EL VOCERO / Archivo

La mayoría de las víctimas de los seis sacerdotes expulsados de la Diócesis de Arecibo por imputaciones de abuso sexual eran mayores de edad al momento en que se hizo la denuncia ante la Iglesia Católica.

Así lo dejó saber ayer el licenciado Frank Torres Viada, representante legal de la Diócesis de Arecibo, al tiempo que  indicó que en total son 20 víctimas de las cuales, 18 eran adultos para efectos del Código Penal al momento de hacer la denuncia y los otros dos restantes eran menores por lo cual fueron referidos por la Iglesia a las autoridades policíacas y el Departamento de la Familia.

La información se torna relevante en momentos en que la Diócesis de Arecibo espera que el Tribunal le prohíba al Departamento de Justicia exigir a la Iglesia información sobre las víctimas de los sacerdotes expulsados. Esta ‘presión’ de parte de Justicia podría tener a largo plazo consecuencias nefastas, tanto en la Iglesia Católica como en la propia jurisprudencia local.

Las partes tienen hasta el 21 de marzo para estipular los hechos y el derecho aplicable y por su parte la Iglesia presentar el testimonio escrito del obispo de Arecibo, Daniel Fernández Torres. Luego de esto, el caso quedaría sometido para que el juez Ángel Pagán Ocasio, determine si se le impide al Departamento de Justicia requerir la información de las víctimas a la Iglesia Católica o se adentre en todos sus temas.

Los seis exsacerdotes implicados son: Tomás Pagán Ramos, Andrés Dávila, Edwin Mercado Viera, Efraín Montesino, Pedro Hernández y José Colón Otero.

“Estamos hablando de adultos que tienen una vida productiva, muchos están casados, tienen hijos y en un caso la persona tiene hasta nietos. Estas personas acudieron ante la Iglesia a denunciar a los sacerdotes, acudieron porque el mecanismo eclesiástico y el proceso interno de la Iglesia les daba unas garantías de intimidad, privacidad y confidencialidad que no da el foro civil”, sentenció Torres Viada.

El representante legal del obispo Fernández Torres, aseguró que varias de las víctimas han llamado o han acudido a la Diócesis de Arecibo para insistir en que no se revele su identidad.

“A partir de toda la discusión pública sobre el asunto, estas personas no quieren ser revictimizadas”, apuntó el abogado.

Al mismo tiempo, recordó que el Tribunal aceptó como parte interventora en el caso a una de las víctimas que a través de su abogado solicitó que se mantenga en privado su identidad.

“Incluso cuando se trata de victimas adultas el protocolo de la Iglesia establece que se oriente a la persona sobre la alternativa de presentar la denuncia ante los foros civiles. En el caso de los menores, aún cuando los padres no estén de acuerdo, la Iglesia tiene que referir la información a  la autoridades civiles y en este caso se hizo”, sentenció Torres Viada.

A juicio del abogado, si las victimas tuvieran el interés de encausar a los exsacerdotes ya lo hubiesen hecho público debido a toda la proyección que ha tenido en los medios de comunicación este caso.

“Este caso ha tenido innumerables primeras planas y cobertura en la televisión todos los días”, agregó el licenciado.

El representante legal de la Diócesis de Arecibo insistió en que si el Estado obliga al obispo de Arecibo a revelar la información de las víctimas se expone a sanciones de la Iglesia por violar el derecho canónico. Esto no solo representaría sanciones contra Fernández Torres, sino que le daría ‘permiso’ a Justicia para entrar en cualquier otra que así le interesara.

A juicio de la Diócesis de Arecibo los ‘subpoenas’ o petición de información que presentó el Departamento de Justicia son inconstitucionales porque atenta contra “la libertad de religión” al obligar al obispo Fernández Torres a traicionar su fe por revelar los nombres de las víctimas aunque el derecho canónico se lo impide.

Torres Viada indicó que el juez Pagán Ocasio, destacó en la última vista el viernes pasado, que la Iglesia de Arecibo está cooperando con el Departamento de Justicia y que la controversia radica en la cantidad de documentos que debe entregar al Estado.

El viernes pasado, el juez superior Manuel Orriola del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto contra el exsacerdote Mercado Viera por actos lascivos en contra un menor de edad.

El exlíder religioso alegadamente abusó sexualmente del monaguillo de 13 años en hechos ocurridos entre abril a junio del 2007. Según informó el fiscal, los hechos ocurrieron cuando el niño acompañó Mercado Viera a una misa en Bayamón. Orriola impuso una fianza de $30,000, la cual fue deferida con el diez por ciento por la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ). La vista preliminar fue pautada para el día 20 de marzo a las 8:30 de la mañana.

Consecuencias nefastas e inimaginables

Una fuente allegada a todos los procesos legales del Departamento de Justicia y la Iglesia Católica explicó que el tema de requerir información es uno muy delicado. Tanto, que trastocaría los mismos procesos legales.

“La obligación de la Iglesia de cooperar con el Estado, no puede dar al Estado a querer tener acceso a todos los documentos de la institución religiosa. Es similar, al médico o abogado que se le obliga a romper con el privilegio de confidencialidad con su cliente si este manifestara la intención de hacerle daño a un tercero. Esto no le puede dar derecho al Estado a entrar en en todos los expedientes médicos o legales. Eso tendría unas consecuencias terribles para la sociedad”, indicó la fuente que solicitó mantenerse en el anonimato.

“Uno de los instrumentos más poderosos que tiene la Iglesia es la garantía de confidencialidad. Si ahora el Estado le obliga a romper esa garantía de confidencialidad la gente no se va a sentir cómoda. Van a tener un gran temor a en un futuro hacer denuncias contra los sacerdotes. Permitir esto sería darle carta blanca para que el Estado se meta, no solo en la Iglesia sino en cualquier institución sin tener siquiera la querella de que se cometió el delito”, añadió la fuente.

