Del Informe Sobre la Deforma Contributiva de AGaPito – Una de las razones para tratar de esconderlo
El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, informó hoy, que para reestructurar el Departamento de Hacienda no se necesita implantar en Puerto Rico el Impuesto de Valor Añadido (IVA), una nueva reforma contributiva, ni otro mecanismo que lleve dinero al gobierno y afecte el bolsillo del consumidor.
“Hay que reformar Hacienda. Hay que reestructurar Hacienda. Hay que dotar a Hacienda de mejores recursos para que hagan un mejor trabajo de fiscalización, y para que mejore los recaudos o su esfuerzo de recaudos”, manifestó Pierluisi, durante una conferencia de prensa celebrada en la sede del PNP.
El también comisionado residente en Washington, arremetió contra el Partido Popular Democrático (PPD) e insistió que en la Isla se debe tomar más en cuenta al sector privado, las organizaciones sin fines de lucro, las cooperativas y eliminar la Patente Nacional, para mejorar la situación económica del país sin perturbar la estabilidad económica del pueblo y sin cambiar el sistema contributivo.
“No hay que cambiar todo nuestro sistema contributivo cuando estamos en medio de esta crisis económica. El sistema que proponen es más complicado, más costoso y lo que va hacer es sacarle más dinero a nuestro pueblo y a los negocios que generan empleos en Puerto Rico”, dijo Pierluisi.
Y es que para el aspirante por la gobernación de Puerto Rico, el IVA y la reforma contributiva son dos enfoques equivocados.
“La cosa no va a mejorar sacándole más dinero a nuestro pueblo. Sacándole más dinero a nuestra clase trabajadora. Sacándole mas dinero a los negocios que generan empleos en Puerto Rico. Ese enfoque esta equivocado”, enfatizó Pierluisi.
Además, añadió que “es una medida equivocada. El enfoque de esta administración es meramente a llegarle más dinero al gobierno y pierden de vista que tenemos una economía estancada. Llevamos 24 meses consecutivos con el índice de la actividad económica decayendo y la economía no va a fortalecerse si se toman medidas equivocadas o aumentando los recaudos con nuevos impuestos”.
Sin embargo, aseguró que hay que mejorar la captación de las contribuciones y los impuestos que ya tenemos en nuestro sistema para tener mejores recaudos.
Por lo cual, consideró inicuo el informe de KPMG, que garantiza una captación de 75 por ciento con los recaudos de un IVA de 16 por ciento que alcanzarían unos $6,665 millones excluyendo solamente los servicios financieros, vivienda residencial, servicios hoteleros y otros servicios esenciales.
De otro lado, Pierluisi opinó que el gobierno esta pendiente a un proyecto ambicioso en vez de enfocarse en el sector privado.
“Deben enfocarse en el sector privado. Ayudar al sector privado. Para que las agencias sin fines de lucro y las que tienen fines de lucro, las cooperativas comiencen a generar empleos. Es ahí que donde esta la solución a los problemas de Puerto Rico”, aseguró Pierluisi.
En cuanto al estatus de la Isla, indicó que están claros, ya que han presentado el proyecto ambicioso mas específico que se ha presentado en el Congreso “a favor de derechos de los puertorriqueños y a favor de la estadidad”.
“Ese proyecto es una herramienta de muchas que tenemos para lograr nuestra causa y nuestro ideal. Cada congresista que se une al proyecto esta dándole un endoso a la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en un estado”, indicó.
En momentos en que Puerto Rico esta en crisis económica y fiscal, el comisionado residente considera que el PNP se ha dado cuenta de la obligación por no hacer lo mismo porque el estatus en que la Isla se encuentra “no da más”.
“La solución a los problemas de Puerto Rico no esta en inventarnos una nueva contribución o un nuevo incentivo contributivo”, subrayó.
Asimismo, aseveró que Puerto Rico debe mirar hacia el estatus y buscar la posibilidad de votar por el nuevo presidente para que todos los candidatos por la presidencia de los Estados Unidos hagan planes con nosotros.
“De eso es lo que se trata la estadidad de igualdad. Y sería la mejor plataforma para desarrollar a Puerto Rico porque recibiríamos trato igual en todos los servicios”, sentenció Pierluisi.
Inconstitucional la quiebra criolla
(Historia en progreso)
La controvertible Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, mejor conocida como “la quiebra criolla” fue declarada inconstitucional por el juez federal Francisco A. Besosa, decisión que coloca al gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) en una posición en extremo difícil.
La situación se agrava para la administración del gobernador Alejandro García Padilla, que aprobó la ley en junio de 2014, y se encuentra en un proceso de negociación con los bonistas y bancos prestatarios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para extender el plazo acordado para cumplir con las obligaciones retrasadas y encarrilar la reorganización de la corporación pública.
