La bancarrota del ELA territorial-colonial, evidenciada por la degradación a chatarra (o grado especulativo) de los bonos de obligación general y de múltiples corporaciones públicas en febrero por las tres casas acreditadoras ( Standard and Poor’s, Fitch y Moody’s), la degradación el pasado miércoles por Moody’s de los mismos bonos, más los bonos COFINA a las clasificaciones más bajas dentro del rango especulativo, así como la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y otras corporaciones publicas; son consecuencia de la disfuncionalidad institucional de la relación de subordinación, desigualdad, falta de poderes e indefinición política que mantenemos con los Estados Unidos, como de la incompetencia e improvisación de la actual administración gubernamental de Alejandro García Padilla y el Partido Popular Democrático.
El problema de fondo es que la incertidumbre sobre nuestro futuro político ha provocado inicialmente el estancamiento (1974-2003) y recientemente el colapso de la inversión privada directa (2003-2014); resultando en una década perdida (2000-2010) y una prolongada depresión económica (2006-2014). Dicho colapso en la inversión privada se intentó compensar incrementando el gasto gubernamental y la inversión pública vía el financiamiento de los crecientes déficits presupuestarios con emisiones de bonos y el consiguiente incremento de la deuda pública (1985-2014). El crecimiento más pronunciado de la deuda pública que de la producción y el ingreso desembocó en una crisis crediticia que se reflejó en el comienzo de un ciclo de degradaciones por las casas acreditadoras de la deuda publica a partir del 2005.
Ante dicha crisis fiscal y crediticia las distintas administraciones gubernamentales (Aníbal Acevedo Vila (AAV), Luis Fortuño (LF) y Alejandro García Padilla (AGP)) han adoptado dos tipos distintos de política fiscal y de status: 1) AAV y AGP- aumentar el gasto gubernamental a la vez que aumentan los impuestos y posponen la solución del status político; 2) LF- reducir el gasto gubernamental a la vez que reduce los impuestos y propiciar la solución del problema del status por medio de un plebiscito.
El aumento en el gasto gubernamental ha incrementado los déficits presupuestarios sin propiciar crecimiento económico al ser contrarrestado su efecto multiplicador por la incertidumbre imperante y el aumento en los impuestos. Lo que ha resultado en una mayor contracción económica, por consiguiente en menores recaudos y mayores déficits presupuestarios. El mantener la incertidumbre sobre nuestro futuro político al obstaculizar toda iniciativa para resolver el status contribuyó a ahondar la contracción económica. Por ende las degradaciones crediticias han sido la orden del día durante las administraciones de AAV y AGP.
En contraste, la política fiscal adoptada por Fortuño auxiliada por la llegada de los fondos ARRA, contribuyó a reducir el déficit presupuestario. Mejorando sustancialmente la clasificación de la deuda pública de Baa3 a A3 en el 2010. La mejoría en la clasificación de la deuda pública le permitió financiar obra pública (la construcción de las escuelas del siglo XXI, la terminación de la ruta 66 y la construcción de la ruta de guaguas rápidas de Toa Baja a Bayamón, entre otras) lo que unido a la reducción de impuestos a los individuos y empresas se tradujo en la reversión de la contracción económica al crecer la economía .9% en el 2012. A la vez formalizó la iniciativa plebiscitaria del 6 de noviembre del 2012, lo que nos encaminó en la solución del status.
Gobernador no busque más excusas y más chivos expiatorios (Fortuño, el sector privado y las casas acreditadoras) para echarle la culpa de los problemas creados por sus fallidas políticas públicas, coja el toro por los cuernos y asuma responsabilidad.
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