El presidente del Comité de Asuntos Exteriores y del subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Matt Salmon, y el también republicano y miembro del comité Jeff Duncan, solicitaron al gobernador Alejandro García Padilla “más información sobre la base jurídica de las acciones de su administración para repudiar los acuerdos acordados anteriormente” con Doral Financial Corporation (NYSE: DRL).

Ambos congresistas enviaron hoy una carta oficial al gobernador García Padilla para indagar en la controversia delo Departamento de Hacienda con Doral, al plantear que está relacionada con asuntos que podría afectar adversamente al relaciones exteriores del Estado Libre Asociado (ELA) al tratar de atraer inversión foránea para impulsar la maltrecha economía de la Isla.

“Escribimos para levantar respetuosamente nuestra preocupación por los informes recientes de que su Administración no se ajustó al acuerdo sobre pagos contributivos en exceso entre el Departamento de Hacienda y Doral Financial Corporation. Entendemos que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico firmó acuerdos en 2006 y 2012, mientras que el gobierno se comprometió a pagar casi $230 millones en reembolsos de impuestos a Doral. Entendemos que esto fue reafirmado en un acuerdo de 2003 firmado por su Administración”, detalló en la misiva el dúo republicano.

Plantearon que apoyan los principios regulación comercial que garantizan el cumplimiento de los acuerdos comerciales y de negocios, y que de no ser cumplidos “tendrían un efecto directo escalofriante en la futuras inversiones extranjeras y en la estabilidad económica en los países de nuestro hemisferio”.

Compararon la situación con hechos ocurridos en otros países como Argentina, al citar que dejó de pagar su deuda nacional en 2001, y mencionaron las acciones de Venezuela cuando expropió inversiones privado y las transfirió al control gubernamental. “Estas acciones no fomentan que los inversores privados asuman riesgos financieros en estos países cuando se consideran inversiones en el hemisferio. Por lo tanto, estamos preocupados por los informes que hemos escuchado acerca de las recientes acciones de Puerto Rico”, reiteraron Salmon y Duncan en la carta.

Explicaron que Puerto Rico tradicionalmente ha cumplido con sus acuerdos comerciales y de negocios, pero “en este caso particular solicitamos más información sobre la base jurídica de las acciones de su administración para repudiar los acuerdos acordados anteriormente”.

Resaltaron la preocupación por el caso de Doral en medio de la crisis fiscal del ELA y por sus consecuencias a largo plazo en la economía local y el desarrollo empresarial, “por lo que respetuosamente instamos a reconsiderar este asunto y resolver la disputa con Doral Financial Corporation de la manera más equitativa y rápida posible”.

El caso Doral sigue pendiente en el Tribunal de primera Instancia de san Juan, mientras Hacienda sostiene que el acuerdo no era válido.

A Doral le quedan menos de 60 días para mejorar su capitalización o presentar un plan de liquidación de activos ante la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), que dejó de reconocerle el crédito contributivo acordado anteriormente con el gobierno, como parte de sus activos. Doral emplea sobre 1,000 trabajadores.

Carlos Antonio Otero, EL VOCERO

Editor de la sección de Economía del periódico EL VOCERO.

Ese es el objetivo de la solicitud de una sentencia declaratoria y recurso de certificación intrajurisdiccional sometidos ayer con carácter de urgencia ante el Tribunal de Primera Instancia de san Juan y el Tribunal Supremo, respectivamente, a 85 días para cumplir con la orden de 120 días dictada por la FDIC.

La urgencia de que sea el Supremo el que atienda el reclamo para que Hacienda le cumpla con el crédito de $229.9 millones por alegados pagos contributivos en exceso, con un recurso inusual, plantea las dificultades del banco para alcanzar la capitalización esperada en tiempo récord mediante la venta de activos.

