El gobernador Alejandro García Padilla dijo esta mañana que se debe aprobar de inmediato el nuevo impuesto al petróleo y sus derivados y aseguró que los consumidores no se afectarán debido a que la tendencia en el precio del combustible es que continúe disminuyendo.
De acuerdo al primer mandatario, “el arbitrio es solo un factor, ni siquiera es el factor principal. La última vez que se aumentó el arbitrio al combustible, la gasolina bajó de precio en bomba. Independientemente de que ese factor en particular aumentó, los demás factores hicieron que bajara. Es lo que está pasando ahora y va a seguir bajando”.
García Padilla sostuvo en entrevista radial en WKAQ 580 que el nuevo impuesto debe aprobarse para aliviar la deuda de más de $2 mil millones que carga la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
“En enero de 2009, le debía al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) alrededor de $80 millones. En enero de 2013, cuando yo comencé como gobernador, le debía $2,211 millones…ese dinero hay que pagarlo”, agregó.
García Padilla reconoció que las deudas son arrastradas por varias administraciones, por lo que no quiso responsabilizar del todo al pasado gobierno. “Nosotros estamos resolviendo problemas que heredamos, trágicos, déficits terribles”, indicó.
En tanto, para el gobernador, las decisiones que está tomando su administración le ganarán credibilidad.
“Vamos a estar allí en la papeleta, dentro de dos años, y vamos a ganar, y la gente va a ver que los estoy diciendo era verdad”, concluyó.
Jennissa Marrero Morales, EL VOCERO
Periodista digital de El Vocero desde julio de 2012. Graduada del Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón.
{Este Asalto Hay que Pararlo, a como de lugar. Creemos en la Democracia y si creemos en ella lo que Preternden los PPD/Chavistas hay que Parar;o Ya. Como sea.}
Editorial
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Editorial de El Nuevo Día |
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10 de noviembre de 2014
Atrasa la democracia ese plan de “reforma” electoral
El respeto a la democracia y la representatividad debería llevar al gobernador Alejandro García Padilla a pedir a la Asamblea Legislativa la devolución a La Fortaleza de los inconsecuentes proyectos para una supuesta reforma electoral, que no son otra cosa que un esquema de clientelismo político y exclusión participativa.
Una vez devueltos, entonces debería el gobernador -en consenso real con todos los componentes del entorno electoral de la Isla- producir una reforma electoral legítima, absolutamente apartada de señuelos escondidos en la trastienda del bipartidismo y de la ventajería política. No hay que hurgar mucho en el texto de los proyectos –a los que la mayoría popular en la Asamblea Legislativa, tan lenta en la consideración y aprobación de legislaciones vitales para el pueblo, ha dado categoría de prioridad– para advertir el ingrediente del más rancio esquema partidista dirigido a asfixiar a eventuales opciones electorales que no formen parte de la partidocracia.
Con el argumento de que se busca ahorrar unos $6 millones en el gasto público asignado a las campañas de los partidos y sus principales candidatos a puestos electivos, la legislación no hace otra cosa que entregar a los inversionistas políticos -los que invierten, que es distinto a donar-, la llave del cofre donde les esperan anticipadamente las prebendas y los contratos cuando cualquiera de los polos del bipartidismo triunfe en la elección general.
No cuesta trabajo y, por lo contrario, los acontecimientos -incluyendo los numerosos procesos judiciales y las convicciones de importantes figuras públicas y políticas en el pasado lo dejan traslucir- para afirmar que el inversionismo político es la antesala de la corrupción pública. Un panorama que tanta laceración y deshonra ha causado a la fibra moral de nuestro pueblo en general y del sistema electoral en particular.
El plan propone que los partidos emergentes inscritos tengan que aportar $100,000 anuales en un sistema de pareo para obtener $400,000 anuales del fondo electoral para gastos operacionales; en cambio, para recibir en pareo $1 millón en año electoral tendrían que reportar donativos por $250,000. Con ese esquema, los partidos pequeños caerían en una fosa más profunda de desventaja frente a las formaciones políticas grandes y poderosas -y muy atractivas a los ojos de los inversores políticos- para recibir los fondos políticos anuales para sus gastos operacionales, lo que desde luego les resulta en un esfuerzo cuesta arriba no sólo para participar en igualdad de condiciones con los demás partidos, sino incluso para su sobrevivencia.
El efecto real de las enmiendas, que forman parte de la ley para la financiación de las campañas electorales, será obstaculizar la viabilidad de acceso al fondo público electoral.
Por lo demás, indigna escuchar las afirmaciones de líderes políticos y funcionarios a los efectos de que la militancia de los partidos se demuestra a través del apoyo económico que reciben. Se trata de un insulto y un desvío de lo que realmente representa la militancia de todo movimiento político e ideológico: su acceso a todos los medios en igualdad con los partidos de mayores recursos económicos, su libertad sin cortapisas para acceder al apoyo de los electores, sus oportunidades de participación en todo el proceso electoral incluida la Comisión Estatal de Elecciones, convertida hoy en un organismo propiedad de los partidos y no sujeta a las decisiones del pueblo elector. Horroroso es también el intento de crear la figura del subcontralor en la Oficina del Contralor Electoral, con un salario de unos $120,000, similar al del titular, bajo el alegato de que se trata de un ejercicio de “balance político”, cuando no es otra cosa que el empeño de repetir en ese organismo el escenario de ventajería y control partidista que maneja la CEE.
En resumidas cuentas, el gobernador y los legisladores de la mayoría demostrarían compromiso con el juego limpio en la política, desechando esa otra verruga que se pretende insertar en el cuerpo de la democracia puertorriqueña.
