Terminadas las elecciones legislativas, en un país en que hay procesos electorales nacionales cada dos años, Estados Unidos mira hacia las presidenciales de 2016.

No hay oficialmente ningún precandidato.

Pero, entre los demócratas – aunque casi lo mismo se pensó en 2008  y Barack Obama hizo a muchos quedar mal– Hillary Clinton es percibida como la candidata inevitable y es imposible mirar a los posibles precandidatos republicanos sin pensar en Jeb Bush.

La exsecretaria de Estado es la gran favorita para ser candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2016. Pero, desde el sector liberal hay esfuerzos para reclutar a la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts) o al senador Bernie Sanders (Vermont).  Tampoco se descarta una aspiración del vicepresidente Joseph Biden.

De esos tres, Warren parece ser quien más entusiasmo levanta entre el sector liberal demócrata. Sanders tendrá que decidir primero si quiere aspirar a ser presidente de Estados Unidos y segundo si lo haría como lo que ha sido en el Senado, un independiente, o como demócrata.

Jeb Bush, dos veces gobernador de Florida, y el gobernador de Ohio, John Kasich, son dos posibles precandidatos presidenciales republicanos moderados, que pueden estar entre los más atractivos del GOP para una elección general, pero se prevé tengan dificultades para ser aceptados por los más conservadores de su partido.

En San Juan, Roberto Prats y Kenneth McCllintock deben estar ordenando el listado de teléfonos para cumplir con los grandes eventos de recaudación de fondos que le van a tener que hacer a Clinton, en momentos en que reunir contribuciones políticas se hace cada vez más pesado en una economía tan debilitada como la de la Isla.

A la también exprimera dama, no obstante, se le debe hacer muy fácil organizar su campaña en la Isla.

En junio de 2008 le dio una pela al ahora presidente Obama, al ganarle las primarias 2 a 1, a pesar de que sus posibilidades reales de obtener la candidatura presidencial demócrata estaban disminuidas.

Además, puede copiar en gran medida su agenda de hace seis años, pues su objetivo principal es mantener unidas las fuerzas políticas populares y penepés que se han identificado con ella.

Durante la campaña de 2008, Clinton  propuso que todo ciudadano de Estados Unidos tenga derecho al voto por el presidente estadounidense no importa donde resida. Para ello se requiere una enmienda a la Constitución. Fácil proponerlo, complicadísimo alcanzarlo.

Reconozca o no que le señaló en 2006 a Aníbal Acevedo Vilá – como dice el exgobernador-, que el poder del Congreso es tan amplio que puede remover de su puesto al gobernador de Puerto Rico, Clinton tendrá que precisar en una próxima campaña cómo entendió los resultados del plebiscito de 2012. Y lo deberá hacer sin espantar aliados.

En su documento de campaña publicado en marzo de 2008, ésta fue su declaración sobre status: “Hillary permitirá que la crucial pregunta del status de Puerto Rico sea resuelta. Desde que Estados Unidos tomó a Puerto Rico de las manos de España en 1898, todos los líderes puertorriqueños han querido una forma de gobierno que permita que las leyes nacionales de Puerto Rico sean determinadas e implementadas de manera democrática, aunque han tenido algunos desacuerdos con respecto a las opciones. El asunto es uno básico que se refiere a la democracia y a la libre determinación. Toda la gente tiene derecho a formas de gobierno representativas en todos los niveles. Hillary también cree fuertemente que Puerto Rico debería de tener el status que desee la mayoría dentro de todas las opciones disponibles. Como Presidenta, desde el primer día, será para ella una prioridad personal el trabajar con todas las facciones – personas que abogan por el estatus actual del  Estado Libre Asociado, la  Estadidad, la Independencia, o por soberanía nacional en libre asociación con Estados Unidos —  y con líderes dentro del Congreso – y sin ninguna preferencia entre las opciones –  para permitir que la pregunta concerniente al estatus de Puerto Rico finalmente sea resuelta. Ella enfatizará su compromiso hablando ante al Congreso – y posibilitará la resolución del asunto durante su primer término”.

En el caso de Jeb Bush – lo daba a entender aquí el lector Guillermo González -, difícilmente un posible aspirante a la candidatura presidencial republicana esté más familiarizado con el debate de status que él. Su padre respaldó la idea de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de Estados Unidos y su hermano autenticó el informe del Grupo de Trabajo que mantuvo que el Congreso, si quiere, puede tranquilamente regalarle la Isla a otro país.

El problema con los republicanos, como se sabe, no han sido tanto los aspirantes a la presidencia – con los que los políticos de la Isla suelen llegar a entendidos en torno a lenguajes aceptables para ambas partes- , sino lo poco que hacen para convencer a sus miembros del Congreso en torno a cómo encaminar la libre determinación y descolonización de Puerto Rico.

Bush ha estado dispuesto antes a enfrentarse a los más conservadores, con claras expresiones a favor de una reforma de las leyes de inmigración que le normalice la vida a los indocumentados.

Si Bush no es candidato, la estructura de los republicanos de la Isla  – aunque promueva que sus militantes planten bandera en diferentes campañas -,  quizá navegue principalmente hacia el senador Marco Rubio, quien ha parecido retomar su respaldo al proyecto de reforma de las leyes de inmigración que él coauspició y el Senado aprobó en 2013.

A diferencia de Jeb Bush, Rubio es cercano a grupos del Tea Party. Pero,  después de afirmar antes del plebiscito de 2012  que para impulsar el debate de status se requería “un consenso amplio”, no  ha querido tocar públicamente el tema ni con una vara larga.