Custodiado desde adentro el esquema: Interroguen a AGP y que Diga lo que Sabe
{AGP hizo dos o tres o más viajes y es el que más Sabe junto a William Clark. Se les debe interrogar.}
EL VOCERO / Archivo
Cuando se habla del ‘Cartel del Petróleo’, a veces se caricaturiza el término con imágenes de empresarios con turbantes en medio de transacciones comerciales en el medio oriente.
En cambio, fuentes de EL VOCERO aseguraron que se trata de un grupo de suplidores, algunos laboratorios y empleados de la AEE, que burlan los controles de compra y análisis de combustible. Como resultado, se hace pasar combustible derivado del petróleo con un porcentaje de azufre más alto, es decir, combustible más barato, como combustible con porcentaje de azufre menor que en el mercado es más costoso.
Documentos en poder de EL VOCERO evidencian este esquema que data por lo menos desde la década del 90, aunque se asegura existe desde mucho antes.
Evidencia documental deja al descubierto que sin importar el color político de la administración de turno, se han hecho los señalamientos sobre las irregularidades, pero tal parece que los directivos de la AEE se hacen de la vista larga.El análisis de los documentos también señala que, a través de las décadas, la AEE no ha tenido los controles necesarios para confirmar que el combustible que se recibe en los muelles es compatible con la calidad y volumen por el que paga.La manipulación de las pruebas de porcentaje de azufre es un secreto a voces que provoca aumento de costos en la AEE; costos que luego son transferidos a los clientes en la factura mediante el llamado renglón de ajuste por la compra del combustible.
El precio del combustible derivado del petróleo es volátil porque depende de lo que dicte día a día el mercado.
No obstante, de acuerdo a documentos de la propia AEE, la diferencia en el precio por barril del combustible con mayor o menor porcentaje de azufre puede promediar los $6, aunque hay instancias en que ha alcanzado más de $10.
Esta cifra se convierte en astronómica cuando se toma en consideración la cantidad de barriles de combustible derivado de petróleo que compra la AEE cada año.
En 2013, según el Centro para la Nueva Economía (CNE), la AEE gastó $2,600 millones para comprar 23.4 millones de barriles de petróleo, a un costo promedio de $111por barril.
Aunque se desconoce qué cantidad exacta del combustible fue finalmente parte del esquema, si se consideran los promedios, en el 2013, la diferencia de $6 por barril pudo haber representado aproximadamente $140 millones más en costos por compra de combustible para la AEE. Según las fuentes de este rotativo, una gran porción de esta cifra millonaria se reparte entre los participantes del esquema.
Los participantes del esquema
El llamado ‘Cartel del Petróleo’ posee un brazo operacional y un brazo administrativo, señalaron las fuentes que pidieron anonimato por temor a represalias.
Según las fuentes, el brazo operacional lo integran algunos suplidores de combustible participantes del esquema, varios laboratorios que toman muestras y analizan el combustible y la Oficina de Combustibles de la AEE.
Mientras, el brazo administrativo está compuesto por algunos empleados de la División Legal, la División Ambiental, la División de Suministros, la Oficina de Auditoría Interna y el Laboratorio de la AEE.
“El brazo administrativo protege el brazo operacional al hacerse de la vista larga sobre los señalamientos. No se puede garantizar que los directores ejecutivos (de la AEE) participan (en el Cartel del Petróleo), pero por su silencio y la falta de acción ante los señalamientos contra los controles y procesos de la Autoridad perpetúan el manto de impunidad”, sostuvo una de las fuentes de EL VOCERO.
¿Cómo funciona el esquema?
De acuerdo a la Ley Orgánica de la AEE, la Oficina de Combustibles tramita la compra de combustible para generar energía.
Al mismo tiempo, la Oficina de Combustibles de la AEE acepta el recibo del combustible transportado en barcazas o barcos por el suplidor.
Desde ahí, se alega, comienzan las irregularidades. El proceso de aceptación del combustible incluye la verificación del producto en términos de cantidad, temperatura y calidad para cumplir con los parámetros establecidos por las agencias ambientales federales.
Los laboratorios privados intervienen desde el primer momento en la inspección del producto. Una firma de laboratorio ofrece un certificado de inspección y analiza la cantidad de combustible. La AEE corrobora con un segundo laboratorio los resultados. De surgir discrepancias, un tercer laboratorio puede entrar en la ecuación pero finalmente la decisión de aceptar el producto recae en la Oficina de Combustible, aseguraron las fuentes.
El brazo administrativo protege la operación del esquema. Las fuentes también aseguraron que desde la División Legal supuestamente se redactan contratos que no “dan garras” a la Autoridad para velar por los mejores intereses de la corporación pública y más bien benefician a los suplidores de combustible.
