La propuesta del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, para que se extienda a Puerto Rico el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y que permitiría cobijar a las corporaciones y otras instrumentalidades públicas en la Isla, recibió el aval de la agencia Fitch Ratings, que no apoya la llamada ley de “quiebra criolla” firmada por el gobernador Alejandro García Padilla.

“Sería un desarrollo positivo e importante para Puerto Rico y los tenedores de la deuda de sus corporaciones e instrumentalidades públicas”, estimó Fitch en su informe divulgado hoy.

La propuesta de Pierluisi fue presentada el pasado 31 de julio, y propone una enmienda para que se autorice a las corporaciones públicas la posibilidad de reestructurar sus deudas a través del Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

“Desde un punto de vista de la quiebra, la enmienda pondría a Puerto Rico a un paso de igualdad con los 50 estados, que puede utilizar actualmente el Capítulo 9 para lograr el ajuste de la deuda de sus municipios”, señaló Fitch, y agregó que la enmienda será examinada por el Comité de lo Jurídico de la Cámara baja en el Congreso.

En contrapeso con la ley firmada recientemente por el gobernador, la cual permite la reestructuración de las corporaciones públicas a nivel local, la agencia acreditadora comentó que se trata “de un esfuerzo para llenar el vacío resultante de la ausencia de una alternativa federal de quiebras”. No obstante, destacó que “en opinión de Fitch supone un grado de incertidumbre jurídica respecto a cómo el ELA podría actuar en un momento de tensión financiera más grave”, como extender la quiebra a otras entidades excluidas en la ley aprobada por el gobernador, como sería el caso de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

Fitch indicó que la nueva ley local tuvo el resultado de ponerle mayor presión a la situación fiscal de la Isla y fue lo que provocó la degradación reciente de la agencia, que incluyó la rebaja crediticia de los mejores bonos locales como los de COFINA.

Estima que el pleito en el Tribunal federal en la Isla, levantado por firmas de fondos Franklin y Oppenheimer  que cuestionan la constitucionalidad de la quiebra criolla, “probablemente será costoso para el ELA”, lo cual se convierte en una distracción de las gestiones más importantes en estos momentos.

Se explicó que aunque la ley de la quiebra criolla y la propuesta de Pierluisi tienen  puntos de coincidencias, la segunda no aliviaría la tensión financiera inmediata que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero sí aclararía las reglas para la reestructuración y las alinearías  con el ordenamiento federal y eso “beneficiaría a los tenedores de bonos. También protegería al ELA de las reclamaciones de que está actuando injustamente o de forma arbitraria y contraria a las normas aceptadas”. De hecho, Fitch entiende que de aprobarse la enmienda al Capítulo 9, quedaría sin efecto la ley local.