Evidenciada una vez más la poca importancia de esta Administración sobre la seguridad pública

05/08/2014 | Filed under: Mala Administración PPD y Neo-Comunistas | Posted by: Francisco

7 de mayo de 2014

Evidenciada una vez más la poca importancia de esta Administración sobre la seguridad pública

El Capitolio- El pasado presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, Héctor Torres Calderón, cuestionó que no se presupuestara el pago de hora extras, el pago del exceso de vacaciones y enfermedad y el adiestramiento de unidades especializadas entre otros en el presupuesto de la Policía de Puerto Rico.

“La poco importancia que representante la seguridad del país por parte de la administración de García Padilla no solo estaba demostrada con la falta de un plan anticrimen, que aún no hemos visto, sino que queda evidenciada por el recorte de $50 millones a la Uniformada, que lamentablemente el actual Superintendente no pudo objetar”, expresó Torres Calderón.

El representante por el Distrito Número 12 (Morovis, Manatí, Vega Alta, Vega Baja) sumó a su planteamiento sobre la pobre atención por parte de esta administración a la seguridad, el disloque de prioridades en la Policía.

“Mientras hoy hay 400 policías desarmados por falta de adiestramiento en vez de estar en la calle brindando seguridad, esta administración dirige sus esfuerzos en convertir a los Policías en agente de Hacienda al exigirles a los agentes cuotas de emisión de multas como evaluación en su desempeño”, denunció Torres Calderón.

El legislador catalogó como “empeñó de esta administración de continuar buscando en los bolsillos de la ciudadanía los fondos para Hacienda con la imposición de multas, aumentos en estas y dirigiendo los esfuerzos de la Policía en ello”.

En la vista pública de hoy sobre el presupuesto de la Policía de Puerto Rico, salió a relucir además que existen $33 millones destinados al pago de préstamos, así como la falta de asignaciones de fondos a ciertos adiestramientos.

“Ante la situación tan delicada y apremiante en cuanto a la seguridad, resulta pertinente un Superintendente con, no solo el conocimiento de la estructura y buenas intenciones, sino la firmeza necesaria para llevar hacia delante una verdadera reforma de la policía, lamentablemente durante el careo con el representante Báez, el Superintendente lució como todo un novato al Presidente interrumpirle para que no siguiera hablando”, relató Torres Calderón.

El careo surgió cuando el actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública y para el Desarrollo de Iniciativas Contra el Crimen y la Corrupción, José L. Báez, proponía ahorros en la Policía al sugerir que los cursos académicos de la Uniformada fueran tomados en universidades acreditadas.

Por su parte, el superintendente José Caldero explicaba que no podía ser posible porque se le requiere a la Policía unos cursos específicos que no se ofrecen en ninguna institución privada.

En medio del debate, el representante Torres Calderón relata que el Presidente de la Cámara intervino con el Superintendente al advertirle que no continuara hablando porque ellos ya habían hablado sobre el particular cuando discutieron el plan de seguridad que presentó el Perelló Borrás hace dos semanas.

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Delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes

7 de mayo de 2014

Legisladores destacan improvisación e incongruencias en planes sobre educación del Gobierno

El Capitolio- Los planes esbozados por la actual administración referentes a la educación en diversos aspectos contienenincongruencias, lagunas, algunos representan conflicto de intereses, otros retroceso en oferta académica y ponen en un hilo el empleo de sobre 5,000 empleados. Así alertaron en conferencia de prensa los representantes Lourdes Ramos Rivera y Pedro Julio “Pellé” Santiago Guzmán.

Cierre de escuelas

En su Agenda para la Recuperación Económica, el Gobernador expone su interés de cerrar sobre 100 planteles escolares, pero no identifica el destino de los mismos una vez tengan el candado puesto. Esto deja en el limbo el futuro laboral de maestros, empleados de comedores escolares, empleados administrativos y de mantenimiento, entre otros.

“El gobierno pretende cuadrar el presupuesto cerrando más de 100 escuelas y despidiendo a 5,000 maestros transitorios, según la propia Secretaria de la Gobernación quien expresó que el futuro de los empleados transitorio no está garantizado bajo esta administración. Originalmente, esperaban que se retiraran 7,000 maestros como consecuencia de la Ley 160-2013, pero al esta ser revocada por el Tribunal Supremo tendrán que recurrir a despedir a los maestros transitorios. Por otro lado, anuncian la contratación de al menos 1,500 maestros sustitutos para suplir el ausentismo docente. ¿Qué necesidad hay de despedir a los transitorios, si por el otro lado indican que es necesario la contratación de maestros, en qué quedamos?”, cuestionó Lourdes Ramos.

La representante enfatizó que es bien importante que se tomen en consideración las necesidades particulares de cada escuela que se pretende cerrar, tomar en consideración la distancia de la escuela receptora y la capacidad de dicho plantel de recibir la matrícula de la escuela que cierra, como por ejemplo que el traspaso de estudiantes de educación especial sea a planteles que cuenten con las facilidades peculiares para esa población.

Sobre la municipalización de los transportes escolares, la preocupación de Ramos Rivera es que no se pretenda pasar a los municipios el sistema de transporte escolar con la intención de que estos subsidien el gasto relacionado. “El Gobernador no está proponiendo una solución a los problemas, está transfiriendo los problemas del Departamento de Educación a los municipios. ¿Qué pasará con aquellos municipios que estén enfrentados crisis fiscales y que ahora se pretenda añadirle esta carga económica? ¿Qué tipo de ayuda obtendrán, si alguna, de Educación? ¿El Gobierno consultó esta propuesta con la Federación y Asociación de Alcaldes?”, preguntó Ramos Rivera.

