La eliminación de procuradurías afectará además servicios, provocará la pérdida de empleos y fondos federales que reciben por su condición de organismos autónomos fiscalizadores. Más aún, el presupuesto de cada procuraduría representa muchísimo menos de 1% del presupuesto total del Gobierno Central y realmente su eliminación producirá ahorros exiguos o prácticamente ninguno, en comparación con los que podrían obtenerse reestructurando otras agencias de las casi 140 existentes, donde sí hay bastante para recortar.
A la larga, las eliminaciones propuestas representarán más costos y peores servicios por la compleja burocracia e ineficiencias de los departamentos y agencias donde se integrarán. Así, las propuestas del Ejecutivo levantan suspicacias en cuanto a si su verdadero propósito es desbancar funcionarios nombrados por la pasada administración y sobre la efectividad de los foros que tendrían los ciudadanos para reclamar derechos y fiscalizar su gobierno.
El tema de la reestructuración de procuradurías no es nuevo. De hecho, irónicamente la presente administración aprobó el año pasado una serie de medidas que le devolvió la autonomía a las procuradurías que ahora quieren eliminar, revirtiendo la reorganización realizada por la pasada administración que consolidó funciones administrativas de dichas entidades fiscalizadoras. Y ahora, se presentan medidas para su eliminación, de forma improvisada y a la carrera, patentizando así que estos esfuerzos no siguen un plan ordenado para reorganizar y modernizar nuestra estructura gubernamental, para hacerla más eficiente y menos costosa, recortando gastos gubernamentales donde realmente existen.
La integración de la Procuraduría de la Mujer al Departamento de la Familia representa un retroceso e injusticia para nuestras mujeres, especialmente las víctimas de maltrato, hostigamiento y agresión sexual, quienes a través de su procuraduría pueden reclamar y obtener la vindicación de derechos y reparación de agravios. Esta facultad se le pasaría al altamente burocratizado Departamento de la Familia, arriesgando así programas de fiscalización, prevención y el financiamiento con fondos federales de sobre 30 entidades del Tercer Sector que prestan servicios para el bienestar, protección e integridad de la mujer puertorriqueña.
Asimismo, la eliminación de la Procuraduría de la Salud, integrándola al Departamento de Salud, provocará también conflictos y pérdida de recursos y empleos. Esta procuraduría garantiza accesibilidad a servicios médicos de calidad, fiscalizando y haciendo valer por ejemplo, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente contra actuaciones de proveedores contratados por el Departamento de Salud, entre otras acciones. En esencia, la eliminación ocasionará que el Departamento de Salud se fiscalice a sí mismo en lugar de ser fiscalizado por un ente externo, independiente y especializado como la Procuraduría de la Salud.
Se propone también la eliminación del Procurador del Veterano, integrándolo a la Guardia Nacional, agencia a quien la referida procuraduría fiscaliza y que tiene un rol distinto. Así, se ponen en riesgo programas de fiscalización, contra el discrimen y servicios que benefician a más de 150 mil veteranos y familiares, quienes muy bien se lo han ganado por sus luchas y servicio en conflictos y misiones humanitarias alrededor del mundo.
En cuanto la eliminación de la Procuraduría de las Personas con Impedimentos, esta reorganización llama la atención ya que se integraría con la Procuraduría de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad, siendo ésta última la única procuraduría que no se eliminaría. Estará por verse como ambas entidades podrán conciliarse para que no se afecten sus servicios, programas y la atención de querellas.
Ciertamente el momento demanda una reforma gubernamental que reinvente, modernice y reduzca el tamaño del gobierno. Sin embargo, ésta no puede ser a medias ni improvisada, que termine aumentando el gasto público, empeorando la calidad de los servicios y afectando foros que permitan la fiscalización efectiva del gobierno.
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