Puerto Rico no logra salir del atolladero fiscal, mientras los ‘intocables’ viven como realeza sobre las espaldas del Pueblo a costa de impuestos. A pesar de la integridad de algunas(os) servidores públicos, en términos generales las tres Ramas del Poder están al servicio de perpetuar la oligarquía política, motivados por la avaricia; esquilmando lo que ya no queda en las arcas públicas para beneficio propio y su “círculo cerrado”. Caminan al filo de la ley, tambaleándose sobre un pie, mientras el otro tantea hasta dónde podrán desviar la atención para ocultar sus malos pasos.

Debemos examinar bajo la lupa al liderato de las tres Ramas del Poder; aprendiendo de los errores del pasado. El Senado de Puerto Rico, investigó la alegada participación, si alguna, del ex-gobernador Carlos Romero Barceló (PNP) por el asesinato en 1978 de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla. El Departamento de Justicia tocó a las puertas de los tribunales criminalizando, sin éxito, al ex-gobernador Pedro Rosselló González (PNP) en torno a su pensión (2007).

La Cámara de Representantes con paños tibios investigó el programa emblemático de Comunidades Especiales de la ex-gobernadora Sila María Calderón (PPD). El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá (PPD) por alegada corrupción fue el primer gobernante en ser procesado criminalmente y absuelto en la esfera federal (2009). Presidentes legislativos como José Ronaldo Jarabo (PPD) y Edison Misla Aldarondo (PNP) enfrentaron su día en corte. En el caso de Jarabo, la jueza Sylvia Ricard le tiró el ‘toallazo’ de su vida (1992); mientras Edison Misla Aldarondo fue convicto por abuso sexual (2003). El cuatrienio pasado, el Senado de Puerto Rico investigó al Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), Federico Hernández Denton. Por su parte, el juez asociado retirado Carlos Irizarry Yunqué al día de hoy ha sido protegido de una investigación en torno al posible asesinato de su esposa Georgina Ortiz (2010); habiéndose desviado la investigación hacia una empleado doméstica absuelta en el Tribunal.

Aunque con rara excepción, éstas investigaciones no rindieron frutos para el encausamiento criminal, marcaron huellas en la conciencia colectiva. Dependiendo del espectro partidista, el debate sobre si las investigaciones eran “persecución política” o fiscalización, no se hizo esperar. Sin embargo, la lección más importante es que su armadura política no los exime de tener que rendir cuentas, a pesar de que en su cofradía fraternal dejan sus diferencias a un lado, cuando de proteger sus privilegios se trata.

El país quedó estupefacto ante la hermandad repentina entre los archi-enemigos políticos, Rafael Hernández Colón (PPD) y Carlos Romero Barceló (PNP) para proteger ante el TSPR su ‘derecho adquirido’ del costo de mantener sus escoltas; a pesar del abismo fiscal que ya se asomaba. A principios de este año, el cónclave de jueces asociados del TSPR se unieron en una sola voz ante la amenaza de ajustarles sus pensiones a la realidad que habían avalado para los demás servidores públicos; escondiendo el entuerto que su sistema de retiro había trastocado el fideicomiso del sistema de retiro de los empleados públicos a nivel central para pagar las pensiones de la judicatura.

Ante el abismo fiscal del Estado, el tracto en el manejo de las finanzas del ex–presidente del TSPR José Andreu García cobra vigencia por sus repercusiones hoy día. Al cierre de su mandato constitucional en el 2003, el entonces presidente cuadró el porvenir suyo y de su grupo selecto amarrando su nudo gordiano. Logró se legislara la autonomía fiscal para la Rama Judicial, y que se aumentara su salario a $125,000 anuales en preparación para su retiro con una pensión de 100% salarial; abriendo camino a los que vendrían detrás. De paso cuadró el destino financiero millonario por décadas a varias corporaciones con la construcción de nuevos edificios para la Oficina de Administración de Tribunales, Tribunal Apelativo, entre otros.

En su derroche millonario con fondos públicos cruzó la raya de la prudencia al otorgarle una dispensa a la jueza Georgina Dávila Altieri como accionista de Desarrollo Dos Hermanos Inc., para la construcción y arrendamiento del Tribunal de Familia y Menores en Bayamón. Posteriormente, la entonces presidenta del TSPR, Miriam Naveira, cedió a un entuerto vergonzoso permitiendo que una tercera corporación, Vicar, comprara los derechos al desarrollo de dicho proyecto, escudando que la jueza Dávila Altieri se pudiese beneficiar de dicho esquema.

Al caminar la cuerda floja entre la legalidad y la inmoralidad, funcionarios de alto calibre resbalaron por su codicia desmedida. Estos entuertos hay que revertirlos ajustándose a la falta de fondos públicos y fijando responsabilidades. ¡Se acabó la ‘dolce vita’!

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.