El Status: De la Falacia a la Falsedad

domingo, 3 de agosto de 2014

 El Status: De la Falacia a la Falsedad

Una falacia es una falsedad lógica, como cuando se derivan consecuencias en un argumento que no están implicadas en las premisas que se postulan como ciertas. La falsedad como tal es otra cosa:  es un alegato o proposición negada por los hechos.  En el caso que a continuación analizo sobre el status se trata de una falacia formal — sostener, por ejemplo, que puesto que el status jurídico del País tiene relación con su organización administrativa, se concluye que la condición económica del País depende del status.  Cierta la premisa, y falsa la conclusión, puesto que aunque la condición social y económica ocurre en el marco de un status específico, ello no quiere decir que su estructura y logros y fracasos se deban al status imperante, por lo cual hay que alterar el status para mejorar la economía y la administración gubernamental.

Esa es la falacia, y mucho más, la falsedad que Rafael Hernández Colón le ha vendido a Alejandro García Padilla, para que este adopte todos los fracasos históricos del ELA para desarrollarse, como única forma de salir de la crisis económica y derrotar a su vez a la estadidad.

Se trata de un jalón personal para volver a las posiciones derrotadas en el Congreso en 1953, 1963, 1967 , 1974 y suma y sigue.  El instigador, con el maletín de Muñoz en la mano, de aquellas estrategias, no fue otro que Rafael Hernández Colón. Mientras tanto, Alejandro parece estar alelado frente al hombre de las escoltas, los cabildeos y las fundaciones y bibliotecas que le chupan la sangre al cuerpo político y económico debilitado que es Puerto Rico hoy.

El amigo Rafael Cox Alomar ha caracterizado el fenómeno del secuestro como un “rapto” — como el de los griegos de Troya a Helena en la mitología clásica.

Pero Hernández Colón no ha secuestrado sólo el status, ha secuestrado al PPD mediante su familia inmediata — uno en Washington, uno en la Junta de Gobierno a cargo del status y el nieto en Fortaleza de atalaya de sus intereses.  Por afuera dirigen a Alejandro Marisara Pont a cargo de estrategias publicitarias, su hermano mayor a cargo de estrategias y discursos, Fernando Agrait como oráculo del pasado, mientras la juventud preparada y pensante tiene que andar por las afueras del partido y de Palacio para modernizar al Partido Popular.

Luis Muñoz Marín no necesitó cambio de status de 1940 a 1953, y sus filosofías y programas económicos y sociales no dependieron nunca de cambios de status. Ahora bien, si hay que cambiarlo, mejorarlo, por razones de dignidad política, no es volviendo al maletín de Rafael Hernández Colón, tantas veces derrotado en esa brecha.

_____________________

El rapto ideológico del PPD

Rafael Cox Alomar/ Abogado

La decisión de la Junta de Gobierno del PPD de convocar al pueblo a un quinto plebiscito criollo no sólo constituye una flagrante desviación del mandato recabado del País en las pasadas elecciones a favor de la convocatoria a la asamblea de status, sino que es sintomática del rapto ideológico que hoy se pretende perpetrar internamente en el partido.

Las ideologías están llamadas a evolucionar conforme a las realidades contemporáneas de los pueblos. Ni la aceptación decisiva de la fe cristiana en Occidente en el siglo 4, ni la abolición de la esclavitud negra a finales de siglo 19, ni la consagración de los más elementales derechos individuales a mediados de siglo 20, hubieran sido posibles sin el replanteamiento de la alegada infalibilidad de las hasta entonces ideologías imperantes.

Igual ha ocurrido en la arena política puertorriqueña. Si Muñoz Rivera no hubiera dejado a un lado la inflexible postura republicana del viejo Partido Autonomista nunca hubiera logrado alcanzar el pacto con el monárquico Práxedes Mateo Sagasta que a finales de 1897 desembocó en la Carta Autonómica. De la misma manera, Muñoz Marín, asediado por el improductivo laberinto político de los años treinta, se vio en la obligación de redimensionar tanto su ideario como su método para robustecer, al menos temporeramente, la calidad de vida puertorriqueña.

Precisamente, hoy, los puertorriqueños de esta parte del siglo 21 estamos atravesando por uno de esos momentos históricos que obligan a la transformación sistémica, institucional e ideológica del PPD.

Y ni la convocatoria a un quinto plebiscito criollo, ni mucho menos el maridaje de la dirección del partido con el ELA territorial y su intelectualmente desprestigiado “crecimiento orgánico,” están a la altura de lo que el momento exige. Todo lo contrario.

Lo primero que hay que entender es que la legislación que firmó el presidente Barack Obama no obliga al Congreso a darle cumplimiento alguno a la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico, según quedaría expresada en el plebiscito.

Confrontados con esa innegable realidad, los apologistas del plebiscito intentan refugiarse en el supuesto compromiso “moral” que entonces tendría la Casa Blanca de recomendarle al Congreso que cumpla con Puerto Rico.

Ahí el error histórico. Hace medio siglo, la Comisión de Status que estableció el presidente Johnson a través de legislación federal (véase la ley pública número 88-271 de febrero de 1964) recomendó en su informe de agosto de 1966 la celebración de un plebiscito; así las cosas, la administración Sánchez Vilella (aguijoneada por la entonces comisión presidencial del PPD) convocó al pueblo de Puerto Rico al primer plebiscito criollo de 1967, justificando su proceder en la existencia de un alegado compromiso “moral” por parte del Congreso con los resultados.