Según la demanda, Doral alega violación de derechos constitucionales e incumplimiento de contrato, y anticipó que de no prevalecer su reclamo, saldrá del mercado uno de los principales bancos hipotecarios. Reiteraron que emplean sobre mil  trabajadores, hacen negocios con cientos de suplidores de bienes y servicios, se perderían los ingresos de $50 millones que ellos aportan en nómina.

La secretaria de Hacienda, Melba Acosta, dijo por escrito que “que esta demanda y las alegaciones que contiene no tienen mérito. La solicitud de reintegro de Doral no es válida y el alegado sobrepago de contribuciones nunca ocurrió.  El Departamento de Justicia defenderá enérgicamente al Estado Libre Asociado de esta demanda”.

Ramón Rosario, representante legal de Doral, dijo que el recurso ante el Supremo busca atención inmediata para mantener la operación. Aseguró que no tardaron en ir al tribunal, porque fue el 14 de mayo cuando Hacienda anuló el acuerdo y en 15 días lograron levantar la voluminosa documentación para el caso.

Por su parte, Ted Olson, principal abogado de Doral Financial Corporation y ex Fiscal General de Estados Unidos, dijo que “se trata de una violación de contrato y un acto ilegal por parte de Hacienda. Doral y Hacienda tienen un acuerdo legalmente vinculante que otorga Doral el reembolso de impuestos que se le debe. Si este gobierno puede romper los acuerdos adoptados por la última administración, entonces ningún contribuyente, empleador o inversionistas en Puerto Rico está a salvo”.
Mientras, Glen Wakeman, CEO de Doral, y quien rara vez habló anteriormente a la prensa local, expresó que “esto es muy lamentable” y añadió que “al liderato del banco no le quedó otra opción que tomar esta acción legal para proteger sus derechos en virtud de la ley y los intereses de sus diversos grupos de interés, incluidas sus contrapartes, los tenedores de bonos, accionistas preferentes, accionistas, empleados y clientes”.

El licenciado John Mudd, quien ha analizado toda la documentación de Doral, explicó a EL VOCERO que es fundamental para el banco la certificación del Supremo. “Si esta certificación no se aprueba, Doral no va a poder hacer nada y entonces será la FDIC quien irá en contra de Hacienda en el foro federal. Aunque no tengo el conocimiento de la realidad económica real de Doral, por lo que he leído públicamente entiendo que de no lograr que Hacienda les reembolse los $229.9 millones no parece que van a poder prevalecer, lo que a Puerto Rico no le conviene. Representa una merma en el número de bancos y la pérdida de miles de empleos, acción que es muy peligrosa para los inversionistas”, opinó Mudd.

Para el Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Rafael Blanco, la demanda no afecta al país. “No había otra decisión a tomar que los tribunales, quien finalmente determinará cuál de las partes tiene la razón. Es un derecho que le asiste a Doral como ciudadano corporativo. Esta radicación no le sorprende a nadie, era de esperarse”, indicó.

El economista Jaime Benson comentó que se lacera la imagen de la Isla como mercado de inversión al dar la impresión de que Hacienda no honra acuerdos y contratos. “Desalienta la inversión privada  en estos momentos cuando se necesita atraer inversión  para salir de la crisis económica que se vive. Si no confían en la Isla, no va a llegar la inversión”, sostuvo.

