A solo tres meses de aprobarse un impuesto de 2% sobre las remesas, la Cámara de Representantes avaló este domingo un proyecto de ley que aumenta ese gravamen a 3% para dirigir la mayoría de esos recursos a programas de vivienda para familias de escasos recursos económicos y personas de edad avanzada.

El Proyecto de la Cámara 2191 es una medida de administración, e incrementaría el cargo especial que se aplicó mediante la Ley 136-2014 a las transferencias monetarias que realizan los negocios dedicados a ese tipo de transacciones por medios electrónicos, cheques, giros, fax, transporte aéreo, entre otros.

La pieza fue aprobada con el favor de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y el rechazo de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La legislación fue una propuesta original del representante Carlos Vargas Ferrer, pero la versión que sometió el legislador popular disponía que el arbitrio a cobrar sería de 5% de cada transferencia monetaria. Después de una amplia discusión y arduas negociaciones en el trámite legislativo, el cargo se redujo a 2%, y ahora se pretende aumentarlo a 3%.

“Sé que puede haber oposición, pero la realidad es que estamos tratando de fomentar una industria de la construcción, que personas que, quizás, no tienen ese dinero inicial, tengan acceso a comprar una residencia”, argumentó Vargas Ferrer al defender la medida durante la sesión.

“Hay un cargo especial porque esas transferencias que se hacen algo tienen que dejar aquí en la economía… Tienes que proteger tu economía también porque ese dinero se queda aquí, generando más participación económica”, subrayó.

Los recaudos generados por el cargo especial se destinan en partes iguales al Departamento de Hacienda (DH) para uso en el Fondo General, a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) para proveer aportaciones a los gastos de cierre o al pronto para la compra de una residencia para familias de escasos recursos y para el programa de subsidio de arrendamiento y mejoras para viviendas de personas de edad avanzada.

Aunque la Ley 136-2014 entró en efecto el 1 de septiembre pasado, Vargas Ferrer afirmó que el DH determinó por la vía administrativa posponer su implementación hasta el 1 de diciembre, por lo que al presente se desconoce con certeza cuánto recaudaría la medida. Las proyecciones que maneja el Gobierno son que el 2% recaudaría alrededor de $30 millones, y que el punto porcentual adicional que se busca aprobar aportaría $15 millones más.

Según Vargas Ferrer, las transferencias monetarias en Puerto Rico sumaron el año pasado $1,525 millones, y en el 2012 la cifra ascendió a $1,200 millones.

La delegación del PNP se opuso al proyecto de ley al rechazar que se adopte una medida impositiva adicional en esta administración. La portavoz de la minoría, la representante Jenniffer González, indicó que este sería el arbitrio número 74 que se aprueba este cuatrienio, y criticó que se opte por aumentarlo sin conocer con exactitud su rendimiento.

“Seguimos a la carrera, a lo loco, aprobando impuestos que, al final del día, detienen la economía del país, detienen nuestro sistema, detienen las oportunidades de las personas que viven afuera”, sostuvo la expresidenta cameral.

Según González, el 17% de las transferencias monetarias que se realizan en Puerto Rico son hacia la República Dominicana, y cerca del 75% ocurren entra la Isla y Estados Unidos.