la ley que le dio la facultad de desarrollarse en la industria de generación de energía, y se adentró inexplicablemente en la industria de las telecomunicaciones”, sentenció ayer la representante en rueda de prensa.

Según la resolución presentada por la representante González Colón, “las subsidiarias han nacido de las entrañas de la AEE, con capital público, por lo que debe ser de gran interés para la Cámara de Representantes saber cuál ha sido su retorno en la inversión o si están siendo vistas y manejadas como una estructura paralela a través de la cual supuestamente se maximizan las ganancias corporativas para solventar beneficios salariales e intereses del personal, la gerencia o los miembros de las distintas Juntas que los rigen”.

Otro aspecto que pretende examinar la resolución son las denuncias que hicieron varios empresarios de la industria de telecomunicaciones sobre una alegada competencia desleal por parte de Prepa Networks, LLC.

“Estas subsidiarias incursionan en el mercado competitivo usando subsidio cruzado, mientras sus costos son sufragados por el Gobierno y pasados al consumidor en su factura de la luz, desarrollando así una competencia desleal a costa del bolsillo del pueblo, y en total secretividad”, lee la resolución.

De acuerdo a la representante González Colón, Prepa Networks, LLC, intentó prestar servicios de telecomunicaciones, sin someterse a las regulaciones locales de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.

La portavoz del PNP en la Cámara, destacó que Prepa Networks anunció su entrada como proveedor de servicios a nivel comercial y hasta residencial, impactando así al margen de la ley la competencia abierta en la industria de telecomunicaciones, al contar con unos subsidios cruzados y beneficios por encima de la competencia.

“Levanta una seria preocupación el que luego de que el Gobierno de Puerto Rico se retiró del monopolio en el negocio de las telecomunicaciones en el año 1998 para abrirlo a la competencia, según lo obligo la ley federal, ahora pretenda regresar a través de la Autoridad de Energía Eléctrica que nada tiene que ver con telecomunicaciones, en lugar de enfocarse en buscar formas de cómo mejorar la eficiencia del sistema eléctrico en Puerto Rico y así reducir su costo al consumidor”, agregó.

Espaldarazo de la empresa privada

Por su parte, Luis Romero Font, presidente de Optivon- una proveedora local de telecomunicaciones e Internet a pequeñas y medianas empresas- catalogó como una buena noticia la presentación de la resolución para investigar el tema.

“Espero que esto no se convierta en un ‘issue’ partidista y se investigue. Es una iniciativa muy acertada y necesaria para descubrir dónde se ha ido todo el dinero que se supone que se use para reducir el costo de la electricidad”, apuntó el empresario.

Romero Font opinó que Prepa Networks opera bajo un manto de secretividad porque no se sabe a ciencia cierta cuál es la ganancia que ha obtenido la AEE a través de los años.

“Por los documentos que aparecen-porque esto es un secreto- se sabe que le han metido $50 millones de pesos y no sabemos dónde está ese dinero”, sostuvo el empresario en entrevista telefónica con EL VOCERO.
“La representante González (Colón) conoce la AEE. Ella trabajó allí, y conoce el tema. Me alegró que tomara la iniciativa para investigar”, concluyó.

EL VOCERO / Archivo

La portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Jenniffer González Colón, catalogó como vergonzosa la celebración por parte de la administración de García Padilla de la demanda que hubo por la emisión de bonos, al ser estos vendidos “en un tasa de interés más alta que los bonos de países en quiebra como Grecia y corporaciones con peor clasificación crediticia” que Puerto Rico.

“Claro que habrá inversionistas dispuestos a comprar estos bonos a precios de usura y con intereses tres veces más altos de lo que paga un bono a nivel óptimo. El gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) y Alejandro García Padilla han estado celebrando el haber logrado una emisión que resulta ser de las más caras en nuestra historia. Hace menos de 2 años el interés era cerca del 5% y ahora es más del 8%… “Este es el único país donde se celebra venta de bonos a precios de usura”, opinó la representante.