¿Y qué pasó? Nada. ¿Es que todavía no hemos aprendido que al Congreso hay que emplazarlo directamente y que para ello el mecanismo más efectivo es la asamblea de status? ¿Por qué insertarle a este proceso el paso adicional e innecesario de un quinto plebiscito criollo para entonces ir de rodillas al presidente a rogarle que le exija  acción al Congreso? ¿Es que no acabamos de entender que es el Congreso, y no la Casa Blanca, la rama de gobierno que detenta autoridad constitucional para atender el status de Puerto Rico? ¿No resulta más que evidente, a la luz de los acontecimientos que hoy se están dando en Washington en materia migratoria, que el presidente no le dicta pautas al Congreso?

Es más que evidente que los apologistas del plebiscito conocen muy bien las contestaciones a cada una de estas preguntas; pero se aferran a su entuerto plebiscitario como arma para, en primer término, torpedear la evolución ideológica del partido y para, en segundo lugar, controlar la agenda política de la colectividad, sin importarle el bien común del País, ni la coherencia ideológica y programática del partido, ni mucho menos la imagen y credibilidad pública de su presidente, quien francamente es rehén de los zelotes de la derecha.

El tiempo dirá si el rapto ideológico se consumará o si, finalmante, se desvanecerá al calor de la valentía y la dignidad de aquellos populares que hoy constituyen la abrumadora mayoría silente de un partido al borde del precipicio.

El verdadero consenso

Hernán Padilla/ Médico

El presidente del PPD expresó recientemente el deseo de lograr un consenso para resolver el dilema del status político de Puerto Rico. El “llamado a la unidad” choca con las múltiples facciones de su partido que no pueden definir el status. Tampoco puede haber consenso al establecer criterios ajenos a la unión permanente a la que aspiramos la mayoría de los puertorriqueños.

A pesar de que refrendaron el resultado al utilizar fondos públicos para el plebiscito del 2012, el gobernador pretende ignorar la voluntad mayoritaria allí expresada, donde el 54%  de los gobernados revocó su consentimiento al status colonial y adjudicó un triunfo contundente a la estadidad sobre las dos fórmulas de independencia combinadas. Están obligados a acatar la voluntad del pueblo expresada en un proceso democrático validado con la participación del 78% del electorado.

La Constitución de Puerto Rico no define un cambio de status. Su preámbulo establece que “consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”; “la lealtad a los postulados de la Constitución federal”; y  “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”. La comunidad política creada y el lenguaje constitucional facilitan el proceso para que Puerto Rico sea admitido como estado de la Unión.

Evidentemente el argumento de convocar a “todas las fuerzas políticas a dialogar para encontrar un consenso” es una farsa. Ahora pretenden que el territorio colonial sea excluido de la Cláusula Territorial de la Constitución federal, obviando el requisito de resolver previamente el status, sea hacia la estadidad o a la independencia.

Para lograr su propósito, los líderes populares proponen “sustituir  la Ley de Relaciones Federales por un pacto de libre asociación que no pueda ser modificado unilateralmente”, lo que violaría la Constitución y soberanía de Estados Unidos.

Ya la administración del presidente Barack Obama estableció que no es posible aceptar las cláusulas de consentimiento mutuo (pacto bilateral) porque cualquier Congreso futuro tiene el poder para modificar la relación unilateralmente. El Congreso, además, concluye que el “ELA mejorado o culminado” es inconstitucional e inadmisible.

A esto se suma que la Administración Clinton determinó que la propuesta de “consentimiento mutuo” es inaceptable porque contraviene la Constitución. Por tanto, fuera de la independencia, un territorio sólo puede solicitar formulas compatibles con la Constitución, las leyes y la política pública de Estados Unidos.

Cualquier diálogo sobre el status tiene que considerar que el llamado “ELA soberano” nos convertiría en una nación separada de Estados Unidos, mientras que el status territorial perpetúa la desigualdad política en derechos civiles y el evidente déficit democrático que representa la privación del voto presidencial y de representación congresional proporcional.

La Ley del Gobernador Electo de 1947 sostiene que “los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos americanos en Puerto Rico se respetarán como si Puerto Rico fuera un estado de la Unión”. El Congreso tendrá que reconocer que sus conciudadanos puertorriqueños tienen igual derecho a todos los privilegios e inmunidades que les otorga la Constitución  a todos los ciudadanos americanos.

Puerto Rico cumple con los requisitos para ser admitido a la Unión, condición de acuerdo y sujeto a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos y de la Ley Pública 600, a saber, ser un “territorio organizado políticamente como un estado”  tener  una carta de derechos y una forma republicana de gobierno.

La estadidad imparte la dignidad poniendo fin a la colonia, garantizando autonomía local y extendiéndole los poderes de soberanía estatal, igualdad ciudadana, progreso económico y estabilidad.

El resultado del plebiscito del 2012 -que el pueblo gallardamente validó en la “Marcha Puerto Rico escogió la estadidad” representa un rechazo contundente al ELA colonial quebrado y fracasado y una afirmación ineludible de que Puerto Rico demanda convertirse en estado de la Unión.

Ése, señor gobernador, es el verdadero consenso.