Ese es el objetivo de la solicitud de una sentencia declaratoria y recurso de certificación intrajurisdiccional sometidos ayer con carácter de urgencia ante el Tribunal de Primera Instancia de san Juan y el Tribunal Supremo, respectivamente, a 85 días para cumplir con la orden de 120 días dictada por la FDIC.
La urgencia de que sea el Supremo el que atienda el reclamo para que Hacienda le cumpla con el crédito de $229.9 millones por alegados pagos contributivos en exceso, con un recurso inusual, plantea las dificultades del banco para alcanzar la capitalización esperada en tiempo récord mediante la venta de activos.
Según la demanda, Doral alega violación de derechos constitucionales e incumplimiento de contrato, y anticipó que de no prevalecer su reclamo, saldrá del mercado uno de los principales bancos hipotecarios. Reiteraron que emplean sobre mil trabajadores, hacen negocios con cientos de suplidores de bienes y servicios, se perderían los ingresos de $50 millones que ellos aportan en nómina.
La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, dijo por escrito que “que esta demanda y las alegaciones que contiene no tienen mérito. La solicitud de reintegro de Doral no es válida y el alegado sobrepago de contribuciones nunca ocurrió. El Departamento de Justicia defenderá enérgicamente al Estado Libre Asociado de esta demanda”.
Ramón Rosario, representante legal de Doral, dijo que el recurso ante el Supremo busca atención inmediata para mantener la operación. Aseguró que no tardaron en ir al tribunal, porque fue el 14 de mayo cuando Hacienda anuló el acuerdo y en 15 días lograron levantar la voluminosa documentación para el caso.
Por su parte, Ted Olson, principal abogado de Doral Financial Corporation y ex Fiscal General de Estados Unidos, dijo que “se trata de una violación de contrato y un acto ilegal por parte de Hacienda. Doral y Hacienda tienen un acuerdo legalmente vinculante que otorga Doral el reembolso de impuestos que se le debe. Si este gobierno puede romper los acuerdos adoptados por la última administración, entonces ningún contribuyente, empleador o inversionistas en Puerto Rico está a salvo”.
Mientras, Glen Wakeman, CEO de Doral, y quien rara vez habló anteriormente a la prensa local, expresó que “esto es muy lamentable” y añadió que “al liderato del banco no le quedó otra opción que tomar esta acción legal para proteger sus derechos en virtud de la ley y los intereses de sus diversos grupos de interés, incluidas sus contrapartes, los tenedores de bonos, accionistas preferentes, accionistas, empleados y clientes”.
El licenciado John Mudd, quien ha analizado toda la documentación de Doral, explicó a EL VOCERO que es fundamental para el banco la certificación del Supremo. “Si esta certificación no se aprueba, Doral no va a poder hacer nada y entonces será la FDIC quien irá en contra de Hacienda en el foro federal. Aunque no tengo el conocimiento de la realidad económica real de Doral, por lo que he leído públicamente entiendo que de no lograr que Hacienda les reembolse los $229.9 millones no parece que van a poder prevalecer, lo que a Puerto Rico no le conviene. Representa una merma en el número de bancos y la pérdida de miles de empleos, acción que es muy peligrosa para los inversionistas”, opinó Mudd.
Para el Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Rafael Blanco, la demanda no afecta al país. “No había otra decisión a tomar que los tribunales, quien finalmente determinará cuál de las partes tiene la razón. Es un derecho que le asiste a Doral como ciudadano corporativo. Esta radicación no le sorprende a nadie, era de esperarse”, indicó.
El economista Jaime Benson comentó que se lacera la imagen de la Isla como mercado de inversión al dar la impresión de que Hacienda no honra acuerdos y contratos. “Desalienta la inversión privada en estos momentos cuando se necesita atraer inversión para salir de la crisis económica que se vive. Si no confían en la Isla, no va a llegar la inversión”, sostuvo.
n de contingencia para la venta, fusión o liquidación de sus activos.
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