Acerca del perfil de los compradores de estos bonos, la portavoz los identificó como inversionistas no tradicionales que el Gobierno pone en ventaja frente a inversionistas tradicionales, que son mucho más exigentes.

“Al haberles otorgado el derecho a demandar en la corte del estado de Nueva York, esta administración coloca a los nuevos inversionistas en una mejor posición que a inversionistas anteriores, una acción poco justa y que crea suspicacia entre los inversionistas que han apoyado a Puerto Rico por décadas”, argumentó la política.

González Colón alertó sobre “el doble discurso de García Padilla, uno para los bonistas y otro para el pueblo. Con los bonistas se compromete a recortar 1,500 millones de dólares en el gasto público, incluyendo la revisión de la fórmula de la Universidad de Puerto Rico. Y, aunque no quieran aceptarlo, la suspensión de convenios colectivos y planifican en cuartos oscuros el despido o reducción de horario de trabajo de empleados públicos. Otro golpe al bolsillo de los servidores públicos sumado a los dos mil millones de dólares en impuestos, aumento en el costo de servicios y recortes en beneficios de jubilación. Sin embargo, los presidentes de los cuerpos legislativos dicen que son solo propuestas. ¿A quién debemos creerle? ”.

Los 3,500 millones de dólares en bonos “casi consume todo el margen prestatario, lo que limita el poder usar deuda en un futuro para invertir en infraestructura”.

El desglose que hizo la portavoz de la deuda es el siguiente:

“Uno, 400 millones se utilizarán para pagar intereses sobre los mismos bonos que se están emitiendo, por un período de casi 24 meses; o sea, que no lo pagan bajo su administración y lo dejan para que los empiece a pagar la próxima administración”.

“Dos, 900 millones los están usando para pagar préstamos a corto plazo en que ellos han incurrido durante los pasados 12 meses y para pagar penalidades de terminación de ‘swaps’ que fueron contratados entre el 2007 y 2008, y que hoy nos cuestan millones y millones de dólares”.

“Tres, además, otorgaron un descuento en el precio de compra a los nuevos bonistas de 245 millones (esto es dinero que no recibimos hoy, pero que tenemos que pagar al cabo de la vida de los bonos, con intereses)”.

“Cuatro, 55 millones son para el pago de gastos relacionados a la emisión”.

“Cinco, el resto del dinero, unos 1,900 millones de dólares, según ellos, los están utilizando para refinanciar deuda”.

La vicepresidenta del PNP volvió a señalar que a estas alturas no han publicado la certificación del margen prestatario de Puerto Rico luego de esta emisión. Tampoco dudó en que García Padilla aumentará la deuda, ya que “su historial es claro. Hablan de hacer otra emisión por 900 millones de dólares, pero no certifican si ya agotamos el margen prestatario sobre el límite constitucional para emitir deuda. El cálculo de este margen no puede incluir los recaudos no recurrentes producto de fondos federales, en los que se incluye la devolución a Puerto Rico por el arbitrio del ron, entre otros”.

Al 31 de diciembre de 2012, “la deuda pública estaba rondando los 69 mil 800 millones de dólares. Al 31 de diciembre de 2013, la deuda había aumentado, según datos ofrecidos por el propio Banco Gubernamental de Fomento, a 71 mil 900 millones, para un incremento en 12 meses de dos mil 100 millones de dólares, aunque el gobernador insiste en que no ha aumentado la deuda pública ni un centavo”.

“Aunque continúen intentando echar la culpa hacia atrás, todos sabemos que la situación en que nos encontramos tiene mucho que ver con la forma en que este gobernador ha tratado a los inversionistas y las casas acreditadoras, la improvisación en temas fiscales y de desarrollo económico y el aumento en el presupuesto actual, que ahora dicen estar reduciendo y adjudicándose un logro”, culminó González Colón.