Atrasa la democracia ese plan de “reforma” electoral

El respeto a la democracia y la representatividad debería llevar al gobernador Alejandro García Padilla a pedir a la Asamblea Legislativa la devolución a La Fortaleza de los inconsecuentes proyectos para una supuesta reforma electoral, que no son otra cosa que un esquema de clientelismo político y exclusión participativa.

Una vez devueltos, entonces debería el gobernador -en consenso real con todos los componentes del entorno electoral de la Isla- producir una reforma electoral legítima, absolutamente apartada de señuelos escondidos en la trastienda del bipartidismo y de la ventajería política. No hay que hurgar mucho en el texto de los proyectos –a los que la mayoría popular en la Asamblea Legislativa, tan lenta en la consideración y aprobación de legislaciones vitales para el pueblo, ha dado categoría de prioridad– para advertir el ingrediente del más rancio esquema partidista dirigido a asfixiar a eventuales opciones electorales que no formen parte de la partidocracia.

Con el argumento de que se busca ahorrar unos $6 millones en el gasto público asignado a las campañas de los partidos y sus principales candidatos a puestos electivos, la legislación no hace otra cosa que entregar a los inversionistas políticos -los que invierten, que es distinto a donar-, la llave del cofre donde les esperan anticipadamente las prebendas y los contratos cuando cualquiera de los polos del bipartidismo triunfe en la elección general.

No cuesta trabajo y, por lo contrario, los acontecimientos -incluyendo los numerosos procesos judiciales y las convicciones de importantes figuras públicas y políticas en el pasado lo dejan traslucir- para afirmar que el inversionismo político es la antesala de la corrupción pública. Un panorama que tanta laceración y deshonra ha causado a la fibra moral de nuestro pueblo en general y del sistema electoral en particular.

El plan propone que los partidos emergentes inscritos tengan que aportar $100,000 anuales en un sistema de pareo para obtener $400,000 anuales del fondo electoral para gastos operacionales; en cambio, para recibir en pareo $1 millón en año electoral tendrían que reportar donativos por $250,000. Con ese esquema, los partidos pequeños caerían en una fosa más profunda de desventaja frente a las formaciones políticas grandes y poderosas -y muy atractivas a los ojos de los inversores políticos- para recibir los fondos políticos anuales para sus gastos operacionales, lo que desde luego les resulta en un esfuerzo cuesta arriba no sólo para participar en igualdad de condiciones con los demás partidos, sino incluso para su sobrevivencia.

El efecto real de las enmiendas, que forman parte de la ley para la financiación de las campañas electorales, será obstaculizar la viabilidad de acceso al fondo público electoral.

Por lo demás, indigna escuchar las afirmaciones de líderes políticos y funcionarios a los efectos de que la militancia de los partidos se demuestra a través del apoyo económico que reciben. Se trata de un insulto y un desvío de lo que realmente representa la militancia de todo movimiento político e ideológico: su acceso a todos los medios en igualdad con los partidos de mayores recursos económicos, su libertad sin cortapisas para acceder al apoyo de los electores, sus oportunidades de participación en todo el proceso electoral incluida la Comisión Estatal de Elecciones, convertida hoy en un organismo propiedad de los partidos y no sujeta a las decisiones del pueblo elector. Horroroso es también el intento de crear la figura del subcontralor en la Oficina del Contralor Electoral, con un salario de unos $120,000, similar al del titular, bajo el alegato de que se trata de un ejercicio de “balance político”, cuando no es otra cosa que el empeño de repetir en ese organismo el escenario de ventajería y control partidista que maneja la CEE.

En resumidas cuentas, el gobernador y los legisladores de la mayoría demostrarían compromiso con el juego limpio en la política, desechando esa otra verruga que se pretende insertar en el cuerpo de la democracia puertorriqueña.