Dichos bufetes han hecho un llamado a los inversionistas que han comprado acciones comunes entre las fechas del 2 de abril de 2012 a mayo 1 de 2014, para que se unan a diferentes demandas para exigir el cobro del dinero perdido por alegadas irregularidades en las operaciones de la institución bancaria, las cuales han redundado en las pérdida de todo su dinero.
Hasta el momento figuran ocho bufetes que llevan pleitos de clase contra Doral. Entre ellos: Brower Piven Encourages, Robbins Geller Rudman & Dowd LLP, Gainey McKenna & Egleston, Harwood Feffer LLP; Abraham, Fruchter & Twersky,LLP; Kahn Swick & Foti, LLC y su socia KSF; Curtis V. Trinko, Marc S. Henzel y Shareholders Foundation.
Fuentes de la industria aseguraron a EL VOCERO que muy pronto se verán muchas más demandas, asegurando que la institución bancaria ha sido “operada al garete” por muchos años. Enfatizaron que para el 2008 el banco se recapitalizó, donde ninguno de los inversionistas tenían más del 9% de participación y ya al segundo año habían tirado la inversión a pérdida, por lo que perdieron el interés en la institución, dejando de cumplir con su deber fiduciario.
Para las fuentes consultadas, lo preocupante es que hayan dejado por tanto tiempo bajo la operación del banco al presidente Glen Wakeman, quien hoy opera desde la Florida, no empece el banco con un desempeño perdidoso desde el 2005.
En este particular, el comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Rafael Blanco explicó que manejar la parte administrativa es un reto ya que para un banco es más fácil levantar capital que evaluar el control de la gestión y dirección de su operación. “Para cualquier banco que tenga problemas es más fácil resolver la situación económica, que la gerencia o cambio estratégico, ya que conlleva más esfuerzo”, señaló.
Respecto a la escasa intervención de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) o la OCIF en la institución bancaria, Blanco sostuvo que ambas dependencias regularmente exigen a Doral y a todos los bancos unos exámenes en conjunto para evaluar su calidad de crédito, controles internos, gastos administrativos y compensaciones. No obstante, aclaró que solo la FDIC tiene la facultad de prohibir o detener compensaciones. “Como se ha tratado o se va a tratar una intervención con cualquier banco es confidencial. En un caso como el de Doral, las radicaciones de demandas es un proceso usual cuando se incurre en fluctuaciones negativas tan marcadas en el precio de la acción. Es negativo para la institución porque los obliga analizar estas demandas y responder a ellas, lo que representa incurrir en unos gastos adicionales”, explicó.
Blanco aseguró que hablar de cierre de operaciones es muy prematuro, ya que Doral pasó por una situación similar en el 2005–2006 y logró levantar un capital significativo. Agregó que la liquidez de dicho banco es más que adecuada y que están trabajando con diversas alternativas para levantar capital donde la venta de activos es una alternativa.
Doral tiene 120 días para cumplir con los mínimos de capital para mantener su operación, según al FDIC, luego que no se le reconociera incluir como activos el alegado crédito contributivo que el Departamento de Hacienda dejó de reconocerle.
De otra parte, Blanco dijo no tener información alguna de la supuesta transacción de compra y venta que se está gestando entre otro banco local y Doral, como plantearon las fuentes de este diario. Según las fuentes, se menciona al Banco Popular.
En caso de que esa fuera una posibilidad, Blanco comentó que habría que evaluar muchas variables, como la concentración en el mercado y el factor de cuotas de depósitos y sucursales. Asimismo, sostuvo que ante escenarios como el actual, puede haber flexibilidad de política pública, financiera o económica, que pudiese hacer el proceso de compra venta uno más fácil.
Doral Bank, uno de los mayores bancos de Puerto Rico, ha perdido en Bolsa el 88% de su valor en las últimas jornadas bursátiles, tras reconocer que las autoridades le exigen que aumente con urgencia su capital. Los títulos de Doral Bank cerraron ayer a $2.91. En 52 semanas las acciones de Doral fluctuaron de $25 su valor más elevado hasta $1.87, manteniéndose en un rango que oscila entre los $2.50 a $3.09 por acción. Si el banco no es capaz de elevar su capital, tendrá que someter un plan de contingencia a la FDIC para vender, fusionar o liquidar la entidad en el plazo de 120 días. Independientemente de lo que ocurra en las próximas semanas, la entidad recuerda que el dinero de sus clientes está asegurado por la FDIC, que cubre los depósitos de hasta $250,000 por depositario.
La institución bancaria cuenta en la Isla con 18 sucursales y genera más de 1,200 empleos directos, siendo el segundo banco en préstamos hipotecarios con más de 300,000 clientes.