Además, la División de Suministros sigue pagando a los laboratorios y hace subastas para los contratos de suministro de combustible con los suplidores, según las fuentes, a pesar de que las irregularidades han sido documentadas y no se han reportado acciones correctivas.
En tanto, la División Ambiental reporta a la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) los resultados de la calidad del combustible que se quema en las unidades generatrices. Aunque las irregularidades han sido reportadas en auditorías internas y externas, todo apunta a que se pueden estar informando resultados fraudulentos a la EPA.
Asimismo, el Laboratorio de la AEE emite un certificado de calidad del combustible una vez se transfiere a los tanques de reserva, que de acuerdo a las fuentes, no detalla el porcentaje real de azufre por lo que concuerda con el análisis de los laboratorios privados. Mientras, se alega que la División de Auditoría Interna, en algunas instancias, no ha reportado los hallazgos verdaderos de sus investigaciones a la Junta de Gobierno de la AEE.
Evidenciadas las irregularidades
En 2002, un informe de auditoría de la Oficina del Contralor detalla las múltiples irregularidades en la compra de combustible.
Según el documento, el 21 de agosto de 1992, el administrador de la Oficina de Combustible, William Clark Martínez, “le notificó a los químicos de la AEE que descontinuaran las pruebas, ya que el cargamento de combustibles sería aceptado y transferido a la Central Costa Sur, no empece a que el mismo no cumplía con los límites de azufre permitidos”. Clark Martínez saltó a la palestra pública la semana pasada, cuando un programa noticioso producido por las tres televisoras comerciales publicó imágenes de su fiesta de jubilación junto a suplidores de combustible en un lujoso restaurante en Condado.
Pero además, el informe del Contralor destaca que, durante el proceso de demanda de una empleada de un laboratorio por despido injustificado en 1999, se estableció que el laboratorio pidió a los empleados alterar los resultados de al menos 500 pruebas químicas realizadas a los combustibles vendidos por los proveedores a sus clientes, entre ellos la AEE. Aunque en mayo del 2000, la Corte Federal de Apelaciones para el Primer Circuito emitió un fallo a favor de la empleada; en 2001, la AEE admitió al Contralor que no había realizado gestiones para tomar acciones ante los señalamientos.
El mismo informe detalla que, “contrario a las normas de política pública y control interno…el administrador de la Oficina de Combustible (Clark Martínez) realizaba funciones conflictivas”, entre estas: seleccionar a los proveedores, custodiar las cotizaciones, asesorar a la Junta de Subastas, recomendar a la Junta de Subastas la adjudicación de las subastas, aprobar facturas de pago a proveedores y recomendar al director ejecutivo la extensión de los contratos con los proveedores o suplidores, entre otras.
Este abarcador informe del Contralor provocó un referido al Departamento de Justicia de Puerto Rico. Sin embargo, la contralora actual, Yesmín Valdivieso, sostuvo la semana pasada, en un rotativo de circulación general, que en 2009, Justicia informó que los posibles delitos prescribieron. Valdivieso agregó que, ante el informe del 2002, la AEE presentó 11 planes de acción correctiva de los cuales la corporación pública solo ha atendido uno.
Estas irregularidades están evidenciadas en documentos más recientes. EL VOCERO obtuvo copia del borrador de un informe de Auditoría Interna de la AEE preparado en septiembre de 2010. El documento detalla la falta de controles que pudo haber provocado la pérdida de al menos $5 millones a la AEE y el incumplimiento con reglamentaciones ambientales.
El borrador del informe establece que hubo al menos un evento en mayo de 2010 en el que los análisis de laboratorios de las muestras de combustible aceptado por la AEE demostraron incumplimiento con el nivel de azufre permitido, que es 0.50 por ciento. Sin embargo, las compras fueron a precio de combustible limpio.
Fuentes de EL VOCERO aseguraron que el borrador del informe de Auditoría Interna nunca fue presentado a la Junta de Gobierno de la AEE, luego que varios funcionarios, entre estos Clark Martínez y el ingeniero gerencial principal, Edwin Rodríguez, objetaran el documento, logrando que se retirara y se sustituyera por otro redactado por ellos.
Pero, en 2011, EL VOCERO publicó el borrador del informe y provocó que la AEE ordenara una Auditoría Externa a cargo de una firma estadounidense.
Ese mismo año, el entonces gobernador Luis Fortuño, intentó que la EPA permitiera aumentar el contenido de azufre en el combustible del 0.50 por ciento actual a 1 por ciento. Esa solicitud fue denegada por la EPA.