0 de noviembre de 2014
Atrasa la democracia ese plan de “reforma” electoral
El respeto a la democracia y la representatividad debería llevar al gobernador Alejandro García Padilla a pedir a la Asamblea Legislativa la devolución a La Fortaleza de los inconsecuentes proyectos para una supuesta reforma electoral, que no son otra cosa que un esquema de clientelismo político y exclusión participativa.
Una vez devueltos, entonces debería el gobernador -en consenso real con todos los componentes del entorno electoral de la Isla- producir una reforma electoral legítima, absolutamente apartada de señuelos escondidos en la trastienda del bipartidismo y de la ventajería política. No hay que hurgar mucho en el texto de los proyectos –a los que la mayoría popular en la Asamblea Legislativa, tan lenta en la consideración y aprobación de legislaciones vitales para el pueblo, ha dado categoría de prioridad– para advertir el ingrediente del más rancio esquema partidista dirigido a asfixiar a eventuales opciones electorales que no formen parte de la partidocracia.
Con el argumento de que se busca ahorrar unos $6 millones en el gasto público asignado a las campañas de los partidos y sus principales candidatos a puestos electivos, la legislación no hace otra cosa que entregar a los inversionistas políticos -los que invierten, que es distinto a donar-, la llave del cofre donde les esperan anticipadamente las prebendas y los contratos cuando cualquiera de los polos del bipartidismo triunfe en la elección general.
No cuesta trabajo y, por lo contrario, los acontecimientos -incluyendo los numerosos procesos judiciales y las convicciones de importantes figuras públicas y políticas en el pasado lo dejan traslucir- para afirmar que el inversionismo político es la antesala de la corrupción pública. Un panorama que tanta laceración y deshonra ha causado a la fibra moral de nuestro pueblo en general y del sistema electoral en particular.
El plan propone que los partidos emergentes inscritos tengan que aportar $100,000 anuales en un sistema de pareo para obtener $400,000 anuales del fondo electoral para gastos operacionales; en cambio, para recibir en pareo $1 millón en año electoral tendrían que reportar donativos por $250,000. Con ese esquema, los partidos pequeños caerían en una fosa más profunda de desventaja frente a las formaciones políticas grandes y poderosas -y muy atractivas a los ojos de los inversores políticos- para recibir los fondos políticos anuales para sus gastos operacionales, lo que desde luego les resulta en un esfuerzo cuesta arriba no sólo para participar en igualdad de condiciones con los demás partidos, sino incluso para su sobrevivencia.
El efecto real de las enmiendas, que forman parte de la ley para la financiación de las campañas electorales, será obstaculizar la viabilidad de acceso al fondo público electoral.
Por lo demás, indigna escuchar las afirmaciones de líderes políticos y funcionarios a los efectos de que la militancia de los partidos se demuestra a través del apoyo económico que reciben. Se trata de un insulto y un desvío de lo que realmente representa la militancia de todo movimiento político e ideológico: su acceso a todos los medios en igualdad con los partidos de mayores recursos económicos, su libertad sin cortapisas para acceder al apoyo de los electores, sus oportunidades de participación en todo el proceso electoral incluida la Comisión Estatal de Elecciones, convertida hoy en un organismo propiedad de los partidos y no sujeta a las decisiones del pueblo elector. Horroroso es también el intento de crear la figura del subcontralor en la Oficina del Contralor Electoral, con un salario de unos $120,000, similar al del titular, bajo el alegato de que se trata de un ejercicio de “balance político”, cuando no es otra cosa que el empeño de repetir en ese organismo el escenario de ventajería y control partidista que maneja la CEE.
En resumidas cuentas, el gobernador y los legisladores de la mayoría demostrarían compromiso con el juego limpio en la política, desechando esa otra verruga que se pretende insertar en el cuerpo de la democracia puertorriqueña.
Presenta alternativa para descartar impuesto al petróleo
El expresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, presentó esta mañana una alternativa para evitar la aprobación de un nuevo impuesto al petróleo que busca aliviar la deuda millonaria de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
Ferrer indicó que se debería evaluar la creación de nuevas Alianzas Público Privadas (APP) para reducir la deuda de más de $2 mil millones que tiene la corporación pública.
El exlegislador recomendó en entrevista radial con Noti Uno 630, “un proceso de APP con la Ruta 66. Ya existe una APP Metropistas con la ruta del expreso hacia Arecibo. Esto ayudaría a recolectar dinero inmediatamente dentro de un concesionario, ese dinero lo pueden utilizar, inmediatamente, para llevarle dinero a las arcas de la ACT. A su vez, podrías establecer unos pagos mensuales que sustituirían el ingreso de la ACT, y claro, tendrías que hacer una Alianza Público Privada”.
De otro lado, de acuerdo al abogado, la aprobación de este impuesto le costaría las próximas elecciones al PPD.
“Coincido con los legisladores del Partido Popular Democrático que están en contra del impuesto, que creo sería nefasto para el proceso de la economía del País y también sería adverso a la administración en este momento”, manifestó.
Asimismo, agregó que “un impuesto adicional sería nefasto para el partido y para la administración…políticamente, es entregarle a la oposición un elemento adicional de mucho valor y mucho peso para una campaña política”.
Ferrer prefirió no dar una calificación al desempeño de la presente administración en el manejo de los asuntos económicos, pues “trato se ser lo mayor objetivo posible y analizar lo que veo y decir lo que veo y lo que siento. Yo no doy nota”.
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