Precisamente, la semana pasada el Departamento de Justicia expresó la intención de en algún momento allanar la Diócesis de Arecibo si no se lograba obtener la información solicitada. Sobre esto la fuente advirtió que no tendría razón de ser, ya que Justicia cuenta con “los nombres de los sacerdotes, la relación de hechos, la denuncia, la edad de las víctimas al momento de los hechos. Eso le permite al Estado saber si el delito prescribió o si se trató de uno contra menores o mayores de edad”, apuntó la fuente.

Suministrada

Siempre evité juzgar las acciones de la Iglesia Católica a la que pertenezco. La cultura en que crecí me decía que las cosas de la Iglesia eran sacramentales y que todo lo que salía de allí era bendición del Padre. Por ello, no había que cuestionar nada.

Eso me lo creí por mucho tiempo hasta que comencé a ver algunas acciones reveladoras desde que comencé estudios en Filosofía y posteriormente cuando comencé a leer los periódicos.

Reconozco la gran enseñanza de la Iglesia, en lo bueno y lo malo. Lo que pretendo aquí es desmitificar la imagen de santidad que ha logrado crearse por poseer el batón de la religión cristiana. No cuestiono el cristianismo sino las pretensiones de su estructura política que es el Vaticano, que no es otra cosa que un estado político, dirigido por políticos, por hombres de carne y hueso, con las mismas fallas de los políticos y los hombres de carne y hueso.
Creo que por respeto hemos sido muy lenientes con la Iglesia.

El internet está lleno de datos sobre pederastías, asesinatos, crímenes, tele evangelistas, y hombres de religión de todas las denominaciones que se han representado como hombres y mujeres de Dios, protegidos por el Vaticano, cuando realmente no lo son.

Repito: No paso juicio sobre la importancia de la Iglesia Católica; lo que cuestiono es su pretensión de representar los absolutos, como son los de la honestidad absoluta, la moralidad absoluta, la bondad absoluta, la misericordia absoluta, la verdad apodíctica.

Parte de mis elementos de reflexión fueron los siguientes:

Todos conocemos la situación presente así que me abstengo de detallarla por economía de espacio.
Me concentraré, entonces, en la historia de varios Papas, según datos fáciles de conseguir por vía electrónica.

Comencemos con la Simonía, que no era otra cosa que la venta de bendiciones y absoluciones. O sea, en un momento, aquellos que podían pagar eran los únicos que llegaban al Cielo.

Uno de los primeros papas, Sixto III (432-440), fue juzgado por otros eclesiásticos por seducir a una monja.

Sergio III (904-911) llegó al poder tras asesinar a su predecesor y tuvo un hijo con su amante adolescente, treinta años más joven que él, la prostituta Marozia; el hijo ilegítimo de la pareja pasaría a ser el Papa siguiente.

Benedicto IX (1032-1048) pervertía a niños de corta edad en el palacio de Letrán.

Juan XII (955-964) fue acusado de acostarse con sus dos hermanas. Murió a los veintisiete años, cuando el marido de una de sus amantes irrumpió en su dormitorio, le descubrió in fraganti y le destrozó el cráneo con un martillo…

Bonifcacio VIII (1294-1303) se dio arreglos con una mujer casada y la hija de esta y adquirió renombre en toda Roma como pedófilo desvergonzado. Proclamó en célebres palabras que mantener relaciones sexuales con niños no era más pecaminoso que frotar una mano contra la otra.

Clemente VI (1342-1352) fue con el nombre del Dionisos eclesiástico por el número de amantes y la gravedad de su gonorrea.
Sixto IV (1471-1484) tuvo seis hijos ilegítimos, uno de ellos con su hermana. Recaudó un impuesto eclesiástico sobre las prostitutas y cobraba a los sacerdotes por tener amantes.

Inocencio VIII (1484-1492) reconoció a ocho hijos ilegítimos y se sabe que tuvo muchos más.

Alejandro VI (1492-1503) presidió más orgías que misas. Uno de los platos fuertes de su carrera fue la “Justa de las putas” de 1501, en la que se invitó a cincuenta bailarinas a desvestirse lentamente en torno a la mesa del Papa.

Julio II (1503-1513) fue el primer papa que contrajo el “mal francés”, la sífilis, de prostíbulos de Roma.

Julio III (1550-1555) se enamoró de un joven y apuesto mendigo a quien vio peleándose en la calle. El Papa nombró cardenal al joven, quien tenía diecisiete años.
Si a lo anterior le añadimos la intervención de los políticos en asuntos sustantivos de la Iglesia, veremos más claro el asunto.

Mas reciente, se ha hablado de conspiraciones en el Vaticano, de escándalos en el Banco del Vaticano, de tráfico y financiamiento de drogas, de pederastas, abusos sexuales y encubrimientos. O sea, que poco ha cambiado desde el tiempo de María Castaña hasta el presente.
La historia antigua y la presente me condujeron, desde hace tiempo, a conflictos con mis enseñanzas juveniles. Para defender, entonces, mi conciencia cristiana ante estos hechos tuve que racionalizar y tomar unas decisiones que nunca pensé que iba a tomar.

Hice una distinción entre mi Iglesia y mi religión. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dijo un filósofo local.

Y en ese sentido le doy al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

Frente a esta realidad los laicos, finalmente, nos hemos dado cuenta que éramos corderitos dirigidos, no por los sacramentos, sino por los sacramentistas y hemos comenzado a evolucionar.