La difícil situación que vive nuestro pueblo se acaba de poner peor. En las pasadas dos semanas, luego de que el gobernador Alejandro García Padilla firmara la ley conocida como “Ley de Quiebra Criolla” para permitir que nuestras corporaciones públicas se vayan a la quiebra, nuestro ya maltrecho crédito ha sido degradado a la profundidad de la chatarra.

La semana pasada, la casa evaluadora Moody’s Investors Services devaluó en tres niveles las obligaciones generales del ELA, los bonos de varias corporaciones, y hasta la joya de la corona: los bonos que se emiten a través de COFINA garantizados con los recaudos generados por el impuesto de ventas y usos. Y tan recientemente como el miércoles de esta semana, Fitch hizo lo propio y degradó también nuestras obligaciones generales, la deuda de corporaciones públicas y COFINA.

En lenguaje sencillo, luego de que el gobierno del PPD aprobara, en menos de 24 horas y sin vistas públicas, una nueva ley para permitir que las corporaciones públicas traten de renegociar sus deudas, el techo se nos cayó encima.

El Gobernador, demostrando una vez más su falta de experiencia, madurez y capacidad, en lugar de crecerse y presentarse como un líder que se responsabiliza por sus decisiones, no sólo reaccionó airado y quejoso ante la acción de las casas evaluadores del crédito, sino que amenazó con demandarlas. Esto a pesar de que fue él quien firmó una ley que fue aprobada sin seguir las más básicas reglas de transparencia y prudencia que nuestra realidad económica y fiscal exige.

En lugar de amenazar con demandar y generar más caos e incertidumbre ante el volátil escenario fiscal, el Gobernador debió haber reflexionado sobre las razones que presentaron las casas evaluadoras del crédito para fundamentar su determinación y cómo su administración pudo haber evitado o al menos mitigado ese resultado. Un nuevo estatuto tan controversial y sensitivo como el aprobado por el PPD para viabilizar la quiebra de nuestras corporaciones públicas debió haberse presentado y discutido primero con las casas evaluadoras y los bonistas y no aprobarse de manera relámpago como ladrón en la noche. La falta de un proceso de vistas públicas claro y transparente fue como una estocada a quienes por años nos han prestado dinero para cubrir nuestras necesidades, confiados en que le vamos a repagar tal como nos hemos comprometido a hacerlo.

Los problemas fiscales de Puerto Rico no son nuevos. Todo el mundo los conoce. Y se reconoce que el alto nivel de endeudamiento del Gobierno del ELA es una situación que se ha ido desarrollando y descontrolado por años. La falta de capacidad del ELA de servir como motor económico de la Isla en una economía globalizada y competitiva ha provocado en parte que los gobiernos que nos han administrado hayan recurrido por años al endeudamiento como un “resuelve” para compensar por la falta de actividad económica. La “economía gubernamental” sustituyó en su rol al sector privado, el cual continúa reduciéndose a niveles inaceptables.

Es hora que el Gobierno deje de resolverse sus problemas a costa del bolsillo del pueblo, de los que trabajan y de nuestro sector privado. Es momento de atender con capacidad, transparencia y responsabilidad nuestra falta de un modelo económico de crecimiento que dé resultados. El Gobernador debería tener la madurez de aceptar su responsabilidad, en lugar de recurre constantemente a echar culpas ante los desafíos que se le presentan, lo que sólo sirve para levantar cortinas de humo políticas que nada resuelven.

Es hora de crecerse, aprender de los errores y entender que no sólo las elecciones sino también las decisiones tienen consecuencias.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.