Eliminación del Consejo de Educación de Puerto Rico

El Proyecto de la Cámara 1904 busca eliminar el Consejo de Educación de Puerto Rico y crear la Secretaría Auxiliar para el Licenciamiento y la Acreditación de Instituciones de Educación en el Departamento de Educación.

El Consejo de Educación de Puerto Rico, es un ente ya fusionado en el 2010 entre el Consejo General de Educación y el Consejo de Educación Superior lo que produjo ahorros, que reglamenta las instituciones de enseñanza de preescolar, secundaria, técnicas y universitarias.

“El eliminar el Consejo y crear una dependencia a tales fines bajo Educación es un grave error. ¿Cómo es posible que ahora sea el propio Departamento de Educación quien acredite o no tanto a las escuelas privadas como a las universidades?”, alertó Pedro Julio “Pellé” Santiago Guzmán.

En la propuesta de presupuesto para esta nueva Secretaría Auxiliar se recortan varias de las áreas como nómina, compra de servicios y el área de estadísticas. Sin embargo, hay aumento en el área de contratos de servicios profesionales. “¿A qué viene este aumento?”, cuestionó la representante por acumulación, Lourdes Ramos.

Queda pendiente, conocer qué se piensa hacer con los millones de dólares para becas de estudio y los fondos federales para capacitación profesional a los maestros que recibe el Consejo.

Acerca de la queja contendida en la exposición de motivos de la medida sobre la tardanza en licencias y acreditaciones, la representante recordó que las instituciones educativas “no están para licenciarse y acreditarse así porque sí, por lo que hay que ser riguroso en las evaluaciones. Además esto no es argumento de peso para eliminar esta entidad administradora de la política pública sobre la educación en Puerto Rico”.

“Las grandes economías se lograron gracias a la fusión del 2010, por lo que no nos deja de otra que concluir que la intención de la eliminación del Consejo Superior es clara de remover a quienes ocupan puestos directivos actuales. Repiten la estrategia que han mantenido durante su actual administración, de no respetar los organismos “autónomos” y los nombramientos a plazo si no logran desplazar a quienes los dirigen – o les privan de sus funciones o deshacen y rehacen la entidad hasta lograrlo”, concluyó Santiago Guzmán.

Consolidación del Colegio Universitario de Justicia Criminal con la Policía de Puerto Rico

El PC 1895 elimina el Colegio Universitario de Justicia Criminal e instruye al Superintendente de la Policía establecer, desarrollar y mantener un Programa para la Profesionalización del Cuerpo de la Policía y cumplir con los requisitos de educación continua para los miembros de la Policía de Puerto Rico (PPR).

El Colegio Universitario de Justicia Criminal fue creado en virtud de la Ley 155-1999. Esta Ley surge luego de que el entonces gobernador Pedro Rosselló, emitiera la Orden Ejecutiva 1995-41 que concedió autoridad al Superintendente para presentar la solicitud de acreditación ante el entonces Consejo de Educación Superior, pues con esto se cubrirían las necesidades educativas de la Academia en todas las áreas a los fines de conceder grados universitarios.

“El Consejo otorgó la licencia de autorización al Colegio Universitario de Justicia Criminal para ofrecer el Grado Asociado en Justicia Criminal y mantener un programa de educación continua en Justicia Criminal y Seguridad Pública. Esta independencia académica y operacional del Colegio es parte de los requisitos para recibir fondos federales”, informó Pellé Santiago.

El 17 de julio de 2013, se suscribió un acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el de Puerto Rico. Entre lo pactado se encuentra el profesionalizar la PPR y fortalecer la educación.

“Para consolidar el Colegio con la PPR se utiliza como presunta justificación el que nunca se obtuvieron fondos federales. No obstante, si queremos ahorrar en el Fondo General, ¿no sería más conveniente mantener la autonomía académica y operacional del Colegio y tomar acciones correctivas para lograr la Acreditación de la Middle States (falla señalada por la Contralora) y, por ende, obtener fondos federales? Para esta Administración, ¿es más fácil eliminar que corregir fallas?”, manifestó el Representante por el Distrito Número 10 de Toa Baja.

Por otro lado, según el legislador, resulta de preocupación el hecho de que el Colegio Universitario se convierta en un Programa adscrito a la PPR. Con este cambio dejaría de ser una institución educativa y sería muy probable que se pierda la acreditación del Consejo de Educación. “Si esto sucede, ¿qué pasará con los Policías que interesen proseguir sus estudios más allá del Grado Asociado en Justicia Criminal? ¿No se aparta esta postura de la tan deseada Profesionalización de la PPR?”.

Pellé Santiago añadió que esta medida no es más que “otra muestra del grado de improvisación de esta Administración y la falta de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo”.

Tan reciente como el 24 de abril de 2014, Jaime Perelló radicó a nombre de la Delegación PPD, una serie de medidas para atender el problema de la seguridad pública. Entre las medidas radicadas está el P. de la C. 1854 que crea el Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la PPR y el Fideicomiso para la Administración del Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la PPR. Esta medida menciona como parte integral al Colegio y a su Rector que ahora el Ejecutivo pretende eliminar.

“Entendemos que la manera más adecuada de mejorar la preparación y adiestramiento de los miembros de la Uniformada es mediante la evaluación del currículo que ofrece el Colegio y un rediseño del mismo, no con la eliminación de la Academia”, concluyó Pellé Santiago.