Representantes de fondos de cobertura (hedge fund) realizarán una nueva ronda de visitas esta semana a los principales líderes del Senado y la Cámara para cabildear por cambios a la crudita y hacer más viable su participación en la emisión pendiente de $2,000 millones para darle liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
La nueva visita surge en medio de la “incertidumbre” y la “ansiedad” en los mercados de inversión, tras el fallo del juez federal Francisco A. Besosa, que declaró inconstitucional la llamada ley de “quiebra criolla”, que en 2014 provocó desconfianza y nuevas degradaciones sobre el crédito de Puerto Rico.
Aunque el fallo benefició la posición de fondos que impugnaron la ley por entenderla inconstitucional y que iba en contra de los acuerdos contractuales de los bonistas; con la emisión pendiente y enmarcada en la expectativa de un impago del gobierno debido a su falta de liquidez, está en juego la viabilidad financiera de la Isla.
Según fuentes de EL VOCERO, los representantes de los llamados “fondos buitre” buscarán que se toque otra vez la ley del arbitrio sobre el crudo y sus derivados, que viabiliza la nueva venta de bonos. En específico, plantearán cambios en el tope de 8.5% en rendimientos y que se elimine la restricción de descuentos no menores a 93%.
Mientras eso ocurre, la jornada de reuniones ayer, tanto en Fortaleza con el equipo económico del gobierno, así como en firmas de inversión con bonos del ELA en Nueva York y otras ciudades, se extendieron durante el día en busca de estrategias para enfrentar el cuadro financiero de la Isla tras la orden del juez Besosa.
“Todo el mundo está a la mesa hoy (ayer) en reuniones y la pregunta es la misma…, qué vamos a hacer con esta situación”, expresó la fuente con vínculos directos a firmas de inversión.
“Son muchas cosas que ocurren a la vez y todavía no se ha digerido todo esto. En este momento se perfila el ambiente para la inclusión del ELA en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras, pero falta la voluntad de los dirigentes en la Isla, para que así pueda darse las reglas para una reestructuración y que en este momento no existen. Eso es lo que tiene a todos con la incertidumbre y es como un limbo”, añadió la fuente.
La principal oficial financiera del gobierno y presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, estuvo reunida desde las 9:00 de la mañana en Fortaleza hasta entrada la noche y finalmente emitió declaraciones escritas. “Vemos la decisión del tribunal como un contratiempo transitorio y buscaremos todos los remedios disponibles para continuar trabajando en el mejor interés de todas las partes involucradas y del interés público. La Administración continúa atendiendo sistemáticamente los desafíos de corto y mediano plazo, lo cual ha logrado resultados apreciables”, expresó Acosta Febo.
Para la firma Municipal Market Advisors (MMA), la estocada a la quiebra criolla hace cada vez más probable una reestructuración desordenada a menos que el Congreso se mueva para extender el Capítulo 9 a las corporaciones públicas del ELA, indicó Robert Donahue, analista y director gerencial de MMA.
Según Donahue, la decisión tiene el efecto de colocar sobre la mesa a todas las deudas de Puerto Rico, entre estas los bonos de obligaciones generales (GO’s) para una reestructuración. Indicó que el ELA podría reclamar poderes de emergencia para proteger activos clave, específicamente al BGF, entre otras cosas, ante los próximos pagos pendientes para junio por $437 millones en notas.
Sobre la emisión pendiente, analizó que se trata de “un intento inútil, mal aconsejado, que agrava la carga de la deuda insostenible de Puerto Rico”. Planteó que debido a la incapacidad del BGF para subsidiar el déficit, se enfrenta la amenaza de las corporaciones del estado para garantizar la seguridad pública y los servicios esenciales.
Mientras, la estrategia de un Impuesto al Valor Añadido (IVA) para mejorar los ingresos “es poco probable que se mantenga durante años” y es otro capítulo que puede mantener a los bonistas reacios, expresó el analista con base en Massachusetts.
Además, dijo que la cercanía de los términos a marzo para el plan de acuerdos con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es otra presión y los esfuerzos de la oficial de reestructuración podrían resultar “castrados”.
El economista Elías Gutiérrez, por su parte, opinó que “el tribunal federal ejerció su función primaria de velar porque las leyes cubran por igual a todos los ciudadanos sin importar el territorio en que se encuentren”. Reconoció que la quiebra criolla menoscaba propiedad, derecho y riquezas a los que prestaron su capital a la AEE y “era dañina” con respecto a los bonistas individuales que tenían poca cantidad de bonos”.
La reportera Ileanexis Vera Rosado contribuyó con esta historia
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