La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reportó $266.9 millones en pérdidas -$100 millones más de lo proyectado- principalmente por el impacto de la reforma energética que impidió que entrara en vigor una ley que permitíría a la corporación pública cobrar tarifas de energía regulares a instalaciones municipales que operan con fines de lucro.

La información salió a relucir ayer en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la AEE en la que se presentó el informe financiero de junio de 2014, pero no se habló sobre la posibilidad de que la corporación pública solicite acogerse a la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas de Puerto Rico, mejor conocida como “Quiebra Criolla”.

Durante la reunión de la Junta, el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea, dejó claro, a preguntas de Juan Rosario, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno, que es ilegal que los Municipios alquilen sus instalaciones a negocios privados e incluyan el costo del servicio eléctrico en el canon de arrendamiento.
“La Ley 233 iba justamente a eso, a uno poder recuperar eso. La Ley 233 se deroga con la nueva Ley 57 de este año que es la de reforma energética. Eso (el alquilar instalaciones municipales con el costo de energía incluido a negocios con fines de lucro) es ilegal, inclusive, en la investigación que hicimos para implantar la Ley 233 encontramos áreas que los Municipios habían vendido hace años pero el contador (de energía eléctrica) seguía a nombre del Municipio”, sentenció Alicea.

Durante la reunión, se estableció que algunos Municipios mantienen arrendadas sus instalaciones a barberías, estaciones de televisión, centros de ventas de productos deportivos, cafeterías y hasta negocios que se dedican al hornear repostería.

“Hay una serie de negocios que están operando y que no pagan ninguna luz porque el Municipio alquiló (la instalación) con todo y luz. Nos dieron los nombres, pero no los vamos a sacar hasta que nos sentemos con la gente, pero obviamente los vamos a trabajar. Eso lo paga el consumidor, el resto de la gente”, advirtió Rosario durante el cónclave que transmitido vía Internet.

De acuerdo a Luis Figueroa del Directorado de Finanzas de la AEE, otro factor que se sumó a las pérdidas de la AEE fue el pago por las terminaciones de los acuerdos de intercambio de efectivo o SWAPs provocado por las degradaciones del crédito de la corporación pública.

Figueroa dijo además que “debido a la baja en el consumo en kilovatios hora, la tarifa básica sufrió una pérdida de $17 millones comparado con el año fiscal anterior”.

Agregó que se gastó $41 millones menos en el renglón de nómina. Mientras en el tiempo extra se gastó $48 millones pero en comparación con el año anterior se gastó $23 millones menos.

En declaraciones escritas, a pedido de EL VOCERO, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Harry Rodríguez, indicó que el organismo, al igual de la directiva de la corporación pública, “se encuentra enfocado en atender la estabilidad y sustentabilidad financiera de la corporación pública”.

“A esos efectos, el pasado 31 de julio de 2014, informamos que mantenemos conversaciones productivas con nuestros bonistas, acreedores de líneas de crédito y aseguradoras, con el propósito de lograr un acuerdo que permita incrementar la liquidez de la AEE a corto plazo”, sostuvo.

“Dado que hemos firmado un acuerdo de confidencialidad, no realizaremos expresiones por el momento, para no afectar el proceso que se lleva a cabo con nuestros acreedores financieros. Tan pronto estemos en una posición de ofrecer información, la compartiremos con el País”, concluyó Rodríguez.

Pérdida con sabor a ‘quiebra criolla’

La pérdida admitida por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en ingresos dejados de devengar por el impacto de la reforma energética en relación con los municipios, representa un peso extra en la balanza que apunta hacia la posibilidad de invocar la llamada “quiebra criolla” ante la escasez de recursos financieros para cumplir con sus obligaciones.

El anuncio sobre ese dinero dejado de recibir llega a escasos siete días para el 14 de agosto, que es la segunda oportunidad que consiguió la AEE con Citibank y un sindicado de bancos encabezados por Socotiabank, para atrasar pagos por $525 millones correspondientes a líneas de crédito.

El gobierno y la AEE han insistido que cumplirán con los pagarés pendientes, pero permanecen las negociaciones para extender por tercera ocasión el cumplimiento y manejar la deuda de una manera escalonada, mientras intentan ganar la confianza para extender las líneas de crédito.

Tanto la banca como la AEE se han mantenido herméticas para ofrecer información acerca de las negociaciones, mientras crece la especulación local y en los mercados de inversión sobre la posibilidad de impago.
Aunque la deuda con la banca en Puerto Rico es diferente a los compromisos con los bonistas, las escasas expresiones públicas de los directivos de la AEE y el gobierno no han logrado disipar las dudas sobre el futuro de la deuda de casi $9,000 millones que arrastra la corporación pública.

Fuentes de EL VOCERO sostienen que las negociaciones con la banca “van bien”, al significar con esa frase que hay ambiente para alcanzar un acuerdo que evite por ahora el impago, al menos con los bancos locales.

Al tiempo en que eso ocurre, las agencias acreditadoras no han dado tregua a sus degradaciones y a señalamientos en contra de la ley de reestructuración local para las corporaciones públicas, como la que hizo hace dos días la acreditadora Fitch Ratings al avalar la propuesta del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, que busca una enmienda al Capítulo 9 del Código de quiebras de Estados Unidos, para que cobije a la Isla. Al hacer ese pronunciamiento, Fitch resaltó las dificultades de la ley local y que ya mantiene un pleito legal levantado por firmas de fondos de inversión que la ven inconstitucional.

Como han señalado economistas, analistas, y el presidente del Banco de la Reserva federal de Nueva York, Willian C. Dudley, entre otros, todo apunta a que no sólo está en juego un asunto de insolvencia y de cumplimiento con los pagos, sino también de credibilidad y confianza ante lo que se expresa o no se expresa.