En aquel momento, el director ejecutivo de la AEE, Miguel Cordero, dijo que no se trataba de falta de controles sino de discrepancias en la metodología de los laboratorios para analizar las muestras. También rechazó la falta de monitoreo del volumen de combustible que se traspasa en los muelles.
Sin embargo, EL VOCERO tiene en su poder los hallazgos de la Auditoría Externa preparada por la firma estadounidense que confirma las irregularidades.
Suplidor rechaza esquema
Un representante de una de las firmas suplidoras de combustible que pueden hacer negocios con la AEE, aseguró a EL VOCERO que no existen las alegadas irregularidades en el proceso de compra, análisis de calidad y volumen de los derivados del petróleo que vende.
La fuente que pidió confidencialidad aseguró que su empresa nunca ha vendido combustible con mayor porcentaje de azufre del permitido. Tampoco nadie le ha hecho acercamientos para formar parte del alegado esquema que incrementa los gastos de la AEE.
De acuerdo a la fuente, es injusto que se señale a los suplidores o los intermediarios como los responsables de que la generación de energía sea tan costosa.
A su juicio, el factor que encarece la producción de energía es el requerimiento de la EPA para que la Isla solo utilice combustible con 0.50 por ciento de azufre. La fuente asegura que este parámetro más estricto fue impuesto por la agencia federal en la región de Nueva York y no toma en cuenta las realidades de la Isla. Otro factor importante para rebajar la factura es mejorar la eficiencia de las plantas termoeléctricas y combatir el robo de luz, apuntó la fuente.
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EL VOCERO / Archivo
La AEE tiene varias fuentes importantes de costos, el combustible, la compra de energía, el servicio de la deuda y los gastos de compensación. La compra de combustible ascendió a $2.9 billones ($0.16 por Kvh de las ventas), la compra de energía a $684.1 millones ($0.038 por Kvh), los intereses a $382.6 millones ($0.021 por Kvh) y la nómina total fue $365.0 millones ($0.02 por Kvh) a junio 30 de 2012. Los gastos de combustible reflejan una política energética equivocada de la AEE desde los inicios de la crisis energética en los años setenta. La compra de combustible es el resultado de legislación federal que obligo a la AEE a comprar energía a terceros y de paso romper el monopolio en la producción de energía eléctrica. El servicio de la deuda refleja los beneficios de ser una corporación del estado que puede ir al mercado exento de deuda municipal de los Estados Unidos. Los gastos de nómina solo reflejan una parte de los costos de compensación que la gerencia ha regalado a los empleados a cambio de compartir los beneficios.
En adición a la nómina que asciende en promedio a $43,119, los empleados reciben otros beneficios en la AEE. Las aportaciones al plan de pensiones son en promedio de $12,935 anuales, el plan médico ($1,000 mensuales), vacaciones regulares (30 días), vacaciones por enfermedad (19 días), días de fiesta (23 días) y bono de navidad (un mes de sueldo o $3,593) incrementan la compensación anual promedio a $70,607. Cuando multiplicamos esta cantidad por los 8,465 empleados en la AEE el costo de mano de obra asciende a $597.7 millones. Esto representa $0.325 de costo promedio por Kvh vendido.
Sin embargo, los costos de mano de obra no terminan aquí. El valor presente de los pagos futuros al plan de pensiones asciende a $1.6 billones. El valor presente de los pagos a los retirados en adición a la pensión en el 2010 eran $600 millones. El déficit actuarial del plan de pensiones de la AEE era $1.7 billones a junio 30 de 2012.
La AEE tiene estimado vender 18,199 kvh en el 2014, de los cuales 14,590 kvh son de su producción (el 80.2 por ciento) y 7,708 son comprados (el 19.8 por ciento). En total la AEE tiene 8,465 empleados de los cuales 5,440 están empleados en la generación, transmisión y distribución, 1,571 están empleados en servicio al cliente y el remanente 1,454 están asignados a servicios administrativos. En la UITICE hay 839 empleados, en la UTIER hay 4,717 empleados, en la UEPI hay 360 empleados y en la UPAEE hay otros 6 empleados para un total de 5,922. Hay 2, 543 empleados no organizados o el 30 por ciento.
Este escenario plantea serios problemas para la AEE. Tiene que cambiar su estructura para reducir los costos de producción, bajar los precios de la electricidad para aumentar la demanda y no tiene el capital ni la capacidad de tomar prestado. Tiene deudas por $2.3 billones y pagos comprometidos por $1.6 billones con el plan de pensiones para un total $3.9 billones. La solución a estos problemas no está en la AEE, la AEE es el problema. Es necesario que el Gobierno Central tome control de la AEE y reduzca los gastos operacionales e invierta en transformar las plantas de producción de energía eléctrica a gas natural.
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