En una decisión de 75 páginas, el juez Besosa, del Tribunal de Distrito federal en San Juan, determinó que la mencionada ley “es invalidada por el código de quiebras federal y, por tanto, es nula de conformidad con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”. (Vean la decisión aquí: http://es.scribd.com/doc/254973038/Franklin-Blue-Mountain-Opinion-and-Order#scribd )
El secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, adelantó que tomarán otras medidas. “Vamos a revisar todos los parámetros de la decisión emitida en la noche de hoy por el juez Francisco Besosa. A su debido tiempo y luego del examen de rigor, habremos de determinar el curso de acción”, sostuvo Miranda.
Añadió que “una decisión responsable sobre el particular requiere la evaluación correspondiente por parte de la Procuradora General y de los abogados que intervinieron en la defensa original del Estado Libre Asociado ante el tribunal federal para el distrito de Puerto Rico”.
La firma de la ley provocó la alarma en el mercado municipal de bonos en Nueva York, principalmente entre los bonistas del ELA y las principales corporaciones públicas, y esto llevó a las firmas de inversiones Blue Mountain Capital Management LLC y Franklin California Tax Free Trust, hasta el tribunal. Llevaron el caso por entender que la ley contravenía al estatuto federal.
Del total de la deuda de la AEE, estimada en más de $9,000 millones, las firmas demandantes tienen alrededor de $2,000 millones en conjunto. Además de bonistas, también se cuentan líneas de crédito con bancos.
Esta ley fue parte de la estrategia del equipo económico del gobierno para ejercer presión sobre sus acreedores y conseguir que accedieran a firmar un acuerdo para retrasar los pagos pendientes en lo que manejaban su situación financiera. Tras esto se contrató, por recomendación de los bonistas firmantes del acuerdo, a la oficial de reestructuración Lisa Donahue, para encarrilar el proceso.
En diciembre pasado, Donahue confirmó que solicitó a los bonistas cambiar el plan de negocios de cinco a 10 años y recientemente trascendió que los términos a cumplir en marzo podrían extenderse otros tres meses si así lo aceptaban los bonistas.
Cuando se aprobó la ley que permite a las corporaciones reorganizarse en una especie de quiebra criolla, ya que no existía esa posibilidad antes y la ley federal de bancarrota no las cubría, las casas acreditadoras y analistas del mercado han sido consistentes en que era preocupante ante la posibilidad de que el gobierno la invocara y se llegara al impago.
En su demanda, las firmas de inversores sostenían que los ordenamientos legales aprobados por el gobierno del ELA violaban la Constitución de Estados Unidos, en perjuicio de los bonistas y otros acreedores.
Cuestionaban que la ley allanaba el camino para hacer que los bonistas se sientan obligados a recibir pagos parciales si otros acreedores lo pactaban. Eso precisamente ocurrió con el acuerdo firmado por una mayoría de bonistas y que permitió el proceso de reorganización fuera de la quiebra y que está por verse.
Reacciona Pierluisi
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien ha presentado un proyecto en el Congreso para que se incluya a Puerto Rico en una cláusula de la ley federal de quiebras para las entidades públicas del ELA, se expresó sobre la decisión del juez Besosa.
“Como dije desde que se radicó sorpresivamente la ley de quiebra criolla, la restructuración del pago de deudas en Estados Unidos es un asunto federal que sólo puede atenderse de acuerdo a la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Más aún, tan pronto se aprobó atropelladamente esa ley, radiqué un proyecto ante el Congreso para que Puerto Rico tenga acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal y nuestras corporaciones públicas puedan reestructurar el pago de sus deudas en caso de que caigan en un estado de insolvencia. Continuaré propulsando el proyecto hasta lograr su aprobación por el bien de Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi.
Para la legisladora del opositor Partido Nuevo Progresista, Jenniffer González, la decisión judicial es “un golpe a la credibilidad del gobierno”. “La aprobación de la llamada Ley de Quiebra Criolla, a toda prisa, sin debate ni análisis, costó que degradaran por segunda vez en cuestión de meses la calificación crediticia de la deuda de Puerto Rico. Este es otro golpe a la credibilidad del gobierno”, reaccionó la portavoz de la minoría del PNP en la Cámara de Representantes. “Esta quiebra que ha radicado el gobierno para las corporaciones públicas es otra muestra de la improvisación en términos del manejo de la situación económica y la falta de un plan de desarrollo para el pueblo de Puerto Rico en los últimos 18 meses”.
En la ley de quiebra criolla no se incluyó que abarcara a todas las corporaciones públicas, y dejó fuera de su alcance la deuda de los bonos de obligaciones generales (GO’s) que son garantizados constitucionalmente por el ELA, y otras entidades públicas. Se excluyó a los municipios, el Banco Gubernamental de Fomento, sus subsidiarias, afiliadas y entidades adscritas, el Fideicomiso de los Niños, la Administración de los Sistemas de Retiro, el Sistema de Retiro de la Judicatura, la Agencia de Financiamiento Municipal, la Corporación de Financiamiento Municipal, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental (AFICA), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), el Sistema de Retiro para Maestros y la Universidad de Puerto Rico.
(La periodista Stephanie Gómez contribuyó con esta historia)
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
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