El gobernador Alejandro García Padilla tiene ante sí una oportunidad idónea de crecerse como hombre de estado. Puede y debe dejar de lado cualquier consideración político-partidista y apoyar activamente y sin reserva la iniciativa del comisionado residente Pedro Pierluisi de enmendar el Capítulo 9 del Código de Quiebra federal para que cobije a Puerto Rico.

Este es uno de esos rarísimos temas al respecto del cual parece haber unanimidad de criterio en Puerto Rico. Expertos en finanzas, banqueros, abogados de quiebra y economistas locales, así como importantes voces fuera de la Isla—como la casa evaluadora de crédito Fitch e incluso la National Bankruptcy Conference—están todos de acuerdo en que a Puerto Rico lo que le conviene es estar incluido en el Capítulo 9 del Código de Quiebra federal para que sus entidades y corporaciones públicas tengan esa avenida disponible en caso de ser necesario.

La misma administración García Padilla reconoce implícitamente que la alternativa federal es preferible a la recientemente aprobada Ley de Recuperación, mejor conocida como ley de quiebra criolla, cuando dice que inicialmente trataron de explorar esa posibilidad ante el Departamento del Tesoro federal y han reiterado varias veces que tuvieron que legislar la alternativa criolla precisamente porque la federal no está al presente disponible para Puerto Rico.

Bueno, si eso es así y resulta que ahora hay una iniciativa en el Congreso para viabilizar la enmienda necesaria para que sí esté disponible para Puerto Rico la alternativa federal, se cae de la mata que lo que corresponde hacer es apoyar ese esfuerzo.

Aun si se aceptasen como buenos los argumentos de la administración de que algunas corporaciones públicas, empezando por la Autoridad de Energía Eléctrica, están a punto de la insolvencia y van a tener que reorganizarse y reestructurar sus deudas, no cabe duda de que la Ley de Recuperación no es la manera de hacerlo. De hecho, esa ley ha tenido ya, antes de que ninguna corporación pública se haya acogido a ella, un efecto devastador en nuestra economía y en el mercado. Su mera aprobación—en menos de 24 horas, sin previo aviso ni discusión pública y en directa contravención a lo reiteradamente expresado por el equipo fiscal y el propio gobernador—provocó incertidumbre en los mercados, demandas contra el Pueblo de Puerto Rico en el tribunal federal y las más devastadoras degradaciones jamás sufridas por nuestro ya maltrecho crédito.

Así que esto debería ser bien sencillo. No hay que darle muchas vueltas a la noria. El gobernador debería escribir inmediatamente al presidente Obama y al Congreso federal para expresar oficialmente la postura del Gobierno de Puerto Rico en apoyo a la H.R. 5305, Ley de Puerto Rico de Uniformidad del Capítulo 9 de 2014, radicada por Pierluisi. Además, debería instruir a la Conferencia Legislativa del Partido Popular a adoptar una Resolución Concurrente—que debería ser unánimemente apoyada por la delegación del Partido Nuevo Progresista—expresando el sentir de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a los mismos efectos para ser transmitida inmediatamente al Congreso.

Más aun, el gobernador debería instruir a la Administración de Asuntos Federales en Washington a hacer disponibles los considerables recursos de cabildeo con los que cuenta dicha oficina, poniéndolos al servicio de un esfuerzo conjunto de Puerto Rico en favor de la aprobación de esta medida.

Tanto que se habla en teoría de la deseabilidad de ir a Washington con una sola voz, unidos todos detrás de medidas que ayuden a Puerto Rico… Bueno, pues aquí está…he aquí una medida que sería buena para Puerto Rico y que todos deberíamos apoyar. ¿Gobernador?