WASHINGTON –  Ante el rechazo de los comisionados de los partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP), quedó ayer en manos del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ángel González Román, la intención del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que el organismo electoral defina las alternativas de un próximo proceso de status, sin esperar por la Legislatura.

Como se esperaba, los comisionados del PPD, Eder Ortiz, y del PIP, Juan Dalmau Ramírez, se opusieron en la reunión de ayer, en San Juan, a que la CEE ‘legislara’ un plebiscito, mientras el representante del PNP, Jorge Dávila, lo favoreció.

“No hay legislación (para poder reglamentar) un plebiscito”, reafirmó hoy Dalmau Ramírez.

Ortiz, por su parte, insistió también en que “no hay un mandato del legislativo estatal” para poner en orden una consulta de status.

Ahora el asunto queda en manos del presidente de la CEE, que se espera emita una decisión por escrito.

“Vamos a seguir presionando. Por algún lado tiene que iniciar el proceso”, indicó Dávila, el comisionado electoral del PNP, al indicar que “lo ideal es que el Gobernador y la Legislatura actuaran”, pero nada han hecho.

El martes, González Román reconoció que en cualquier proceso electoral en Puerto Rico “se supone que primero se apruebe (en la Legislatura) un proyecto de ley”.

En momentos en que sectores estadistas encabezados por la exsenadora Miriam Ramírez de Ferrer presionan al PNP, Pierluisi propuso que la CEE ‘legisle’ las definiciones de un próximo plebiscito de status y las envíe al Secretario de Justicia de Estados Unidos.

Pierluisi considera que el lenguaje sobre el status de Puerto Rico incluido en una ley federal aprobada en enero pasado, a petición del presidente de Estados Unidos, Barack Obama,   permite que la CEE acuerde el próximo proceso de status sin que se sea necesaria la intervención de la Legislatura.

La carta en la que Pierluisi solicitó a la CEE las definiciones de status incluyen una propuesta para un referéndum estadidad sí o no. También sometió su propia definición de estadidad.

La Legislatura de Puerto Rico debe iniciar, a más tardar el mes próximo, las audiencias sobre el próximo proceso de status, que puede ser una Asamblea de Status o un plebiscito.

El gobernador García Padilla ha indicado que cumplirá tanto con el programa de gobierno del PPD, que ordena echar hacia delante una Asamblea de Status, como con la ley federal que permite, si el gobierno de Puerto Rico así lo quiere, que el Secretario de Justicia de Estados Unidos analice si las definiciones de status cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

Si el gobierno de Puerto Rico consulta las definiciones y la campaña educativa de un próximo plebiscito con el Secretario de Justicia de Estados Unidos puede tener acceso a $2.5 millones para ayudar a financiar la consulta.

Pierluisi y el PNP insisten en que la estadidad ganó el plebiscito de 2012, en el que el 54% rechazó el actual status territorial.

Pese a que la estadidad obtuvo el 61% de los votos entre las alternativas de status incluidas en la segunda pregunta de aquel plebiscito, el porcentaje se queda en cerca del 45% cuando se suman los votos en blancos solicitados por la Junta de Gobierno del PPD.

Mientras se espera por el inicio del debate en la Legislatura de Puerto Rico, cada vez es más evidente que en el Congreso federal no avanzarán los proyectos impulsados por el PNP que persiguen un referéndum federal estadidad sí o no, el cual quisieran vincular  con un posible proceso de admisión de la isla como estado 51 de Estados Unidos.