El mal llamado proyecto de “reforma electoral”—que al cierre de esta edición el Senado estaba a punto de aprobar—es un grave error del cual, si finalmente se aprueba, nos vamos a arrepentir.

Peor que un error, es una charada en la cual cada uno dice una cosa cuando en realidad quiere decir otra, creando animosidad entre adversarios en lugar de consenso entre pares.

La mayoría PPD dice que es necesario retrasar la fecha de las primarias para acortar la campaña y así ahorrar dinero. ¿Ahorrar dinero? ¿En serio? Viniendo del gobierno que está cogiendo prestado a la usurera tasa de 8%, que está abriendo inconsecuentes y costosas oficinas comerciales en Colombia y Perú, y que está derrochando chavos en unos juegos centroamericanos que no podemos pagar, la verdad que decir que necesitan retrasar la primaria para ahorrarse $10 millones suena peor que un chiste malo.

Se le falta a la verdad. Lo que buscan es ponérsela más difícil al PNP, que en toda probabilidad tendrá una primaria para la gobernación, y ahora tendrá menos tiempo para organizarse entre la primaria y la elección.
El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ángel Rosa, dice que las nuevas reglas que requerirán a los partidos “emergentes” (como el PRP, el MUS y el PPT en las pasadas elecciones) levantar fondos propios a fin de acceder al fondo electoral buscan asegurar que no se malgastan fondos públicos respaldando “movimientos políticos artificiales”. ¿En serio? ¿No es precisamente para eso que existe el requisito de firmas para poder inscribir un partido?

Se le falta a la verdad. Lo que buscan es ponérsela más difícil a los políticos “emergentes” que usualmente se nutren de votos populares y pipiolos. Y aunque sean pocos, en una elección cerrada cada voto puede hacer la diferencia.

Pero la actitud oportunista del PIP deja mucho que decir. Ese autoproclamado baluarte de la democracia, paladín de las causas minoritarias y defensor histórico de los carpeteados —allanándose a tamaño atropello contra las minorías políticas emergentes por puro interés electorero y monetario. A ver… debe ser que en esto de seguir chupando del fondo electoral, el PIP es—nadie se ofenda—igualitito a todos los demás.

El proyecto de la mayoría también busca legitimar mediante ley los controversiales “pivazos”— reconociendo el voto por un candidato a gobernador de un partido por encima del voto íntegro bajo la insignia de otro partido—que en la cerrada elección del 2004 requirieron una decisión de un Tribunal Supremo, de diferente composición al actual, para darle la victoria a Aníbal Acevedo Vilá. Esa enmienda es particularmente peligrosa porque invita al fraude en el colegio electoral. Y la intención es clara: evitar que el asunto tenga que decidirse nuevamente en el Tribunal Supremo que es probable que tenga una opinión distinta a la que tuvo en el 2004.

La creación de un sub contralor electoral es un absurdo. Y la justificación de que es para darle “balance ideológico” a la Oficina del Contralor Electoral es un insulto, pues con ello, la mayoría PPD—que no nombró al actual Contralor—manda un nefasto mensaje que en el mejor de los casos quiere decir “queremos tener nuestra propia batata” o en el peor “exigimos tener nuestro propio lugarteniente político”.

Lo dijimos hace dos semanas y debemos repetirlo: la esperanza que cifra nuestro Pueblo en el proceso electoral es demasiado importante como para que caiga víctima de la prepotencia y el revanchismo que siguen amenazando con prostituir nuestro proceso político.

Esta “reforma electoral” nos hace cruzar unos límites que luego no podremos restablecer. No solo resultará de manera inmediata en un aluvión de pleitos, sino que propenderá una espiral de revanchismo que sólo acabará menoscabando la confianza del Pueblo en su sistema electoral.
De esta nos vamos a arrepentir.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.